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Diputados aprobó una comisión investigadora contra el Gobierno por las criptomonedas

El Congreso volvió a golpear al Gobierno nacional, que, mientras aún digería el rechazo del Senado a los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, sufrió este martes una nueva derrota política en la Cámara de Diputados. Allí se aprobaron dos medidas clave: la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la creación de una comisión investigadora por el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA.

Con el respaldo del kirchnerismo y los sectores más duros de la oposición, la sesión legislativa terminó de consolidar el avance parlamentario sobre un tema que el oficialismo pretendía dejar atrás. La ofensiva opositora amenaza con sostener el escándalo en agenda y complicar aún más el escenario electoral de La Libertad Avanza (LLA).

Todo esto ocurre en un contexto de fuerte incertidumbre financiera internacional, que impacta directamente en el riesgo país y el mercado cambiario, a lo que se suma la demora del FMI en definir un nuevo acuerdo con el gobierno de Javier Milei.

La comisión investigadora fue impulsada por el bloque Democracia para Siempre, que responde a Facundo Manes, y fue aprobada con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Hasta el 11 de abril, los bloques podrán presentar sus propuestas de integrantes y el 23 de abril se realizará la reunión constitutiva. La presidencia de la comisión quedará en manos del kirchnerismo, que junto a sus aliados opositores tendrá mayoría: 13 de los 24 integrantes.

Además, la Cámara Baja aprobó por 131 votos positivos y 96 negativos los pedidos de interpelación a Francos, al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, al ministro de Economía Luis Caputo, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Las exposiciones están fijadas para el próximo 22 de abril por la tarde.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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El canciller Quirno advirtió sobre la pérdida de relevancia de la ONU y llamó a modernizarla

En una intervención de alto perfil diplomático ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller argentino Pablo Quirno reclamó una reforma estructural del organismo multilateral y advirtió que la ONU corre el riesgo de perder relevancia si no recupera capacidad de acción efectiva.

El mensaje fue pronunciado en Nueva York durante el debate abierto convocado por China bajo el eje “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

La sesión reunió a más de cien delegaciones y coincidió con un llamado de atención del secretario general António Guterres, quien alertó que la Carta fundacional está “en peligro” por la erosión del derecho internacional, las tensiones geopolíticas y el retroceso global en materia de derechos humanos.

Quirno sostuvo que la legitimidad del sistema multilateral depende de su capacidad real para intervenir en los desafíos globales. “Cuando esa capacidad se debilita, la Organización pierde autoridad y se distancia de las realidades que atraviesan los Estados”, afirmó.

El canciller propuso avanzar hacia un multilateralismo centrado en mandatos concretos, administración responsable de recursos y mecanismos de rendición de cuentas. “La retórica sin impacto erosiona la confianza e imposibilita la conducción”, señaló.

Los cuatro principios de la postura argentina

Quirno articuló la posición del país en torno a los lineamientos que el presidente Javier Milei presentó ante la Asamblea General en 2025. Los resumió en cuatro principios:

  1. Preservación de la paz como prioridad esencial del organismo.
  2. Subsidiariedad internacional, reservando la acción de la ONU para problemas que exceden la capacidad de los Estados.
  3. Diligencia institucional, evaluando cada estructura por su utilidad real.
  4. Simplificación normativa, orientada a facilitar la libertad, el comercio y la prosperidad.

El canciller vinculó estos ejes con la Iniciativa ONU80, que impulsa una revisión profunda de mandatos superpuestos, estructuras redundantes y agendas desconectadas de las necesidades actuales. “Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados expresan con claridad lo que durante demasiado tiempo se evitó decir”, afirmó.

Quirno también respaldó explícitamente la candidatura del argentino Rafael Grossi, actual director del OIEA, para ocupar la Secretaría General de la ONU. Señaló que el próximo titular debe ser elegido por “mérito, experiencia, independencia y capacidad comprobada de gestión”.

“La Organización necesita un liderazgo con autoridad técnica y solvencia política, capaz de devolverle alma y predicamento a una estructura que debe reencontrarse con la memoria de su relevancia”, sostuvo.

Reforma del Consejo de Seguridad

El canciller apoyó una ampliación de la membresía no permanente y una mejora en la capacidad de reacción del Consejo, en línea con el diagnóstico de Guterres: un órgano que no refleje la realidad geopolítica actual “no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades”.

Para cerrar, Quirno citó al excanciller Carlos Saavedra Lamas, primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz, quien defendía la unidad de las naciones libres frente a escenarios de tensión global. “La estabilidad no se preserva con inercia, sino con liderazgo y claridad moral”, recordó.

La jornada incluyó además una intensa agenda bilateral con representantes de República Checa, Indonesia, Liberia, Bahréin, Panamá y un encuentro con el canciller chino Wang Yi, quien presidió el debate.

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La administración Milei acelera la reestructuración del Estado con acuerdos de retiro

El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de reestructuración del Estado, con foco en la reducción de organismos descentralizados y la ampliación del esquema de retiros voluntarios, una herramienta que el oficialismo evalúa extender a la administración central.

La política es coordinada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, por instrucción directa del presidente Javier Milei.

Desde el inicio de la gestión, la reducción del tamaño del Estado se convirtió en uno de los ejes centrales del programa oficial. En ese marco, los acuerdos de desvinculación voluntaria se implementaron en distintos organismos y ya suman más de 2.300 adhesiones, aunque en el Gobierno anticipan que la cifra crecerá con las nuevas etapas previstas.

Organismos con retiros finalizados y próximos pasos

Los retiros voluntarios ya concluyeron en dos organismos clave:

  • Dirección Nacional de Vialidad, con cerca de 1.000 empleados menos
  • ANSES, donde se registraron 1.170 desvinculaciones

Ambos procesos son considerados “los más exitosos” por el oficialismo, ya que representan alrededor del 10 % de la dotación de cada entidad.

La política también se aplicó en:

  • Radio y Televisión Argentina (RTA)
  • Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
  • Casa de la Moneda
  • Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

En paralelo, el Gobierno prepara nuevos retiros en el INTA y analiza abrir procesos similares en PAMI que cuenta con unos 11.000 empleados y en otros cuatro organismos que permanecen bajo evaluación.

Cómo funcionan los retiros voluntarios

Los acuerdos contemplan el pago de alrededor del 90 % del salario bruto por cada año trabajado, y quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado por un período de cinco años. En la Casa Rosada sostienen que el mecanismo:

  • Reduce la conflictividad laboral
  • Representa un ahorro fiscal
  • Resulta más económico que una indemnización tradicional
  • Permite reorganizar estructuras sin procesos judiciales

“Es un sistema dinámico, no hay un número objetivo. Cada organismo proyecta sus necesidades y se avanza según disponibilidad presupuestaria”, explicaron fuentes oficiales.

Según el último informe del INDEC (marzo 2026), la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que implica una reducción interanual del 6,3 %. En el Gobierno aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, ya se recortaron más de 65.000 puestos desde el inicio de la gestión.

La administración Milei considera que esta política es clave para avanzar en la reorganización del Estado y en el cumplimiento de los objetivos fiscales del programa económico.

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El Gobierno envió al Congreso el Súper RIGI y la ley de lobby

Ambas iniciativas impulsadas por el oficialismo ingresaron la Cámara de Diputados.

El Gobierno Nacional giró a la Cámara de Diputados los proyectos denominado “Super Rigi” y de Lobby para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a Ludopatía y derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron enviados al Senado y ahora se suman otros dos a diputados.

Se trata del proyecto denominado “Super Rigi” que es uno sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos. .

A diferencia de la ley vigente, el nuevo sistema busca grandes inversiones incluirá la cadena de litio; la manufactura de baterías; el Hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL onshore; los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos); la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas; los Vehículos 100% eléctricos; y nuevos productos petroquímicos;entre otros.

A diferencia del RIGI, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15 %y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, y una exención de derechos de exportación.

En tanto el proyecto para regular los “Lobby” tendrá que transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores, para evitar un conflicto de intereses.

Uno de los puntos claves es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios.

También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby. IP

Quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.

NA

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