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Impsa: el gobierno avanzó con la primera privatización de la era Milei

La Secretaría de Comercio anunció que se vendieron las acciones que tenía el Estado y la provincia de Mendoza de la empresa metalúrgica a la compañía estadounidense Arc Energy.

“Privatizamos Impsa”. Así anunció hoy a la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, el fin de un proceso que empezó hace más de ocho meses, cuando el Gobierno decidió vender las acciones que tiene de la emblemática empresa metalúrgica fundada en Mendoza por la familia Pescarmona, en 1907.

A partir de ahora, la compañía estadounidense Arc Energy tendrá el control de la firma, luego de ofrecer US$27 millones por la adquisición del 85% de las acciones que estaban en manos del Estado y de la provincia de Mendoza, además de hacerse cargo de la deuda por US$576 millones que Impsa acumula con acreedores internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La empresa mendocina, que tiene 660 empleados, se dedica a la fabricación de turbinas para centrales hidroeléctricas, grúas y reactores nucleares para abastecer a los sectores de metalurgia, generación de energía y tecnología.

“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa –integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza– resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado Nacional y provincial al consorcio IAF, cuyo socio principal es Arc Energy”, dijo Comercio.

Arc Energy había presentado la única oferta para quedarse con las acciones de Impsa. Según narraron a LA NACION, fueron ellos quienes se acercaron al Gobierno para iniciar esta negociación por la capitalización de Impsa. “Es el complemento ideal para nuestra unidad de negocios y exportación de valor agregado”, dijeron. La empresa nació en 2011 y se especializa en brindar soporte operativo a la industria del petróleo y del gas. Posee inversiones en Estados Unidos, América Latina, África, Asia y Europa.

Como parte del capital accionario de Impsa, el Estado tenía el 63,7% de participación, a través del Fondep, mientras que la provincia de Mendoza era propietaria del 21,2%. El resto está en manos privadas, repartido en un 5,3% de la familia Pescarmona y 9,8% le pertenece a acreedores a través de sendos fideicomisos de garantía.

“La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”, dijo la Secretaría de Comercio.

El CEO de ARC Energy, Jason Arcenaux, visitó varias veces las instalaciones de Impsa en Mendoza y recorrió su Centro de Desarrollo Tecnológico. En esas ocasiones dijo que la firma “cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”. Ayer fue recibido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

“Con la privatización, Impsa volverá a tener accionistas privados. Agradezco el trabajo en conjunto realizado durante estos meses con Luis Caputo, Juan Pazo y todo el equipo. El cambio de rumbo económico que lleva adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances”, escribió el gobernador en su cuenta de X (ex-Twitter).

El ocaso de un símbolo de la industria argentina


El proceso de estatización de Impsa comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando el CEO Juan Carlos Fernández le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.

Los problemas financieros de la empresa, sin embargo, habían empezado mucho antes, en 2014, cuando entró en cesación de pagos por “malos negocios”, principalmente con Venezuela. Impsa acumulaba un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente redujo a menos de la mitad, luego de llevar adelante un plan para restablecer operaciones.

En abril de 2018, el empresario Enrique Menotti Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado de la compañía que había fundado su abuelo, en 1907, y que fue un símbolo de la industria argentina durante un siglo.

En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. En mayo de 2011, finalmente se anunció que el Estado invertía US$15 millones y se quedaba con el 63,7% de la firma, mientras que Mendoza aportaba US$5 millones e ingresaba con el 21,2%.

Pese a ese salvataje, la empresa nunca logró mejorar su balance. Según la cartera que conduce Luis Caputo, Impsa generaba una pérdida mensual de US$5 millones, además de la deuda con sus acreedores internacionales equivalente a US$576 millones.

La Nación

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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La Armada presentó en Ushuaia los detalles del proyecto estratégico para el Atlántico Sur

Quirno y Presti visitaron Ushuaia para evaluar el predio de la Base Naval Integrada y reunirse con el gobernador Melella en medio de la tensión por Malvinas.

En medio de la agenda estratégica vinculada al Atlántico Sur y a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti realizaron una visita de trabajo a Ushuaia, donde recorrieron el predio destinado a la construcción de la Base Naval Integrada, una infraestructura considerada clave para el posicionamiento del país en el extremo austral.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la obra, proyectada como un polo estratégico para operaciones en el Atlántico Sur y para la proyección argentina hacia la Antártida.

Como parte de la agenda institucional, Quirno y Presti mantuvieron una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede de la Gobernación. Allí abordaron los avances del proyecto y la articulación entre Nación y provincia para su ejecución. Melella expresó su respaldo a la iniciativa y destacó que la Base Naval Integrada es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años”, en conjunto con el desarrollo del Polo Logístico Antártico.

El gobernador también subrayó la importancia de sostener un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y recordó el acompañamiento institucional de la provincia en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

Posteriormente, los funcionarios nacionales se trasladaron al predio donde se levantará la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición técnica a cargo de la Armada Argentina. Durante la presentación se detallaron las principales características del proyecto, su alcance operativo y su rol en la estrategia nacional para la defensa de los activos estratégicos y la presencia argentina en la región austral.

Quirno destacó que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia la Antártida y la revalorización de los recursos estratégicos del país.

La Base Naval Integrada está concebida como un polo logístico y operativo que permitirá fortalecer la presencia argentina en el extremo austral, mejorar las capacidades de apoyo a las campañas antárticas y potenciar el desarrollo de actividades científicas en la región. Su construcción representa un paso significativo en la consolidación de una infraestructura estratégica que articula defensa, ciencia y política exterior.

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Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido “será implacable” en la defensa de las Islas Malvinas, en respuesta a las recientes iniciativas del presidente Javier Milei sobre la soberanía del archipiélago.

La disputa diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión internacional. Desde la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Andy Burnham lanzó una advertencia categórica en respuesta a las recientes iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, afirmó ante el Parlamento, en una señal política que endurece la postura de Londres en el Atlántico Sur.

La intervención del premier se produjo durante un debate parlamentario en el que Burnham ratificó la doctrina británica basada en el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. Aunque evitó mencionar directamente a Milei o a la Argentina, el jefe de Gobierno sostuvo que el Reino Unido “siempre respetará los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, reafirmando la posición histórica de Downing Street.

La exposición del primer ministro fue respaldada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien remarcó ante los legisladores que “no hay duda” sobre la titularidad territorial de Londres ni sobre el compromiso del Gobierno británico con los derechos democráticos de los isleños. La funcionaria subrayó que la postura del Reino Unido es “inquebrantable” y que cualquier reclamo argentino será respondido con firmeza.

El clima político en Westminster se tensó aún más por la intervención de la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien exigió al Gobierno laborista una posición inflexible frente a las iniciativas de la Casa Rosada. Badenoch acusó a la administración argentina de “amenazar a las Malvinas” y reclamó que el Parlamento envíe un mensaje contundente: la soberanía británica sobre el archipiélago “no es negociable”.

La reacción unánime de los bloques políticos británicos vuelve a congelar los canales diplomáticos entre Buenos Aires y Londres, en un contexto donde la administración de Milei ha impulsado gestos y declaraciones orientadas a reactivar el reclamo argentino por la soberanía. La advertencia de Burnham, sumada a la presión conservadora, marca un endurecimiento de la postura británica y refuerza la línea histórica del Reino Unido en materia de defensa territorial.

Con este episodio, la disputa por las Malvinas ingresa en una nueva fase de tensión, donde las señales políticas de ambos gobiernos se amplifican en el escenario internacional y vuelven a colocar el conflicto en el centro del debate geopolítico del Atlántico Sur.

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Milei endurece la política por Malvinas y anuncia una base naval en Tierra del Fuego

Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones más duras a petroleras que operen en Malvinas, en medio del avance del proyecto Sea Lion.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un mensaje transmitido por cadena nacional que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Entre los anuncios más relevantes se encuentran la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras extranjeras que operan en el área bajo administración británica.

El mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley orientado a fortalecer las herramientas diplomáticas, económicas y legales del Estado argentino frente a las actividades de explotación de recursos naturales en la zona en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei al abrir su mensaje, y remarcó que el reclamo debe estar acompañado por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La decisión se produce en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé inversiones millonarias y una producción estimada de 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Ambas empresas ya fueron sancionadas por Argentina en años anteriores por operar sin autorización en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

El Gobierno argentino considera que el desarrollo del proyecto constituye una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que las perforaciones podrían comenzar en los próximos meses, lo que incrementó la tensión diplomática.

El anuncio de Milei también se inscribe en un escenario internacional en movimiento. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la posición de Washington respecto al conflicto y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad estadounidense. La respuesta generó reacciones inmediatas del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su postura sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, según explicó Milei, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y dotar al Estado de infraestructura estratégica para la defensa y el control de los recursos naturales. El Gobierno también anticipó que las nuevas sanciones alcanzarán no solo a las petroleras involucradas, sino también a proveedores, contratistas y empresas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con estas medidas, la administración nacional busca trasladar el reclamo por Malvinas al plano legislativo y reforzar las herramientas con las que pretende intervenir frente al avance de actividades económicas en el área en disputa. El paquete de leyes será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

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