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El Banco Nación frenó adelantos y se demora unos días el pago de sueldos de empleados de organismos públicos

Después de sacrificar el paquete fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno cumplió su palabra y dispuso un nuevo ajuste sobre el sector público al restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes.

La medida había sido anticipada la semana pasada, pero empezó a impactar este lunes con la postergación del pago de sueldos de más de 20.000 empleados de organismos públicos.

“A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuestas por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria”, informó la Universidad Nacional de Rosario.

En ese marco, la casa de estudios señaló que “el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la transferencia”. De esa manera, unos 11.000 docentes y trabajadores no docentes que cobraban sus salarios entre el 3 y 5 de cada mes deberán esperar hasta nuevo aviso.

El Banco Nación adoptó esa medida en respuesta a la decisión del gobierno de restringir el cupo de adelantos transitorios para financiar el pago de haberes del sector público no financiero. Se trata de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y que se renovó año a año, pero ahora las autoridades decidieron no prorrogarla.

El Ejecutivo tomó la decisión la semana pasada cuando la ley ómnibus empezó a empantanarse. En una comunicación inusual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Banco Central no iba a extender la autorización (que vence este miércoles) para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes, en referencia a la comunicación A7674.

En realidad, la normativa del BCRA no solo alcanza a los bancos provinciales que contaban con ese margen crediticio para pagar haberes del sector público no financiero, sino que condiciona a todas las entidades financieras, incluido el Banco Nación. “No solo afecta a universidades, sino a ministerios y otros organismos”, confirmaron fuentes oficiales.

Una de las reparticiones afectadas es el Hospital Posadas, con 5.000 empleados. Las autoridades informaron que “debido a una nueva disposición del Banco de la Nación Argentina que excede al área administrativa del hospital, los sueldos correspondientes al mes de enero de 2024 se harán efectivos en las cuentas sueldos del personal del 1° al 5° de febrero de 2024”.

La medida también alcanza a 7.000 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como al personal de la Universidad Nacional de Arte (UNA), la Universidad de San Juan (UNSJ) y la de San Luis (UNSL). La institución puntana estimó que los sueldos serán abonados “dentro de los primeros diez (10) días del mes”.

La decisión oficial cayó como una bomba en las provincias, en donde el sector estatal depende del adelanto de fondos de bancos provinciales o el Banco Nación para el pago de haberes. En algunos distritos como Catamarca, ya empezaron a acusar recibo del cierre de la canilla desde Nación, lo que refleja la intención del Ejecutivo de compartir el costo del ajuste con las provincias.

Hasta ahora, el Gobierno venía ajustando partidas en la administración nacional. Después de dar de baja 7.000 contratos y recortar horas extras, jefatura de Gabinete intimó la semana pasada a todos los ministerios a reducir cargos intermedios. Pero las dificultades para conseguir el apoyo de los gobernadores al plan de shock llevó al Ejecutivo a endurecer las medidas.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus y la puesta en marcha de “un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias”, con el recorte inmediato de transferencias discrecionales destinadas a programas nacionales, subsidios y obra pública. Todo, para alcanzar el “déficit financiero cero”.

Clarín

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Caputo: “La inflación va a seguir a la baja” y “no hay atraso cambiario”

Luis Caputo defendió la política cambiaria, negó atraso del dólar y aseguró que la inflación continuará bajando. También habló del caso Adorni y del escenario hacia 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que la inflación continuará descendiendo en los próximos meses. En una entrevista televisiva en LN+, el funcionario rechazó las advertencias sobre un supuesto atraso del tipo de cambio y cuestionó a quienes, según dijo, modificaron su discurso pese a la suba del dólar. “Decían que había atraso cambiario con el dólar a 1400. Ahora, con el dólar a 1500, no pueden militar preocupación”, afirmó, en referencia a las críticas previas.

Las declaraciones se produjeron luego de la presentación del programa financiero del Tesoro, que incluye proyecciones hasta 2027. Caputo sostuvo que el proceso de desinflación se consolidó desde abril y que la continuidad de la política fiscal y monetaria permitirá que la inflación converja hacia niveles internacionales. “La gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”, expresó, destacando además indicadores como la actividad económica, las exportaciones, el consumo y la reducción del riesgo país.

El ministro también se refirió a la repercusión del caso que involucra a Manuel Adorni y consideró que su difusión coincidió con un contexto de buenas noticias económicas. Según afirmó, esa situación, sumada al impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, desplazó del debate público los resultados económicos que, desde su perspectiva, mostraba el Gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de una corrida financiera en 2027, Caputo diferenció sus expectativas personales del trabajo cotidiano del equipo económico. “Somos tremendamente optimistas y no creo que eso pase. De todos modos, trabajamos preparándonos como si lo peor fuera a pasar”, señaló. También desvinculó el nivel de endeudamiento de la política tarifaria y atribuyó la necesidad de financiamiento a la caída en la demanda de dinero registrada en 2025.

En otro tramo de la entrevista, defendió la situación actual del mercado cambiario y aseguró que cualquier persona puede adquirir divisas sin las restricciones que existían anteriormente. Reivindicó las medidas económicas implementadas por el Gobierno y concluyó con una definición política: “Creer que en su mayoría la gente va a votar por volver al pasado es una subestimación a la ciudadanía”.

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Adorni bajo protección: el gobierno sostiene que hay amenazas concretas contra su familia

El Gobierno analiza sostener la custodia y vehículos oficiales para Manuel Adorni por amenazas denunciadas en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno nacional evalúa mantener por tiempo indefinido la custodia de la Policía Federal y el uso de vehículos oficiales para Manuel Adorni, pese a su renuncia como jefe de Gabinete. Según confirmaron tres fuentes oficiales, la prórroga de la protección aún pendiente de formalización en el Ministerio de Seguridad responde a las amenazas que el exfuncionario y su familia habrían recibido en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En su carta de renuncia, Adorni sostuvo que él y su entorno venían sufriendo “hostigamiento” y que era necesario “proteger” a su familia. Poco después, el presidente Javier Milei afirmó públicamente que su exvocero había recibido amenazas concretas, lo que influyó en la decisión de aceptar su dimisión. “Cuando empezaron las agresiones contra su mujer y sus hijos, dijo que su renuncia era indeclinable”, señaló el mandatario.

A partir de ese contexto, la Casa Rosada analiza sostener la custodia con efectivos federales y una flota de vehículos oficiales para garantizar los traslados del exfuncionario en sus actividades particulares. A diferencia de los expresidentes, los exministros no cuentan con este beneficio de manera automática: la continuidad de la protección depende de un análisis técnico del Ministerio de Seguridad, que evalúa si las amenazas son reales, inminentes y representan un riesgo para la integridad del exfuncionario y su familia.

“En estos casos se determina el nivel de riesgo y se decide si corresponde asignar una continuidad de la custodia. En el caso de Adorni hay amenazas concretas que mencionó el presidente y se está evaluando su situación. La idea es sostener la protección si los especialistas lo confirman”, indicó una alta fuente del Ejecutivo con despacho en Balcarce 50, posición que también fue ratificada por la cartera de Seguridad.

Tras su salida del Gobierno, Adorni divide sus días entre dos domicilios: su departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y su vivienda en el country Indio Cua. La evaluación oficial sobre su custodia continúa en curso mientras se profundiza la investigación judicial que motivó su renuncia.

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La Corte dejó firme el decomiso de $685 mil millones contra Cristina Kirchner y otros condenados

El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa de la ex presidenta contra la actualización del monto del decomiso y también desestimó un planteo del empresario Lázaro Báez.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

NA

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