San Juan dio un paso significativo en la agenda de integración binacional con la presentación formal de DIPAN (Desarrollo e Integración Paso de Agua Negra), una asociación civil creada para impulsar la reactivación del Paso de Agua Negra y promover que su construcción sea una prioridad en las agendas de los gobiernos de Argentina y Chile.

La entidad se conforma como un espacio sin fines de lucro y de carácter apolítico, integrado por ciudadanos y empresas comprometidos con el desarrollo regional.

El referente de la organización, Alejandro Bravo, destacó la importancia de contar con una figura jurídica que permita articular esfuerzos y sostener una agenda de trabajo permanente. “DIPAN nace para nuclear a personas físicas y jurídicas que creen en la necesidad estratégica del Paso de Agua Negra. Tener una institución formal nos permite dialogar con mayor solidez y trabajar en conjunto con las organizaciones que ya existen del otro lado de la cordillera”, señaló.

Uno de los principales motores para la creación de DIPAN es la existencia de la Corpam (Corporación Paso Agua Negra) en Chile, una organización ciudadana con 15 años de trayectoria que ha mantenido una labor constante de gestión ante autoridades regionales y nacionales. Bravo subrayó que han mantenido numerosos encuentros con sus pares chilenos, quienes “están muy bien organizados y trabajan diariamente apoyando y solicitando al gobierno central de Chile todo lo que sea a favor del Paso de Agua Negra”.

La intención de DIPAN es replicar ese nivel de organización en San Juan, con el objetivo de que la demanda por el túnel no dependa exclusivamente de los ciclos políticos, sino que sea impulsada de manera sostenida por la sociedad civil de ambos países. La asociación busca instalar la idea de que el Paso de Agua Negra debe ser una política de Estado, clave para el desarrollo comercial, turístico y social de la región.

Con la tramitación de la personería jurídica en marcha, DIPAN se prepara para convertirse en el interlocutor argentino dentro de una mesa de trabajo binacional que aspira a trascender fronteras y gobiernos. La organización pretende sumar capacidades técnicas, promover estudios, acompañar gestiones y fortalecer el vínculo con Corpam para conformar un bloque ciudadano binacional que impulse la concreción del túnel.

“Queremos que la integración no dependa solo de la voluntad política del momento. La sociedad civil de San Juan y Coquimbo tiene la capacidad de sostener esta agenda y de demostrar que el Paso de Agua Negra es una herramienta estratégica para el desarrollo de ambos países”, remarcaron desde la asociación.

El nacimiento de DIPAN se produce en un contexto en el que la infraestructura fronteriza vuelve a ocupar un lugar central en el debate regional. La entidad aspira a que el Paso de Agua Negra recupere protagonismo en las decisiones de inversión de Argentina y Chile, y a consolidar una agenda binacional que refleje la voluntad de las comunidades que históricamente han impulsado este corredor.

El diputado nacional y referente del justicialismo sanjuanino, Cristian Andino, expresó fuertes críticas al tratamiento legislativo de la ley que autoriza al Gobierno provincial a gestionar un financiamiento de hasta US$600 millones destinado a obras de infraestructura.

Si bien reafirmó su apoyo a la inversión pública como motor de desarrollo, cuestionó la modalidad elegida para avanzar con una decisión que, según advirtió, comprometerá recursos de futuras generaciones.

A través de un comunicado, Andino sostuvo que siempre estará “a favor del desarrollo de San Juan y de la inversión pública como herramienta de crecimiento, generación de empleo y mejora de la calidad de vida”, pero remarcó que un endeudamiento de esta magnitud requiere un análisis profundo y un debate institucional amplio. “Una decisión que implica un endeudamiento de 600 millones de dólares y que comprometerá las finanzas y el presupuesto de las próximas generaciones merece el debido respeto institucional, así como un análisis serio y responsable en las comisiones correspondientes”, afirmó.

El exintendente de San Martín consideró que la iniciativa debió contar con una discusión más extensa antes de llegar al recinto. En ese sentido, planteó la necesidad de convocar a distintos actores institucionales para enriquecer el debate y garantizar mayor transparencia. “Resulta fundamental garantizar un debate amplio, transparente y plural, convocando especialmente a intendentes e intendentas para escuchar sus opiniones y aportes”, señaló.

Andino también subrayó que la sociedad sanjuanina tiene derecho a conocer en detalle los alcances de la ley aprobada. “Entiendo que la sociedad sanjuanina tiene derecho a conocer en profundidad los alcances de una decisión que impactará en el futuro de la provincia durante muchos años”, expresó.

Asimismo, cuestionó la modalidad de tratamiento sobre tablas utilizada en la Legislatura para avanzar con el proyecto. Según indicó, una decisión de esta magnitud no debería resolverse sin un proceso previo de análisis y discusión. “Buscar tratamientos sobre tablas en decisiones de tanta importancia no contribuye a la tranquilidad de las familias sanjuaninas”, manifestó.

Por último, destacó la predisposición del bloque justicialista para participar de un debate más extenso si hubiera sido necesario. “No tengo dudas de la predisposición de nuestros legisladores para participar en los horarios y días que sean necesarios con el objetivo de arribar a una decisión lo más pronto posible, pero siempre priorizando el estudio exhaustivo, el análisis responsable y el debate correspondiente”, concluyó.

Las declaraciones de Andino se suman a las críticas expresadas por otros referentes del justicialismo tras la aprobación de la ley impulsada por el gobernador Marcelo Orrego, quien defendió la herramienta financiera al considerar que permitirá ejecutar obras estratégicas y preparar a la provincia para los próximos 30 o 40 años.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la Ley de Financiamiento de obras de infraestructura para el desarrollo de la provincia, una herramienta clave que permitirá avanzar en proyectos estratégicos destinados a mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos y preparar a la provincia para una nueva etapa de crecimiento.

Tras la votación, el gobernador Marcelo Orrego brindó declaraciones en las que defendió la iniciativa, explicó los pasos a seguir y cuestionó la postura de algunos legisladores opositores.

Durante una rueda de prensa, Orrego detalló que la aprobación de la ley habilita al Gobierno provincial a iniciar el proceso formal para acceder al financiamiento. “Con la ley, lo que vamos a hacer es buscar la autorización de la Nación y después lograr que ese bono que queremos los sanjuaninos sea calificado en buenas determinaciones, porque va a cotizar en el exterior, en el mercado de la bolsa de Nueva York. Eso nos da la oportunidad de generar obras”, afirmó.

El mandatario subrayó que la provincia debe anticiparse a los desafíos que vienen y planificar con visión de futuro. “Si no estamos preparados para el mañana, es como aplaudir con una sola mano. Es necesario que entendamos que con este tipo de obra nos estamos preparando”, expresó, remarcando que la infraestructura proyectada permitirá acompañar el crecimiento económico y productivo de los próximos años.

Orrego también defendió la coherencia del plan de gobierno y la necesidad de consolidar condiciones macroeconómicas que atraigan inversiones. “Nunca dudé hacia dónde teníamos que ir. Nuestra matriz productiva la conocemos bien y sabíamos que era necesario mejorar la macro: estabilidad fiscal, seguridad jurídica, el RIGI, la eliminación del cepo cambiario y la modificación de la Ley de Glaciares. Todo eso sucedió, y San Juan estuvo preparada”, señaló.

En ese sentido, destacó que la modernización del Estado y la agilización de los procesos administrativos son pilares centrales de su gestión. “No puede ser un Estado pesado; tiene que ser eficaz, avanzar y resolver. Tomamos la incertidumbre como preparación y la preparación como oportunidad. Cuando las oportunidades aparecieron, San Juan estuvo en la primera fila”, afirmó.

El gobernador también cuestionó la postura de algunos legisladores opositores que votaron en contra de la iniciativa. “A veces no puedo creer que algunos diputados, sobre todo del Peronismo, voten en contra de la obra pública y del crecimiento de San Juan. Parece que están más animados en ver cómo hacen para volver que en cómo mejorar la vida de los sanjuaninos”, expresó.

La Ley de Financiamiento permitirá ejecutar un amplio plan de obras que incluye viviendas, infraestructura vial, obras hidráulicas y ampliación de redes de agua potable y saneamiento. Estas inversiones buscan atender necesidades actuales y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para el desarrollo sostenido de la provincia, la creación de empleo y el fortalecimiento de la actividad productiva.