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El Banco Nación frenó adelantos y se demora unos días el pago de sueldos de empleados de organismos públicos

Después de sacrificar el paquete fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno cumplió su palabra y dispuso un nuevo ajuste sobre el sector público al restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes.

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La medida había sido anticipada la semana pasada, pero empezó a impactar este lunes con la postergación del pago de sueldos de más de 20.000 empleados de organismos públicos.

“A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuestas por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria”, informó la Universidad Nacional de Rosario.

En ese marco, la casa de estudios señaló que “el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la transferencia”. De esa manera, unos 11.000 docentes y trabajadores no docentes que cobraban sus salarios entre el 3 y 5 de cada mes deberán esperar hasta nuevo aviso.

El Banco Nación adoptó esa medida en respuesta a la decisión del gobierno de restringir el cupo de adelantos transitorios para financiar el pago de haberes del sector público no financiero. Se trata de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y que se renovó año a año, pero ahora las autoridades decidieron no prorrogarla.

El Ejecutivo tomó la decisión la semana pasada cuando la ley ómnibus empezó a empantanarse. En una comunicación inusual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Banco Central no iba a extender la autorización (que vence este miércoles) para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes, en referencia a la comunicación A7674.

En realidad, la normativa del BCRA no solo alcanza a los bancos provinciales que contaban con ese margen crediticio para pagar haberes del sector público no financiero, sino que condiciona a todas las entidades financieras, incluido el Banco Nación. “No solo afecta a universidades, sino a ministerios y otros organismos”, confirmaron fuentes oficiales.

Una de las reparticiones afectadas es el Hospital Posadas, con 5.000 empleados. Las autoridades informaron que “debido a una nueva disposición del Banco de la Nación Argentina que excede al área administrativa del hospital, los sueldos correspondientes al mes de enero de 2024 se harán efectivos en las cuentas sueldos del personal del 1° al 5° de febrero de 2024”.

La medida también alcanza a 7.000 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como al personal de la Universidad Nacional de Arte (UNA), la Universidad de San Juan (UNSJ) y la de San Luis (UNSL). La institución puntana estimó que los sueldos serán abonados “dentro de los primeros diez (10) días del mes”.

La decisión oficial cayó como una bomba en las provincias, en donde el sector estatal depende del adelanto de fondos de bancos provinciales o el Banco Nación para el pago de haberes. En algunos distritos como Catamarca, ya empezaron a acusar recibo del cierre de la canilla desde Nación, lo que refleja la intención del Ejecutivo de compartir el costo del ajuste con las provincias.

Hasta ahora, el Gobierno venía ajustando partidas en la administración nacional. Después de dar de baja 7.000 contratos y recortar horas extras, jefatura de Gabinete intimó la semana pasada a todos los ministerios a reducir cargos intermedios. Pero las dificultades para conseguir el apoyo de los gobernadores al plan de shock llevó al Ejecutivo a endurecer las medidas.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus y la puesta en marcha de “un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias”, con el recorte inmediato de transferencias discrecionales destinadas a programas nacionales, subsidios y obra pública. Todo, para alcanzar el “déficit financiero cero”.

Clarín

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El canciller Quirno advirtió sobre la pérdida de relevancia de la ONU y llamó a modernizarla

En una intervención de alto perfil diplomático ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller argentino Pablo Quirno reclamó una reforma estructural del organismo multilateral y advirtió que la ONU corre el riesgo de perder relevancia si no recupera capacidad de acción efectiva.

El mensaje fue pronunciado en Nueva York durante el debate abierto convocado por China bajo el eje “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

La sesión reunió a más de cien delegaciones y coincidió con un llamado de atención del secretario general António Guterres, quien alertó que la Carta fundacional está “en peligro” por la erosión del derecho internacional, las tensiones geopolíticas y el retroceso global en materia de derechos humanos.

Quirno sostuvo que la legitimidad del sistema multilateral depende de su capacidad real para intervenir en los desafíos globales. “Cuando esa capacidad se debilita, la Organización pierde autoridad y se distancia de las realidades que atraviesan los Estados”, afirmó.

El canciller propuso avanzar hacia un multilateralismo centrado en mandatos concretos, administración responsable de recursos y mecanismos de rendición de cuentas. “La retórica sin impacto erosiona la confianza e imposibilita la conducción”, señaló.

Los cuatro principios de la postura argentina

Quirno articuló la posición del país en torno a los lineamientos que el presidente Javier Milei presentó ante la Asamblea General en 2025. Los resumió en cuatro principios:

  1. Preservación de la paz como prioridad esencial del organismo.
  2. Subsidiariedad internacional, reservando la acción de la ONU para problemas que exceden la capacidad de los Estados.
  3. Diligencia institucional, evaluando cada estructura por su utilidad real.
  4. Simplificación normativa, orientada a facilitar la libertad, el comercio y la prosperidad.

El canciller vinculó estos ejes con la Iniciativa ONU80, que impulsa una revisión profunda de mandatos superpuestos, estructuras redundantes y agendas desconectadas de las necesidades actuales. “Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados expresan con claridad lo que durante demasiado tiempo se evitó decir”, afirmó.

Quirno también respaldó explícitamente la candidatura del argentino Rafael Grossi, actual director del OIEA, para ocupar la Secretaría General de la ONU. Señaló que el próximo titular debe ser elegido por “mérito, experiencia, independencia y capacidad comprobada de gestión”.

“La Organización necesita un liderazgo con autoridad técnica y solvencia política, capaz de devolverle alma y predicamento a una estructura que debe reencontrarse con la memoria de su relevancia”, sostuvo.

Reforma del Consejo de Seguridad

El canciller apoyó una ampliación de la membresía no permanente y una mejora en la capacidad de reacción del Consejo, en línea con el diagnóstico de Guterres: un órgano que no refleje la realidad geopolítica actual “no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades”.

Para cerrar, Quirno citó al excanciller Carlos Saavedra Lamas, primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz, quien defendía la unidad de las naciones libres frente a escenarios de tensión global. “La estabilidad no se preserva con inercia, sino con liderazgo y claridad moral”, recordó.

La jornada incluyó además una intensa agenda bilateral con representantes de República Checa, Indonesia, Liberia, Bahréin, Panamá y un encuentro con el canciller chino Wang Yi, quien presidió el debate.

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La administración Milei acelera la reestructuración del Estado con acuerdos de retiro

El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de reestructuración del Estado, con foco en la reducción de organismos descentralizados y la ampliación del esquema de retiros voluntarios, una herramienta que el oficialismo evalúa extender a la administración central.

La política es coordinada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, por instrucción directa del presidente Javier Milei.

Desde el inicio de la gestión, la reducción del tamaño del Estado se convirtió en uno de los ejes centrales del programa oficial. En ese marco, los acuerdos de desvinculación voluntaria se implementaron en distintos organismos y ya suman más de 2.300 adhesiones, aunque en el Gobierno anticipan que la cifra crecerá con las nuevas etapas previstas.

Organismos con retiros finalizados y próximos pasos

Los retiros voluntarios ya concluyeron en dos organismos clave:

  • Dirección Nacional de Vialidad, con cerca de 1.000 empleados menos
  • ANSES, donde se registraron 1.170 desvinculaciones

Ambos procesos son considerados “los más exitosos” por el oficialismo, ya que representan alrededor del 10 % de la dotación de cada entidad.

La política también se aplicó en:

  • Radio y Televisión Argentina (RTA)
  • Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
  • Casa de la Moneda
  • Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

En paralelo, el Gobierno prepara nuevos retiros en el INTA y analiza abrir procesos similares en PAMI que cuenta con unos 11.000 empleados y en otros cuatro organismos que permanecen bajo evaluación.

Cómo funcionan los retiros voluntarios

Los acuerdos contemplan el pago de alrededor del 90 % del salario bruto por cada año trabajado, y quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado por un período de cinco años. En la Casa Rosada sostienen que el mecanismo:

  • Reduce la conflictividad laboral
  • Representa un ahorro fiscal
  • Resulta más económico que una indemnización tradicional
  • Permite reorganizar estructuras sin procesos judiciales

“Es un sistema dinámico, no hay un número objetivo. Cada organismo proyecta sus necesidades y se avanza según disponibilidad presupuestaria”, explicaron fuentes oficiales.

Según el último informe del INDEC (marzo 2026), la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que implica una reducción interanual del 6,3 %. En el Gobierno aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, ya se recortaron más de 65.000 puestos desde el inicio de la gestión.

La administración Milei considera que esta política es clave para avanzar en la reorganización del Estado y en el cumplimiento de los objetivos fiscales del programa económico.

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El Gobierno envió al Congreso el Súper RIGI y la ley de lobby

Ambas iniciativas impulsadas por el oficialismo ingresaron la Cámara de Diputados.

El Gobierno Nacional giró a la Cámara de Diputados los proyectos denominado “Super Rigi” y de Lobby para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a Ludopatía y derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron enviados al Senado y ahora se suman otros dos a diputados.

Se trata del proyecto denominado “Super Rigi” que es uno sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos. .

A diferencia de la ley vigente, el nuevo sistema busca grandes inversiones incluirá la cadena de litio; la manufactura de baterías; el Hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL onshore; los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos); la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas; los Vehículos 100% eléctricos; y nuevos productos petroquímicos;entre otros.

A diferencia del RIGI, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15 %y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, y una exención de derechos de exportación.

En tanto el proyecto para regular los “Lobby” tendrá que transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores, para evitar un conflicto de intereses.

Uno de los puntos claves es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios.

También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby. IP

Quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.

NA

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