El Gobierno de San Juan conmemorará el Día de la Independencia con gala y actos protocolares, sin desfile cívico-militar. Habrá homenaje y tedeum el 9 de julio.

El Gobierno de San Juan dio a conocer la agenda oficial para conmemorar el 210º aniversario del Día de la Independencia, celebración que este año, al igual que en 2025, no incluirá el tradicional desfile cívico-militar. Desde Casa de Gobierno explicaron que la decisión responde a dos factores: los alumnos ya se encuentran en vacaciones de invierno y se busca no alterar su descanso, además de las bajas temperaturas previstas para la fecha.

La programación comenzará el miércoles 8 de julio con la Gala del 9 de Julio en el Teatro del Bicentenario, donde se presentará la obra El Grito Sagrado. La propuesta artística tendrá una duración aproximada de 50 minutos y contará con dos funciones: una el 8 de julio y otra el mismo 9 de julio, ambas a las 20:30.

Para el jueves 9 de julio, el Gobierno organizó los actos protocolares tradicionales. A las 10:45 está previsto el arribo del gobernador Marcelo Orrego, la presentación del jefe de Tropas, la revista y los saludos oficiales. Cinco minutos después, a las 10:50, se realizará la colocación de ofrendas de laureles en homenaje al ilustre dominico Fray Justo Santa María de Oro, en la Plaza 25 de Mayo. Finalmente, a las 11:00, se celebrará el tedeum en la Iglesia Catedral, oficiado por el obispo de San Juan, Jorge Lozano.

Con esta grilla, el Gobierno provincial apuesta nuevamente por una conmemoración centrada en la reflexión histórica, la actividad cultural y los actos protocolares, evitando el despliegue del desfile cívico-militar en un contexto de receso escolar y condiciones climáticas adversas.

San Juan buscará US$ 600 millones en mercados internacionales tras el aval nacional para emitir bonos. Orrego detalló obras, financiamiento y desarrollo minero.

El gobernador Marcelo Orrego brindó definiciones clave sobre el proceso de colocación de bonos que la provincia utilizará para financiar obra pública, y confirmó que el Gobierno nacional otorgó el aval necesario para avanzar con la emisión. El mandatario explicó que San Juan ya cumplió con la etapa legislativa y obtuvo la autorización prevista, por lo que en breve iniciará la búsqueda de fondos en los mercados internacionales.

Orrego detalló que la colocación de títulos se realizará junto al Ministerio de Economía y miembros del equipo económico provincial. La comitiva participará del Consejo de las Américas, instancia en la que expondrá el potencial económico de San Juan ante fondos de inversión de la bolsa de Nueva York y otros mercados estratégicos como Londres. “Tendremos la oportunidad de poner todo nuestro capital en lo que es el JP Morgan y en los distintos fondos que hay no solo en el mercado de Nueva York, sino también en otros mercados internacionales como Londres”, afirmó.

El gobernador se mostró confiado en el resultado del proceso y destacó la solidez fiscal de la provincia. El objetivo es obtener US$ 600 millones destinados a un plan integral de obra pública que incluye la construcción de más de 30 barrios, la continuidad de programas habitacionales, alrededor de 1.000 créditos individuales para viviendas, obras viales estratégicas, intervenciones en rutas nacionales y provinciales, impermeabilización de canales, ampliación de redes de agua potable, saneamiento e infraestructura eléctrica.

En paralelo, Orrego se refirió a la Ley de Desarrollo Local Minero, una de las herramientas centrales de su gestión para ordenar la llegada de inversiones y fortalecer la matriz productiva provincial. El mandatario señaló que San Juan debe preparar su estructura interna para recibir grandes capitales y responder a las expectativas de contratación de proveedores locales. “Es el momento de desarrollar toda el área de infraestructura para recibir las inversiones actuales y estar preparados para los desafíos que vienen”, sostuvo.

El gobernador remarcó que la minería es uno de los motores más importantes de la economía sanjuanina y la base de las exportaciones, por lo que resulta fundamental anticiparse a los desafíos y no esperar a que los problemas aparezcan. En ese sentido, insistió en que la provincia debe cumplir con las expectativas de participación de los proveedores locales dentro de la cadena de valor, consolidando un desarrollo equilibrado y sostenible.

La Legislatura de San Juan aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, que busca aumentar la participación de proveedores locales, promover empleo y potenciar la cadena de valor.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves la Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que busca fortalecer la participación de proveedores sanjuaninos, promover el empleo local y potenciar el impacto económico de la actividad minera en el territorio.

La norma, que demandó más de un año de trabajo intersectorial, obtuvo 33 votos afirmativos durante la sesión ordinaria y se convirtió en una de las herramientas estratégicas de la política minera de la gestión del gobernador Marcelo Orrego.

La sanción se dio en un contexto marcado por la llegada de nuevas inversiones y el avance de proyectos vinculados a la producción de cobre y la expansión del oro, varios de ellos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto recibió el acompañamiento del bloque Justicialista, mientras que los votos negativos fueron dos Mario Herrero y Graciela Seva, del bloque San Juan Vuelve y otros dos legisladores no emitieron voto en el momento de la votación. Luego, la diputada Cristina López pidió incorporar su voto afirmativo en la versión taquigráfica.

Durante el debate, la diputada Marisa López (Bloque Justicialista) adelantó el acompañamiento, aunque propuso modificaciones vinculadas a integrar las declaraciones juradas de los planes de desarrollo en los estudios de impacto ambiental, incluir el cierre de minas dentro de esos planes e incorporar a los municipios en el esquema de participación. También planteó que las exenciones fiscales queden sujetas a la aprobación del Poder Legislativo.

El objetivo central de la ley es fomentar el desarrollo de la cadena de valor minera dentro de la provincia, incentivando la contratación de mano de obra local, el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas sanjuaninas y la generación de mayores oportunidades para los sectores productivos vinculados a la minería. La iniciativa también apunta a promover la capacitación del recurso humano, mejorar la competitividad de los proveedores y favorecer una integración más amplia de la economía provincial con los emprendimientos mineros, de modo que el impacto de la actividad se traduzca en más empleo, inversión y desarrollo para las comunidades.

La discusión legislativa volvió a reflejar diferencias internas dentro del interbloque Justicialista. El diputado calingastino Jorge Castañeda acompañó la iniciativa, pero lanzó críticas hacia los intendentes por la falta de avances en sociedades y afirmó que “la ley nace muerta”, lo que generó respuestas de otros legisladores que defendieron la norma y su alcance.

En la vereda opositora, Mario Herrero sostuvo que las empresas mineras “no se sientan a dialogar en la provincia” y que negocian directamente en Nación, por lo que adelantó el voto negativo del bloque San Juan Vuelve. Su compañera de bancada, Graciela Seva, se dirigió a los proveedores presentes en el recinto y afirmó que la ley “no viene a solucionarles absolutamente nada”, señalando que la competencia con empresas extranjeras amparadas en el RIGI se da “con una mochila impositiva cercana al 50%”.

En contrapartida, Gustavo Usín (Actúa), aliado del oficialismo, destacó el aprendizaje que dejó la primera etapa del nuevo ciclo minero y sostuvo que la ley “no regula la mina ni es una ley de proveedores”, sino que aborda múltiples aspectos del desarrollo local. Finalmente, Juan De la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo, defendió la capacidad y experiencia de los proveedores sanjuaninos y cruzó a los opositores por “menospreciar la calidad del trabajo local”.

Con la aprobación de esta ley, el Ejecutivo provincial busca establecer un marco que incentive la participación de la industria local en las distintas etapas de los emprendimientos mineros, promoviendo que una mayor proporción de bienes, servicios y empleo quede en la provincia y que los beneficios fiscales acompañen el cumplimiento de metas de desarrollo.