Politica

El Banco Nación frenó adelantos y se demora unos días el pago de sueldos de empleados de organismos públicos

Después de sacrificar el paquete fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno cumplió su palabra y dispuso un nuevo ajuste sobre el sector público al restringir el adelanto de fondos para el pago de haberes.

La medida había sido anticipada la semana pasada, pero empezó a impactar este lunes con la postergación del pago de sueldos de más de 20.000 empleados de organismos públicos.

“A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuestas por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria”, informó la Universidad Nacional de Rosario.

En ese marco, la casa de estudios señaló que “el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la transferencia”. De esa manera, unos 11.000 docentes y trabajadores no docentes que cobraban sus salarios entre el 3 y 5 de cada mes deberán esperar hasta nuevo aviso.

El Banco Nación adoptó esa medida en respuesta a la decisión del gobierno de restringir el cupo de adelantos transitorios para financiar el pago de haberes del sector público no financiero. Se trata de una norma del Banco Central dispuesta en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y que se renovó año a año, pero ahora las autoridades decidieron no prorrogarla.

El Ejecutivo tomó la decisión la semana pasada cuando la ley ómnibus empezó a empantanarse. En una comunicación inusual, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Banco Central no iba a extender la autorización (que vence este miércoles) para que las provincias se endeuden con bancos provinciales para afrontar necesidades urgentes, en referencia a la comunicación A7674.

En realidad, la normativa del BCRA no solo alcanza a los bancos provinciales que contaban con ese margen crediticio para pagar haberes del sector público no financiero, sino que condiciona a todas las entidades financieras, incluido el Banco Nación. “No solo afecta a universidades, sino a ministerios y otros organismos”, confirmaron fuentes oficiales.

Una de las reparticiones afectadas es el Hospital Posadas, con 5.000 empleados. Las autoridades informaron que “debido a una nueva disposición del Banco de la Nación Argentina que excede al área administrativa del hospital, los sueldos correspondientes al mes de enero de 2024 se harán efectivos en las cuentas sueldos del personal del 1° al 5° de febrero de 2024”.

La medida también alcanza a 7.000 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), así como al personal de la Universidad Nacional de Arte (UNA), la Universidad de San Juan (UNSJ) y la de San Luis (UNSL). La institución puntana estimó que los sueldos serán abonados “dentro de los primeros diez (10) días del mes”.

La decisión oficial cayó como una bomba en las provincias, en donde el sector estatal depende del adelanto de fondos de bancos provinciales o el Banco Nación para el pago de haberes. En algunos distritos como Catamarca, ya empezaron a acusar recibo del cierre de la canilla desde Nación, lo que refleja la intención del Ejecutivo de compartir el costo del ajuste con las provincias.

Hasta ahora, el Gobierno venía ajustando partidas en la administración nacional. Después de dar de baja 7.000 contratos y recortar horas extras, jefatura de Gabinete intimó la semana pasada a todos los ministerios a reducir cargos intermedios. Pero las dificultades para conseguir el apoyo de los gobernadores al plan de shock llevó al Ejecutivo a endurecer las medidas.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes la eliminación del capítulo fiscal de la ley ómnibus y la puesta en marcha de “un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias”, con el recorte inmediato de transferencias discrecionales destinadas a programas nacionales, subsidios y obra pública. Todo, para alcanzar el “déficit financiero cero”.

Clarín

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Politica

El Congreso debatirá la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años en febrero

A través del Decreto 53/2026, el Gobierno nacional incluyó la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias. Se suma a la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto busca igualar la legislación argentina con países como Uruguay y Brasil.

El calendario legislativo de febrero sumó un tema de alto impacto social. El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias, habilitando al Congreso para discutir la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años y el oficialismo pretende llevar a los 13 años.

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, coloca al nuevo Régimen Penal Juvenil como el quinto eje de una agenda que ya incluía temas cruciales para San Juan, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

¿Cómo será la hoja de ruta en el Congreso?

A pesar de la urgencia que el Gobierno le imprime al tema, fuentes oficiales confirmaron que habrá un orden de prioridades para no entorpecer los acuerdos políticos:

Primero, lo urgente: El tratamiento comenzará con la Reforma Laboral en el Senado y el acuerdo Mercosur-UE en Diputados.
Segundo paso: Una vez que esos proyectos avancen, se habilitará el debate de la Ley Penal Juvenil, que ingresaría inicialmente por la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación argentina quedó desactualizada respecto a la región. Mencionan los casos de Brasil y Uruguay, donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente. El proyecto se basaría en un dictamen de comisión del año pasado, pero con ajustes para buscar el consenso de otros bloques que tienen propuestas similares.

Con esta incorporación, el periodo que va del 2 al 27 de febrero será determinante. El interés es doble, por un lado, el impacto de la seguridad y el régimen penal; y por otro, la expectativa por la Ley de Glaciares, que podría definir el futuro de grandes inversiones mineras en Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia “más moderno y justo”, mientras la oposición ya prepara sus argumentos para un debate que promete ser uno de los más intensos del año.

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Politica

Reforma Laboral: Bullrich negocia cambios con los gobernadores para destrabar los votos en el Senado

La titular del bloque oficialista evalúa modificar puntos clave del proyecto ante el reclamo de las provincias por la caída de la coparticipación. En la misma mesa, los mandatarios de provincias mineras como San Juan presionan por cambios en la Ley de Glaciares para ampliar las zonas de explotación.

El tablero político nacional se mueve intensamente de cara a las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich lidera las conversaciones para reformar el proyecto de ley laboral original, buscando un equilibrio que permita obtener la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El principal escollo hoy es el impacto fiscal. Los gobernadores advirtieron que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, contemplada en la reforma, afectaría directamente las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable. La propuesta de los mandatarios es que la reducción sea escalonada, permitiendo que el repunte del consumo compense gradualmente la caída de ingresos.

El factor minero: Glaciares en la negociación

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca asegurar los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras han puesto sobre la mesa una condición estratégica: la modificación de la Ley de Glaciares.

Este pedido, central para el desarrollo de proyectos en San Juan, busca redefinir la normativa actual para permitir explotaciones en zonas periglaciares, lo que desbloquearía inversiones millonarias que hoy están frenadas por la interpretación ambiental de la ley vigente.

La estrategia de Bullrich de “ceder para avanzar” no cuenta con el apoyo total del equipo económico. Mientras ella, Santilli y Martín Menem están dispuestos a retocar el proyecto para asegurar los votos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, insisten en mantener los plazos originales de reducción impositiva.

“Hay gobernadores que están 100% a favor y otros que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para sus provincias”, resumen desde la Casa Rosada sobre la complejidad de unificar el reclamo.

Esta semana será clave para definir si se reabren las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para un nuevo dictamen o si los cambios se introducen directamente en el recinto durante el tratamiento en febrero.

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Politica

Milei reestructura la SIDE: busca centralizar la inteligencia y eliminar “funciones políticas”

A través de un fuerte comunicado, la Casa Rosada justificó los cambios como una “reforma de segunda generación”. Mientras el Ejecutivo defiende el achicamiento de estructuras, la oposición denuncia la creación de una “policía secreta” y presiona en el Congreso para controlar el DNU.

REDACCIÓN JÁCHAL MAGAZINE – El sistema de inteligencia argentino atraviesa una transformación radical. Tras la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, el Gobierno nacional detalló las nuevas funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), argumentando que el objetivo es terminar con décadas de “opacidad y uso político”.

Los ejes de la reforma

Según el comunicado oficial, la reforma busca adecuar el sistema a las “amenazas del siglo XXI” mediante varios puntos clave:

Foco en Contrainteligencia: La Agencia de Seguridad Nacional se limitará exclusivamente a proteger al Estado de espionaje o injerencia externa.
Recorte de funciones: La SIDE dejará de ocuparse de la seguridad interna (que queda bajo el Ministerio de Seguridad) y de la infraestructura crítica (que pasa a Innovación, Ciencia y Tecnología).
Eficiencia militar: Se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con el Estado Mayor Conjunto.
Carácter encubierto: Todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter reservado para reducir el “riesgo estratégico”.

La medida no tardó en despertar fuertes críticas en el arco opositor. Sectores del kirchnerismo y bloques aliados como Encuentro Federal y la Coalición Cívica advirtieron que el DNU otorga facultades excesivas y reduce el control parlamentario.

Referentes de la oposición, como Leopoldo Moreau y Agustín Rossi, denunciaron que la reforma podría dar lugar a una “fuerza parapolicial” al permitir detenciones en flagrancia y el uso de personal militar para tareas de inteligencia civil.

Ante este escenario, se ha iniciado una fuerte presión sobre Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para conformar de manera urgente las comisiones bicamerales:

De Trámite Legislativo: Para validar o rechazar el DNU.
De Inteligencia: Para ejercer el control sobre las actividades de los espías.

Plazos legales

El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. Una vez allí, la comisión tiene otros 10 días para dictaminar. Si no hay acuerdo en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratar el DNU en el recinto, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sostener la reforma de la nueva SIDE.