El Gobierno de San Juan presentó una reforma integral del IPV que incorpora el sorteo como regla general, crea cupos especiales, limita el acceso de funcionarios y suma nuevas herramientas de control y transparencia.

El Gobierno de San Juan avanza con una reforma integral del régimen del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una normativa que rige desde 1978 y que tuvo su última modificación en 2018 con la incorporación de las Unidades de Vivienda (UVI). El nuevo proyecto, enviado a la Legislatura, propone actualizar los criterios de acceso, transparentar los procesos de adjudicación y establecer límites estrictos para funcionarios y autoridades políticas, incorporando herramientas de control y participación ciudadana.

Sorteo como regla general

Uno de los cambios centrales es la forma de adjudicación. La iniciativa establece que la entrega de viviendas y beneficios del IPV se realizará, como regla general, mediante sorteo público, con familias previamente empadronadas y evaluadas según criterios establecidos en la reglamentación. La asignación de unidades también será por sorteo, salvo excepciones justificadas.

El sorteo no será obligatorio en todos los casos. El proyecto exceptúa a los emprendimientos con aportes privados y participación de entidades intermedias, aunque estos deberán reservar un cupo obligatorio para sorteos públicos. También se podrán otorgar viviendas sin sorteo en situaciones de extrema vulnerabilidad, emergencias, desastres o riesgo cierto e inminente, siempre con autorización del gobernador y con informes técnicos, sociales y jurídicos que respalden la decisión.

Sistema de puntaje previo

Antes del sorteo, se aplicará un sistema de puntaje que evaluará la composición familiar, ingresos, condiciones habitacionales, hacinamiento, enfermedades o condiciones físicas o mentales, antigüedad en el registro y situaciones contempladas en leyes especiales. El proyecto incorpora además la inexistencia de antecedentes penales y la no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos como criterios de evaluación.

Registro Público Digital

La reforma crea un Registro Público Digital de beneficiarios del IPV, de acceso libre, gratuito y permanente. Este registro deberá informar la nómina de adjudicatarios, la fecha y el estado del beneficio, con protección de datos sensibles. El IPV será responsable de su implementación, veracidad y actualización, que deberá realizarse al menos una vez al año.

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Cupos especiales de hasta el 20%

El proyecto establece cupos de hasta el 20% del total de los programas habitacionales para sectores específicos:

• Personas con discapacidad y sus familias.
• Mujeres jefas de hogar responsables exclusivas.
• Integrantes de fuerzas de seguridad.
• Docentes.
• Trabajadores del sistema sanitario que residan y trabajen en San Juan.

Los porcentajes finales serán definidos por reglamentación.

Límites estrictos para funcionarios

La iniciativa incorpora restricciones para evitar conflictos de intereses. Determinados funcionarios y autoridades políticas de los tres poderes provinciales y de los municipios no podrán acceder a viviendas sociales, y la prohibición alcanzará también a cónyuges, convivientes y familiares directos hasta segundo grado. La restricción se extenderá dos años después del cese del cargo.

El falseamiento de información podrá derivar en la nulidad del beneficio y en responsabilidades administrativas, civiles o penales. Se exceptúan algunas asistencias financieras para construcción o ampliación y emprendimientos privados con entidades intermedias.

El “principio de realidad”

La reforma incorpora el principio de realidad, que prioriza la situación social, económica y habitacional efectiva de la familia por sobre condiciones formales o registrales. También contempla la buena fe, la ocupación efectiva y la necesidad habitacional. Las viviendas deberán cumplir una finalidad exclusivamente social, excluyendo usos especulativos, comerciales o de inversión.

Canal digital de denuncias

El proyecto suma un canal digital de denuncias, público y gratuito, que permitirá informar irregularidades de manera anónima. Los planteos serán registrados y evaluados, y ante indicios razonables podrán derivar en actuaciones administrativas.

Recupero y regularización dominial

La iniciativa busca acelerar el recupero de viviendas y lotes con irregularidades en emprendimientos estatales o financiados por el Estado. Las actuaciones administrativas y judiciales tendrán carácter preferencial y urgente. El mismo criterio se aplicará a la regularización dominial de inmuebles que aún no cuentan con título definitivo.

En un foro internacional, Orrego afirmó que San Juan tiene oportunidades de inversión por más de US$30.000 millones y que el objetivo central es transformar ese potencial minero en empleo y desarrollo provincial.

San Juan volvió a posicionarse en la agenda internacional de inversiones y desarrollo productivo. En el X Foro Pymes Italia–América Latina 2026, el gobernador Marcelo Orrego expuso ante referentes empresariales, académicos y gubernamentales de ambos continentes sobre el potencial minero de la provincia, especialmente vinculado al cobre, uno de los minerales críticos más demandados en el mundo por la transición energética global.

El foro, considerado uno de los espacios de articulación económica más prestigiosos entre Europa y América Latina, reunió a más de 1.500 participantes, 800 rondas de negocios y decenas de instituciones públicas y privadas. En ese escenario, Orrego presentó la visión estratégica de San Juan y destacó que la provincia concentra seis de los diez proyectos cupríferos avanzados del país, lo que la ubica como un actor central en la producción de minerales esenciales para la electromovilidad, las energías renovables y la industria tecnológica.

Durante su exposición, el gobernador subrayó que la demanda mundial de cobre se encuentra en un crecimiento sostenido y que San Juan posee una cartera de proyectos con oportunidades de inversión superiores a los US$30.000 millones, entre iniciativas en exploración, prefactibilidad y factibilidad. Señaló que el desafío es transformar ese potencial en empleo genuino, desarrollo territorial y fortalecimiento de las cadenas de valor locales, articulando al sector privado con políticas públicas que garanticen seguridad jurídica, infraestructura y reglas claras.

La minería metalífera empuja el empleo y coloca a San Juan entre las provincias con mejor desempeño

Orrego remarcó que la provincia trabaja para consolidar un ecosistema productivo que permita que la minería sea un motor de desarrollo integral, con impacto en proveedores locales, pymes, servicios, logística y formación de talento. En ese sentido, destacó la importancia de los minerales críticos en la transición energética y la oportunidad que representa para San Juan participar de cadenas globales que requieren cobre para baterías, vehículos eléctricos, redes de transmisión y tecnologías de almacenamiento.

El gobernador también valoró la presencia de San Juan en espacios internacionales como el Foro Pymes, donde la provincia puede mostrar su potencial, atraer inversiones y fortalecer vínculos con instituciones europeas interesadas en proyectos sostenibles y de largo plazo. Subrayó que la minería sanjuanina se desarrolla bajo estándares ambientales y sociales que buscan compatibilizar producción, cuidado del territorio y participación comunitaria.

La intervención de Orrego fue recibida como una señal de apertura y proyección internacional de la provincia, que continúa posicionándose como uno de los territorios más relevantes de Argentina en materia de recursos estratégicos para la economía global.

Con esta participación, San Juan reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo que busca convertir su potencial geológico en empleo, innovación y crecimiento provincial, articulando la minería con la diversificación productiva y la integración internacional.

La Corte de Justicia presentó en Diputados el proyecto para adecuar transitoriamente el Régimen Penal Juvenil en San Juan, tras la entrada en vigencia de la Ley 27.801.

San Juan dio este miércoles un paso institucional clave para adecuar su sistema judicial al nuevo Régimen Penal Juvenil que ya rige en todo el país. A las 08:50, ingresó por Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de disposiciones transitorias, elaborado y enviado directamente por la Corte de Justicia de San Juan al vicegobernador y presidente del cuerpo legislativo, Fabián Martín.

La iniciativa, firmada por los ministros del máximo tribunal provincial, se apoya en la atribución conferida por el artículo 207, inciso 8 de la Constitución de San Juan, que habilita a la Corte a presentar proyectos vinculados con la organización y funcionamiento del Poder Judicial y con los códigos y leyes de procedimientos. El documento solicita a la Legislatura avanzar con las diligencias necesarias para su tratamiento y sanción, en virtud de la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional.

Un cambio estructural en el sistema penal juvenil

El proyecto provincial surge tras la implementación de la Ley Nacional 27.801, que creó un régimen penal específico para adolescentes de 14 a 18 años, reemplazando al histórico Decreto-Ley 22.278. La nueva normativa busca promover la responsabilidad penal juvenil con un enfoque que combine educación, resocialización e integración social, incorporando medidas alternativas, mecanismos de supervisión y, en casos determinados, penas privativas de la libertad.

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La ley fue sancionada el 27 de febrero de 2026, promulgada el 6 de marzo y publicada el 9 de marzo. Su artículo 52 estableció que comenzaría a regir 180 días después, por lo que entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026. A partir de ese momento, las provincias quedaron obligadas a adecuar sus estructuras normativas y operativas.

San Juan inicia su proceso de adecuación

El Gobierno nacional reglamentó la ley mediante el Decreto 875/2026, publicado el 7 de septiembre, creando mecanismos de coordinación entre Nación y provincias. En ese marco, el proyecto presentado por la Corte constituye el primer paso para que San Juan adapte su funcionamiento judicial al nuevo régimen.

La iniciativa se vincula directamente con la Ley 754-O, el Código Procesal Penal de San Juan, que regula el proceso penal provincial y deberá complementarse con las disposiciones transitorias propuestas por la Corte para garantizar una transición ordenada.

Un escenario legislativo decisivo

El proyecto ingresa a la Cámara de Diputados en un momento particular: el nuevo régimen nacional ya está vigente, por lo que la discusión provincial se produce en plena etapa de implementación, y no de manera anticipada. Esto obliga a acelerar la adecuación normativa para evitar vacíos legales y garantizar que los organismos judiciales cuenten con reglas claras mientras se avanza hacia la adaptación definitiva.

La presentación de la Corte constituye además una señal institucional relevante. Al provenir del máximo tribunal, el proyecto apunta directamente a resolver las cuestiones operativas y procedimentales que el Poder Judicial deberá aplicar frente al nuevo régimen penal juvenil.

Ahora será la Legislatura de San Juan la que deberá analizar el texto, iniciar el proceso parlamentario correspondiente y definir los pasos para convertirlo en ley, en un contexto donde la adecuación normativa es indispensable para garantizar el funcionamiento pleno del sistema penal juvenil en la provincia.