El proyecto Vicuña recibió la visita de los embajadores Sarah Roberts (Australia) y Stewart Wheeler (Canadá), quienes recorrieron el campamento, conocieron el trabajo que se realiza en terreno y mantuvieron un espacio de diálogo con el equipo técnico y directivo.

Durante la jornada, los diplomáticos pudieron interiorizarse sobre los avances del proyecto y sobre el potencial que tiene San Juan en el desarrollo de minerales críticos, un sector estratégico para la transición energética global.

El encuentro permitió intercambiar experiencias, visiones y perspectivas sobre el rol que la provincia puede desempeñar en la cadena de suministro internacional.

Desde Vicuña destacaron que la visita representa una oportunidad para fortalecer vínculos con países que poseen una larga trayectoria en minería moderna y responsable. Además, remarcaron que la presencia de representantes diplomáticos reafirma el interés internacional por el desarrollo minero sanjuanino y por los estándares de trabajo que se aplican en el proyecto.

La jornada concluyó con una reflexión compartida sobre la importancia de seguir construyendo puentes con el mundo, mostrando desde adentro el trabajo que impulsa nuevas oportunidades para la provincia y para las comunidades vinculadas al desarrollo minero.

El Gobierno de San Juan profundizó el proceso de diálogo territorial en torno al proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca garantizar que la inversión minera genere un impacto directo y verificable en el empleo, los proveedores y el desarrollo de los departamentos donde se asientan los proyectos.

Funcionarios de los ministerios de Minería y Producción presentaron los lineamientos de la propuesta ante proveedores, emprendedores y actores institucionales de Jáchal, cuyo encuentro se realizó en la Asociación de Productores de Jáchal. La jornada abrió una instancia de participación previa al debate legislativo, con el objetivo de recoger aportes de quienes conocen de primera mano la dinámica económica y social de los territorios mineros.

El proyecto, compuesto por 23 artículos, propone un esquema de metas progresivas que deberán ser acordadas entre las empresas operadoras y la autoridad de aplicación. La intención es que el crecimiento del sector se traduzca en oportunidades concretas para proveedores locales, trabajadores y comunidades, fortaleciendo el entramado productivo de Iglesia, Jáchal y Calingasta.

Durante las presentaciones, los equipos técnicos explicaron que la iniciativa se enmarca en la política de Estado que impulsa el gobierno provincial, orientada a consolidar una minería que genere desarrollo local verificable, con reglas claras y previsibilidad para las inversiones.

Los proveedores plantearon inquietudes y realizaron aportes vinculados a la competitividad, la certificación de servicios, la logística, la articulación con el Estado y la necesidad de fortalecer capacidades locales para responder a la demanda de las grandes operaciones.

Las autoridades destacaron que este proceso de escucha es clave para ajustar la normativa antes de su tratamiento en la Legislatura, y remarcaron que la ley busca equilibrar dos objetivos, promover inversiones de gran escala y garantizar que los beneficios se distribuyan territorialmente.

Con estas reuniones, el Gobierno provincial avanza en un esquema de participación que busca que la futura Ley de Desarrollo Local Minero refleje las necesidades reales de los departamentos mineros y contribuya a un modelo de crecimiento más equitativo y sostenible.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fijó para el 3 de junio de 2026 la audiencia pública en la que se analizará el pedido del proyecto minero Vicuña para acceder a la red eléctrica de San Juan.

La convocatoria fue oficializada a través del Boletín Oficial y se realizará de manera virtual, permitiendo la participación de todos los actores interesados.

La instancia forma parte del proceso administrativo iniciado tras la solicitud de la empresa para utilizar y ampliar la capacidad de transporte del sistema eléctrico provincial, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de los grandes proyectos de cobre en la cordillera sanjuanina.

El eje del debate será el acceso a la línea de alta tensión Nueva San Juan–Rodeo, donde Vicuña busca asegurarse una porción mayoritaria de la capacidad disponible para abastecer su primera etapa operativa, que demandaría alrededor de 260 megavatios.

Desde su presentación, el pedido generó controversias entre organismos provinciales, municipios y otras compañías mineras, que cuestionaron la posibilidad de que una sola empresa concentre el uso de una infraestructura clave para el desarrollo energético y productivo de toda la región.

En este contexto, la audiencia pública se presenta como una instancia decisiva para definir cómo se distribuirá el acceso a la energía, un recurso crítico para la expansión de la minería en San Juan y para la planificación energética provincial. Además de los aspectos técnicos, el debate incluirá el rol del Estado en la administración de la capacidad disponible y el impacto que la decisión tendrá sobre la competitividad de los proyectos mineros en carpeta.