En una jornada de intensas negociaciones, el oficialismo logró reunir las 58 firmas necesarias para avanzar con el dictamen que habilita el tratamiento del proyecto de ley que busca suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El debate en comisiones se extendió por varias horas ante la dificultad de alcanzar el respaldo requerido en un Congreso fragmentado, pero finalmente se destrabó con el apoyo clave de diputados peronistas de Catamarca y Santiago del Estero.

El plenario de comisiones contó con la participación de 114 de los 115 diputados que lo integran, reflejando las tensiones y estrategias del oficialismo en un escenario legislativo complejo. Inicialmente, el bloque gobernante consiguió 53 firmas, quedando a cinco del dictamen de mayoría. Esto motivó una nueva ronda de negociaciones con otros bloques y referentes provinciales.

En este contexto, el respaldo de los gobernadores peronistas de Santiago del Estero y Catamarca fue determinante. Los diputados Ricardo Daives y Bernardo Herrera, de Santiago del Estero, junto con Sebastián Nóblega y Silvana Ginocchio, de Catamarca, sumaron sus firmas al proyecto, permitiendo alcanzar el número necesario. El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, confirmó que se logró un dictamen de mayoría con 53 firmas, tres en disidencia y cinco correspondientes a un dictamen en minoría, totalizando 58 adhesiones.

El proyecto será tratado en el recinto el próximo jueves, en una sesión que también abordará otros temas de relevancia, como los proyectos de reiterancia y juicio en ausencia. Esta jornada se perfila como un termómetro clave para medir la correlación de fuerzas en el Congreso, donde los acuerdos y alianzas resultan fundamentales para la aprobación de iniciativas legislativas.

La propuesta de suspender las PASO ha generado un intenso debate político. Mientras que algunos sectores las consideran esenciales para definir candidaturas y fomentar la participación ciudadana, el oficialismo argumenta que su eliminación permitirá optimizar recursos y simplificar el calendario electoral, en un contexto marcado por la crisis económica y social.

El respaldo de los gobernadores peronistas demuestra la influencia de los liderazgos provinciales en el Congreso. La intervención de los mandatarios de Catamarca y Santiago del Estero resultó clave para destrabar las negociaciones y garantizar el avance del proyecto, reafirmando el peso de las provincias en la configuración de alianzas políticas a nivel nacional.

El debate también ha puesto de manifiesto las divisiones internas y externas dentro de los bloques políticos. La fragmentación del Congreso ha obligado al oficialismo a negociar con sectores opositores y representantes provinciales para construir mayorías que permitan avanzar con su agenda legislativa.

La sesión del jueves será un momento crucial para definir el futuro de las PASO y otros proyectos en discusión. El oficialismo buscará consolidar el apoyo obtenido en las comisiones y garantizar los votos necesarios para aprobar la suspensión de las elecciones primarias. Se espera un debate intenso que reflejará las tensiones y desafíos que enfrenta el sistema político en un contexto de alta polarización y fragmentación.

Con este avance, el oficialismo ha logrado sortear un obstáculo clave en su estrategia legislativa. Sin embargo, el camino hacia la aprobación definitiva del proyecto aún presenta incertidumbres. La sesión del jueves será determinante para definir si el Congreso avala la suspensión de las PASO y cómo se reconfiguran las alianzas políticas en el marco de este debate.

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El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, acusa a la exmandataria de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica”.

Tras anunciar anunciar que la quita de la jubilación de privilegio, el Gobierno denunció a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” al sostener que percibía una bonificación por declarar que vivía en zona austral mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, que solicitó ser parte querellante en la causa, presentó una denuncia penal por presuntos delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” contra la ex vicepresidenta a la que acusan de “haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso”.

Los denunciantes Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales, detallaron en la denuncia que la bonificación de zona Austral solo pueden ser percibida por quienes tengan “residencia efectiva o radicación real” en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.

“En el caso de la Sra. Fernández de Kirchner, es de público y notorio conocimiento, que su residencia estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como vicepresidente de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)”, especificaron.

En la misma línea, aseguraron que el cobro de dicho beneficio constituyó “una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”.

Como viuda del exmandatario Néstor Kirchner y por sus propias asignaciones, Cristina Kirchner percibía un total en bruto de $35.255.297,73, lo que desde el Gobierno aclararon que equivale a casi 136 jubilaciones mínimas. En mano, la cifra llegaba a $21.827.624,65. 

El titular de ANSES, Mariano De Los Héros, anunció el 17 de noviembre denunció que la exfuncionaria presentó un certificado de domicilio de Río Gallegos, por lo que percibía un suplemento de zona austral que suma 6.354.523 de pesos mientras vivía en Buenos Aires.

En sintonía, a través de la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo estableció que las asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”.

Señalamientos por “falsas” declaraciones juradas

En el escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas acusan a la ex vicepresidenta de “haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente)”. 

También la culpan de “haber insertado o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; haber presentado (usado) ante el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL esas declaraciones juradas con datos falsos”.

En el documento de 18 páginas aclaran que además el beneficio fue cobrado de manera mensual desde enero del año 2016 hasta noviembre de 2011, y que la percepción de las bonificaciones “habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que configuraría el delito de falsedad ideológica”.

Para ANSES, la exvice constituyó “actos de corrupción”

La ANSES calificó el accionar de la dos veces mandataria como “un acto de corrupción” amparados por los Convenios Internaciones como la Convención Interamericana contra la Corrupción –CICC-  de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -CNUCC-, adoptada en el año 2003.

Ante eso, solicitan que el juez constante: 

• Las asistencias de la titular del Senado para verificar su asistencia durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
• Que el Banco Central de la República Argentina informe la radicación de los movimientos de cuenta de Cristina Kirchner durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
• Que el Ente Nacional de Comunicaciones informe la radicación de las llamadas de la línea telefónica titular de la exmandataria.
• Pericias caligráfica para constatar la solicitud de los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social para percibir la bonificación.
• Pericial Contable para determinar el monto del perjuicio económico a la ANSES

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Es un abogado especializado en derecho administrativo y diplomado en derecho constitucional y procesal. La decisión fue tomada luego de que durante este martes se conociera que el exjuez Ricardo Manuel Rojas rechazó el ofrecimiento del gobierno de Milei para encabezar la Procuración del Tesoro tras la salida de Rodolfo Barra.

El vocero presidencial, Manuel Adorni anunció, en su habitual conferencia de prensa, que quien ejercerá la función de procurador será Santiago María Castro Videla, luego de que descartaran al exjuez Ricardo Rojas.

Castro Videla es un especialista en derecho administrativo y ejerce como profesor incitado en la Universidad Austral.

“El presidente de la Nación ha definido designar como nuevo Procurador del Tesoro de la Nación a Santiago María Castro Videla. Es un abogado especializado en derecho administrativo y diplomado en derecho constitucional y procesal”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El flamante funcionario es “profesor invitado desde hace 15 años en la Universidad Austral, y es autor de libros y decenas de artículos académicos. Le deseamos todo el éxito en esta nueva función” y le agradeció a Barra por “su aporte y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales”.

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