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La Cámara Federal de Casación confirmó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La pena, de seis años de cárcel, corresponde al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El daño ocasionado a través de los beneficios concedidos a Lázaro Báez por medio de la obra pública vial, ascendió a 85.000 millones de pesos. La resolución será apelada para que se expida la Corte Suprema, última instancia del Poder Judicial.

En una breve audiencia que también fue transmitida por YouTube, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia del caso Vialidad, con la que avalaron el criterio que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adoptó el 6 de diciembre de 2022.

Por unanimidad, los camaristas confirmaron las condenas de Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Daruich y Mauricio Collareda, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sin embargo, la ex presidenta y vicepresidenta no irá a la cárcel. La sentencia sólo será de cumplimiento efectivo cuando la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso. Las defensas como el Ministerio Público Fiscal, tienen diez días para pedir que el máximo tribunal intervenga en el caso. Será recién en marzo cuando la sentencia comience a ser estudiada.

El dinero que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta asciende a 84.835.227.378,04 pesos. Es el dinero que los camaristas ordenaron decomisar a los condenados.

Además, por unanimidad, se convalidaron las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de la acción penal de Carlos Santiago Kirchner, acusado durante el juicio únicamente por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La asociacion ilícita, otra vez en minoría

Hubo un solo voto, del juez Gustavo Hornos, que sostuvo que también se había configurado el delito de asociación ilícita, motivo por el cual consideró que Cristina, López, Báez y Periotti, debían ser condenados por dicha acusación. Un criterio que no acompañaron sus pares Borinsky y Barroetaveña.

En un fallo de más de 1.700 fojas, la Casación Federal refrendó la hipótesis trazada desde la instrucción del expediente: que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de Báez en forma irregular, además tuvieron procesos direccionados hacia él, con simulación de concursos y sobrecostos. El amigo de la familia Kirchner se quedó con el 86% de las obras nacionales licitadas en Santa Cruz, la mitad de las cuales quedaron inconclusas pero igual se cobraron.

Los camaristas encontraron que los hechos atribuidos a Cristina Kirchner tenían sustento jurídico y convalidó los fundamentos del TOF 2. Los integrantes de la Sala IV expresaron que los hechos juzgados refieren a los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional“.

Se trata de las 51 licitaciones otorgadas sistemáticamente, al Grupo Austral propiedad de Lázaro Báez. En este sentido se explicó cómo se puso el Estado en beneficio de un grupo económico con fuertes lazos comerciales con la entonces presidenta de la Nación.

Los responsables de las diversas áreas “omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas, como así también supervisar mínimamente la marcha de la construcción de las obras”. Ademas, se habló de un “trato preferencial a las sociedades del grupo proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de adelantos financieros permanentes y de pagos anticipados de certificados de obra”.

El funcionamiento de esa estructura, entendieron los camaristas, posibilitó que el grupo empresarial de Báez tuviera un “crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Austral Construcciones tuvo como único ingreso económico los fondos del Estado nacional.

Los procesos licitatorios cuestionado en este caso, fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa.

Por ese motivo, se expresó que los imputados Periotti, Daruich, Collareda, Villafañe, Pavesi y Santibáñez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, “operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras”.

También se responsabilizó a José López, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas.

Responsabilidades institucionales

Al momento de determinar la estructura defraudatoria, se hizo mención a una “alianza delictiva de funcionarios públicos de distinta jerarquía que, paradójicamente, tenían a su cargo el cuidado de estos intereses estatales, debe ser juzgada con la rigurosa eficacia que exige el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país en materia de lucha contra la corrupción”.

Respecto al análisis de las responsabilidades institucionales, los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña entendieron que en las gestiones kirchneristas, existieron “un conjunto de actos de gobierno” que tuvieron por finalidad “concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades”.

En esa lógica, se destacó la suscripción por parte Cristina Kirchner del Decreto 54/09, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- “financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Lázaro Báez”. Esa normativa tuvo la intervención de José López, quien sugirió la confección de dicho circuito.

Clarín

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Politica

Fricción en el oficialismo: Bullrich criticó las declaraciones de Milei sobre la prensa

La senadora Patricia Bullrich cuestionó los dichos de Javier Milei contra el periodismo en la Fundación Faro y advirtió que “se cruzo un límite”.

La presidenta del bloque libertario en el Senado se refirió a los dichos del mandatario durante la cena de la Fundación Faro, donde habló de “quemar periodistas en la hoguera”. Aunque defendió el derecho a responder críticas, advirtió que “se responde con argumentos” y que es necesario cuidar las palabras.

En medio del debate público generado tras el último discurso del presidente Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro, la senadora y presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuestionó los duros cruces del mandatario contra la prensa y advirtió que con frases como la de “quemar periodistas en la hoguera” se ha cruzado un límite.

Durante una entrevista televisiva con LN+, la legisladora analizó el episodio y reconoció que, si bien la libertad de expresión protege tanto la labor crítica del periodismo como el derecho del Presidente a contestar los cuestionamientos, las formas institucionales y el respeto al escrutinio público deben resguardarse. “Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde. Pero es mi responsabilidad marcar que cuando una palabra cruza un límite, como esta frase de la hoguera, que es una expresión muy fuerte y muy dura, se debe señalar”, reflexionó.

En esa línea, Bullrich enfatizó que el poder político siempre está bajo la mirada de la sociedad y de los medios de comunicación, por lo que instó a moderar el tono del debate público: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera. Se responde con argumentos”.

Patricia Bullrich retiró el capítulo de tierras para evitar un revés legislativo en el Senado

El contraste y la polémica por el caso $LIBRA

Las declaraciones de la senadora se produjeron apenas un día después de que ella misma compartiera en su cuenta oficial de X una fotografía en la que se la ve abrazada a Javier Milei durante el evento realizado en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, acompañada por el mensaje: “Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”.

El respaldo inicial contrastó con sus posteriores matices frente a los dichos del jefe de Estado, quien durante su exposición arremetió con dureza contra los periodistas que investigaron la causa vinculada al caso $LIBRA, utilizando expresiones descalificativas y afirmando que los responsables de difundir lo que calificó como información falsa “se tienen que quemar en la hoguera”.

Las declaraciones presidenciales provocaron un inmediato rechazo a nivel nacional. Entidades de peso institucional como la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitieron duros comunicados de repudio, a los que se sumaron referentes legislativos del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y sectores del Pro.

Agenda legislativa, economía y su postura sobre Brasil

Durante la misma entrevista, Bullrich abordó otros temas de coyuntura política y económica de cara al tramo final del año y al escenario electoral del próximo período. Al ser consultada sobre posibles acuerdos políticos de cara a las presidenciales del año entrante, aclaró que es una definición “que no está decidido en este momento”.

Asimismo, puso el foco en la necesidad de ajustar el rumbo macroeconómico para que el impacto positivo llegue de forma directa a la vida cotidiana de las familias: “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños [logros] para las familias; se necesitan ciertos correctivos”.

Finalmente, la senadora se refirió al plano internacional y a su reciente respaldo al candidato brasileño Flavio Bolsonaro de cara al balotaje frente a Lula da Silva. Tras explicar que el pedido de apoyo llegó a través de su equipo de comunicación lo que motivó un mensaje grabado en portugués difundido el pasado jueves, aclaró la postura diplomática adoptada: “Es una elección donde nosotros apoyamos, pero respetamos a los brasileros”.

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El gobierno nacional habilita retiros voluntarios para 20 mil empleados en noviembre

El gobierno habilitó un retiro voluntario para 20 mil empleados estatales, con pagos de hasta 20 sueldos y prohibición de reingreso al sector público por 8 años.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reorganización del empleo público al oficializar un régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la administración central. La medida, establecida mediante el Decreto 1203/2026, habilita a los empleados en condiciones de adherirse entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extender el plazo por única vez durante 30 días adicionales. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, alrededor de 20 mil agentes cumplen los requisitos para incorporarse al programa.

El esquema contempla compensaciones económicas diferenciadas según la edad, los aportes previsionales y la antigüedad de cada trabajador, con topes que alcanzan hasta 20 remuneraciones. Además, incorpora una cláusula de restricción que impide el reingreso al Sector Público Nacional durante ocho años, con el objetivo de evitar reincorporaciones posteriores y consolidar la reducción de la planta permanente.

El régimen está dirigido exclusivamente a personal de la administración central comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos los organismos descentralizados como ANSES y sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el Servicio Exterior y áreas de inteligencia del Estado.

La normativa establece tres grupos de beneficios. El primero incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que aún no reúnen aportes suficientes para jubilarse, quienes podrán optar por una gratificación única o por el cobro del 60% del salario bruto durante hasta 36 meses. El segundo grupo abarca a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 con 30 años de aportes, que recibirán un salario por cada año de antigüedad más cinco remuneraciones adicionales. El tercer grupo contempla a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, con compensaciones que combinan antigüedad y adicionales según los años de servicio acumulados.

Milei confirmó que no se renovarán 70 mil contratos de empleados públicos

Para adherirse, los empleados deberán cumplir condiciones específicas: no tener procesos penales ni sumarios graves pendientes, desistir de reclamos laborales contra el Estado, no encontrarse en disponibilidad ni haber presentado renuncia en trámite, y no estar transitando licencias prolongadas por afecciones de largo tratamiento. La aceptación del retiro implica la baja definitiva del cargo presupuestario.

Las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para evaluar cada solicitud. Si la desvinculación afecta la prestación de servicios esenciales, podrán rechazarla. En caso de no emitir una resolución expresa, el pedido se considerará denegado.

Con este nuevo régimen, el Gobierno busca avanzar en la reducción del gasto salarial y en la reorganización de la estructura estatal, en un contexto donde otros organismos como ANSES ya implementaron programas propios de retiros voluntarios con condiciones particulares y restricciones de reingreso.

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Politica

Tensión en la Cumbre Federal: Kicillof criticó la política de infraestructura de Milei

En un panel compartido con otros gobernadores, Kicillof criticó la política de infraestructura del Gobierno nacional, habló del rol de Argentina en la economía global y respondió a declaraciones de Diego Santilli.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei durante la Cumbre Federal de Logística, donde cuestionó la paralización de la obra pública nacional y advirtió sobre sus efectos en las provincias. En su intervención, sostuvo que el freno de los proyectos financiados por el Estado nacional está generando consecuencias directas en todo el país y llamó a construir una estrategia de desarrollo que contemple las necesidades de cada jurisdicción.

Kicillof planteó que la interrupción de los trabajos de infraestructura afecta tanto a la producción como a la integración territorial, y remarcó que la Argentina necesita una planificación que articule prioridades y permita avanzar hacia un modelo más equilibrado. En ese sentido, afirmó que la falta de inversión nacional golpea por igual a las provincias y dificulta la posibilidad de sostener proyectos estratégicos.

El mandatario también se refirió al lugar que debería ocupar el país en la economía global, señalando que la discusión sobre el desarrollo no puede quedar supeditada a intereses externos. Para Kicillof, la definición de una estrategia nacional es clave para evitar que la Argentina quede relegada en un contexto internacional marcado por disputas geopolíticas y competencia por recursos estratégicos.

El Gobernador Kicillof apoyó revisar la ley que limita los mandatos municipales

La exposición se dio en un panel compartido con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en un encuentro que reunió a mandatarios provinciales para debatir sobre logística, infraestructura y desarrollo federal. El evento se produjo en medio de negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias, con acuerdos legislativos y electorales en discusión de cara a 2027.

Las declaraciones de Kicillof llegaron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre el impacto que, según su visión, podría tener un eventual regreso del kirchnerismo al poder con el gobernador bonaerense como figura central. El funcionario había mencionado posibles efectos para provincias como Córdoba en relación con las retenciones al sector agropecuario, en un contexto de tensiones políticas y disputas por la agenda económica.

En este escenario, el planteo de Kicillof se inscribe en un debate más amplio sobre el federalismo, la distribución de recursos y el rol de las provincias en la planificación nacional. Su mensaje apuntó a recuperar una mirada integral del país y a advertir que la falta de obra pública no solo frena proyectos, sino que también debilita la capacidad de las provincias para sostener su crecimiento y su infraestructura básica.

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