El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso en la Expo EFI y defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, al tiempo que anunció un paquete de seis nuevas reformas que su cartera enviará al Congreso en las próximas semanas.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que existen sectores que “sienten que la economía está mal”, pero afirmó que la evaluación debe hacerse “viendo los datos” y no a partir de percepciones.

En su presentación ante empresarios, Sturzenegger repasó los proyectos que impulsa su ministerio. El primero es la denominada “ley hojarasca”, que según explicó ya cuenta con dictamen en Diputados y propone la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas. También adelantó un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye modificaciones a la ley de expropiaciones, desalojos, la ley de fuego y una derogación parcial de la ley de tierras. Según estimó, estos cambios podrían generar “unos 15 mil millones de dólares en economías regionales”.

El ministro anunció además que el Gobierno enviará un proyecto de desregulación económica que abarcará mercados de capitales y la industria del seguro. En materia logística, anticipó una reforma a la ley de cabotaje, que según su exposición permitiría una reducción significativa de costos operativos.

Otro de los puntos mencionados fue un proyecto de defensa de la competencia, que otorgaría nuevas facultades a la autoridad del área para intervenir sobre regulaciones estatales que, a su criterio, actúan como barreras de entrada y afectan especialmente a las pymes.

Sturzenegger también confirmó que se trabaja en una ley de reforma del Estado, que retomará aspectos de decretos delegados que no prosperaron en 2025, con el objetivo de redefinir competencias y funciones estatales.

En el tramo final de su exposición, el ministro anunció un proyecto para modernizar la ley de sociedades, que incluirá la posibilidad de crear “sociedades de inteligencia artificial”, es decir, estructuras jurídicas integradas exclusivamente por agentes digitales. Según planteó, este tipo de figuras permitiría atraer actividad económica y recaudación impositiva al país.

Las declaraciones del funcionario se dieron en un contexto de debate sobre el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y su efecto en la actividad económica.

Una acción de amparo presentada en las últimas horas ante la Justicia federal busca revertir la decisión del Gobierno nacional que impidió el ingreso de dos periodistas acreditadas a la Casa Rosada, medida que generó preocupación en entidades del sector y reavivó el debate sobre los límites al ejercicio periodístico en ámbitos oficiales.

La presentación judicial solicita una medida cautelar urgente para restituir de inmediato las acreditaciones de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes el pasado 23 de abril no pudieron ingresar a Balcarce 50 luego de que se les informara que sus datos biométricos habían sido eliminados del sistema de seguridad, pese a contar con acreditación permanente y vigente.

El escrito califica la decisión oficial como “arbitraria e ilegítima” y señala la responsabilidad de organismos vinculados al control de accesos y la comunicación institucional, entre ellos la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y Casa Militar.

Los fundamentos del amparo sostienen que la medida no solo afecta el derecho al trabajo de las periodistas, sino que también vulnera garantías constitucionales como la libertad de prensa y el derecho a la información pública, al limitar la cobertura periodística de la actividad gubernamental. En ese sentido, se advierte que la restricción tiene un impacto colectivo, ya que condiciona el derecho de la sociedad a acceder a información sobre los actos del Poder Ejecutivo.

Como parte del contexto, el escrito menciona declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien justificó la medida como una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal. Sin embargo, la presentación judicial sostiene que las periodistas cumplían con todos los requisitos administrativos exigidos y que no existió notificación previa ni fundamento formal que justificara la restricción.

El caso generó preocupación en organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que manifestaron su inquietud por las limitaciones impuestas al trabajo de la prensa en espacios oficiales y reclamaron el restablecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio profesional.

El amparo solicita que la Justicia intervenga con carácter urgente para restituir el acceso de las periodistas a la Casa Rosada y declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno. La resolución del caso podría sentar un precedente relevante en materia de acceso a la información y garantías para el trabajo periodístico en ámbitos estatales.

El Gobierno nacional confirmó este domingo la salida de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, luego de que se conociera que el funcionario poseía siete propiedades en Miami y Palm Beach que no habían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante el ARCA, organismo encargado del registro patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires.

La renuncia fue aceptada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, según informaron fuentes oficiales. La decisión se produjo tras una semana marcada por revelaciones periodísticas, denuncias judiciales y cuestionamientos internos sobre la transparencia del funcionario.

El caso tomó relevancia cuando Frugoni reconoció públicamente, en diálogo con el periodista Nicolás Wiñaski, que había omitido declarar los inmuebles adquiridos en Estados Unidos entre 2020 y 2022 mediante sociedades constituidas en Delaware. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, admitió, y aseguró que incorporaría los bienes omitidos en sus declaraciones ante ARCA.

Registros oficiales del condado de Palm Beach identificaron al menos cinco departamentos valuados entre USD 215.000 y USD 216.000, ubicados en Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. Las adquisiciones se realizaron a través de sociedades como Genova LLC y Waki LLC, ninguna de las cuales fue informada ante las autoridades argentinas.

La investigación también reveló un crecimiento patrimonial significativo: en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones; para 2023, sus inversiones superaban los 40 millones de pesos y registraba depósitos por USD 400.000 en el exterior, además de participación en 16 empresas.

Las irregularidades motivaron denuncias judiciales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso, que recayeron en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Las presentaciones apuntan a presuntos delitos vinculados a la omisión maliciosa de bienes por un valor superior a USD 1,5 millones.

La Oficina de Integridad Pública (OIP) de la Ciudad de Buenos Aires ya había sancionado a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, lo que incluso derivó en su inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos en la administración porteña.

En el Gobierno nacional, la situación generó fuerte malestar. Fuentes consultadas calificaron el caso como “gravísimo” y señalaron que el funcionario debía dar explicaciones. Otras voces compararon la magnitud del patrimonio no declarado con episodios recientes que involucraron a otros funcionarios, remarcando que se trata de un caso de mayor gravedad.

La salida de Frugoni se interpreta como un mensaje interno sobre la necesidad de cumplir estrictamente con las obligaciones de transparencia, especialmente en un contexto de creciente escrutinio público sobre el patrimonio de los funcionarios nacionales.