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El gobierno consiguió el dictamen de la ley ómnibus y la semana que viene va a diputados

Con 61 firmas los aliados y los oficialistas lograron un texto unificado. La sesión sería lunes o martes de la semana que viene.

Sin la privatización del Banco Nación y con una reforma laboral, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados, con 61 firmas. Para eso fue clave el apoyo que le dio el PRO, un sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal, con quienes necesitó negociar cambios hasta último momento.

Así la ley ómnibus tendrá su revancha el próximo lunes a partir de las 11 cuando la Cámara de Diputados se reúna para sesionar este tema, junto con el Paquete Fiscal.

La quita del Banco Nación de las empresas a privatizar se conoció una vez comenzada la jornada en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Esto terminó de destrabar los votos que faltaban para asegurar la aprobación del capítulo de privatizaciones.

Los otros dictámenes de minoría fueron de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que cada uno con su despacho rechaza el proyecto, el de la Coalición Cívica y el de Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Una vez más el bloque de Miguel Pichetto se mantiene dividido a la hora de firmar el despacho. Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Juan Brugge y Ignacio García Aresca son los miembros de este bloque que firmaron en disidencia.

La disidencia que firmaron estos cuatro diputados del bloque de Miguel Pichetto se enfoca en el impuesto al tabaco, que el oficialismo no está dispuesto a reponer. Este bloque analiza la posibilidad de imponerlo directamente en el debate en el recinto, y buscarán que Unión por la Patria dé su apoyo. El otro punto tiene que ver con la consolidación de las cajas transferida de las 13 cajas previsionales de las provincias.

La UCR por su parte marcó su principal disidencia respecto a la reforma laboral que el oficialismo acordó con Miguel Pichetto. El radicalismo quería una reforma que fuera a fondo y que golpeara de lleno a los sindicatos con la eliminación de las cuotas solidarias. El bloque de Rodrigo De Loredo ayer se animó a poner en duda el apoyo a la ley ómnibus, pero finalmente acordaron para que este cambio en el régimen laboral se trate dentro de esta ley. 

“Nuestra propuesta se basa en mirar el trabajo del futuro, dónde estamos parados hoy y hacia dónde estamos yendo. Y principalmente la disidencia que vamos a plantear tiene que ver con eliminar las cuotas solidarias sindicales”, indicó la diputada por Buenos Aires (UCR) Karina Banfi. “Eso coarta la libertad de asociación, y lo vamos a defender en el recinto”, remarcó la diputada.

Sólo dos diputados del radicalismo se resistieron a firmar el dictamen del Gobierno y decidieron no firmar ningún despacho, Fernando Carbajal y Pablo Juliano. Una vez los diputados alineados con Facundo Manes se desmarcaron de la conducción del bloque radical, a cargo de Rodrigo de Loredo.

“No vamos a permitir que se naturalice lo extraordinario. La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo es un acto de naturaleza extraordinaria y no se discute seriamente en esta comisión”, dijo Carbajal. y remarcó: “Voy a votar en contra porque la UCR jamás votó delegaciones extraordinarias”.

“Que lo haya hecho el PJ en el menemismo y en el kirchnerismo no nos obliga a actuar de la misma manera”, señaló.

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El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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