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La Cámara Federal de Casación confirmó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La pena, de seis años de cárcel, corresponde al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. El daño ocasionado a través de los beneficios concedidos a Lázaro Báez por medio de la obra pública vial, ascendió a 85.000 millones de pesos. La resolución será apelada para que se expida la Corte Suprema, última instancia del Poder Judicial.

En una breve audiencia que también fue transmitida por YouTube, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña dieron lectura a la sentencia del caso Vialidad, con la que avalaron el criterio que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adoptó el 6 de diciembre de 2022.

Por unanimidad, los camaristas confirmaron las condenas de Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Daruich y Mauricio Collareda, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Sin embargo, la ex presidenta y vicepresidenta no irá a la cárcel. La sentencia sólo será de cumplimiento efectivo cuando la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso. Las defensas como el Ministerio Público Fiscal, tienen diez días para pedir que el máximo tribunal intervenga en el caso. Será recién en marzo cuando la sentencia comience a ser estudiada.

El dinero que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta asciende a 84.835.227.378,04 pesos. Es el dinero que los camaristas ordenaron decomisar a los condenados.

Además, por unanimidad, se convalidaron las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de la acción penal de Carlos Santiago Kirchner, acusado durante el juicio únicamente por incumplimiento de deberes de funcionario público.

La asociacion ilícita, otra vez en minoría

Hubo un solo voto, del juez Gustavo Hornos, que sostuvo que también se había configurado el delito de asociación ilícita, motivo por el cual consideró que Cristina, López, Báez y Periotti, debían ser condenados por dicha acusación. Un criterio que no acompañaron sus pares Borinsky y Barroetaveña.

En un fallo de más de 1.700 fojas, la Casación Federal refrendó la hipótesis trazada desde la instrucción del expediente: que los 51 contratos viales otorgados al Grupo Austral de Báez en forma irregular, además tuvieron procesos direccionados hacia él, con simulación de concursos y sobrecostos. El amigo de la familia Kirchner se quedó con el 86% de las obras nacionales licitadas en Santa Cruz, la mitad de las cuales quedaron inconclusas pero igual se cobraron.

Los camaristas encontraron que los hechos atribuidos a Cristina Kirchner tenían sustento jurídico y convalidó los fundamentos del TOF 2. Los integrantes de la Sala IV expresaron que los hechos juzgados refieren a los procesos licitatorios de las 51 obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional“.

Se trata de las 51 licitaciones otorgadas sistemáticamente, al Grupo Austral propiedad de Lázaro Báez. En este sentido se explicó cómo se puso el Estado en beneficio de un grupo económico con fuertes lazos comerciales con la entonces presidenta de la Nación.

Los responsables de las diversas áreas “omitieron controlar suficientemente lo actuado por las contratistas, como así también supervisar mínimamente la marcha de la construcción de las obras”. Ademas, se habló de un “trato preferencial a las sociedades del grupo proveyéndolas de canales exclusivos y privilegiados de adelantos financieros permanentes y de pagos anticipados de certificados de obra”.

El funcionamiento de esa estructura, entendieron los camaristas, posibilitó que el grupo empresarial de Báez tuviera un “crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Austral Construcciones tuvo como único ingreso económico los fondos del Estado nacional.

Los procesos licitatorios cuestionado en este caso, fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa.

Por ese motivo, se expresó que los imputados Periotti, Daruich, Collareda, Villafañe, Pavesi y Santibáñez, ex funcionarios de las agencias viales referidas, “operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras”.

También se responsabilizó a José López, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas.

Responsabilidades institucionales

Al momento de determinar la estructura defraudatoria, se hizo mención a una “alianza delictiva de funcionarios públicos de distinta jerarquía que, paradójicamente, tenían a su cargo el cuidado de estos intereses estatales, debe ser juzgada con la rigurosa eficacia que exige el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país en materia de lucha contra la corrupción”.

Respecto al análisis de las responsabilidades institucionales, los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña entendieron que en las gestiones kirchneristas, existieron “un conjunto de actos de gobierno” que tuvieron por finalidad “concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades”.

En esa lógica, se destacó la suscripción por parte Cristina Kirchner del Decreto 54/09, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- “financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Lázaro Báez”. Esa normativa tuvo la intervención de José López, quien sugirió la confección de dicho circuito.

Clarín

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Milei endurece la política por Malvinas y anuncia una base naval en Tierra del Fuego

Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones más duras a petroleras que operen en Malvinas, en medio del avance del proyecto Sea Lion.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un mensaje transmitido por cadena nacional que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Entre los anuncios más relevantes se encuentran la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras extranjeras que operan en el área bajo administración británica.

El mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley orientado a fortalecer las herramientas diplomáticas, económicas y legales del Estado argentino frente a las actividades de explotación de recursos naturales en la zona en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei al abrir su mensaje, y remarcó que el reclamo debe estar acompañado por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La decisión se produce en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé inversiones millonarias y una producción estimada de 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Ambas empresas ya fueron sancionadas por Argentina en años anteriores por operar sin autorización en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

El Gobierno argentino considera que el desarrollo del proyecto constituye una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que las perforaciones podrían comenzar en los próximos meses, lo que incrementó la tensión diplomática.

El anuncio de Milei también se inscribe en un escenario internacional en movimiento. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la posición de Washington respecto al conflicto y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad estadounidense. La respuesta generó reacciones inmediatas del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su postura sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, según explicó Milei, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y dotar al Estado de infraestructura estratégica para la defensa y el control de los recursos naturales. El Gobierno también anticipó que las nuevas sanciones alcanzarán no solo a las petroleras involucradas, sino también a proveedores, contratistas y empresas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con estas medidas, la administración nacional busca trasladar el reclamo por Malvinas al plano legislativo y reforzar las herramientas con las que pretende intervenir frente al avance de actividades económicas en el área en disputa. El paquete de leyes será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

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Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

Javier Milei presentó su declaración jurada 2025 y declaró un patrimonio de $295,2 millones, un aumento nominal del 43%. También se conocieron las declaraciones de Karina Milei y Luis Caputo, con incrementos significativos en sus bienes.

El presidente Javier Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente al año 2025, en la que se observa un incremento nominal del 43,3% en su patrimonio durante su segundo año de gestión. Según el documento, los bienes, depósitos y dinero declarados pasaron de $206 millones al inicio de 2025 a $295,2 millones al cierre del mismo período. En términos dolarizados, la variación fue mínima debido al efecto del tipo de cambio.

El aumento patrimonial se explica principalmente por la revaluación de activos ya existentes, dado que Milei no incorporó bienes nuevos. Su departamento de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires duplicó su valuación, pasando de $38,4 millones a $73,5 millones. En tanto, sus dos vehículos una Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé mantuvieron los valores declarados el año anterior.

También se registró un incremento en el valor en pesos de sus tenencias en dólares, producto del salto del tipo de cambio: los US$65.562 depositados en una caja de ahorro y los US$20.000 en efectivo pasaron de valuarse a $1029 por dólar a $1446 hacia fin de año.

En cuanto a ingresos, Milei declaró $81,8 millones, compuestos por renta del trabajo personal y actividades vinculadas a empresas y comercio. Sus gastos personales ascendieron a $66,2 millones. Además, el mandatario informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, un pasivo que no figuraba en su declaración del año anterior.

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El patrimonio de Karina Milei

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y mostró un incremento patrimonial significativamente mayor en términos porcentuales: su patrimonio pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, una suba del 210%. El aumento se explica casi exclusivamente por la revaluación de su vivienda en Vicente López, que pasó de $3,9 millones a $28,1 millones.

La funcionaria declaró ingresos netos por $33,1 millones, todos provenientes de su trabajo personal, y gastos por $33,6 millones. Sus deudas también crecieron levemente, pasando de $841.961 a $969.471, con obligaciones registradas en el ICBC y el Banco Santander. Además, incorporó una cuenta de pago en una billetera virtual por $3,8 millones, que no figuraba en la presentación anterior.

La declaración jurada de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó un patrimonio que pasó de $11.851 millones a $19.209 millones, lo que representa un aumento del 62% en pesos. Declaró depósitos bancarios por $12.730 millones, de los cuales el 97% se encuentran en el exterior. Solo una cuenta en Estados Unidos concentra $11.739 millones. Caputo también declaró gastos personales por $237 millones durante 2025.

Las tres declaraciones juradas exhiben incrementos patrimoniales significativos en un contexto de alta inflación y revaluación de activos, y forman parte del esquema de transparencia que exige la normativa vigente para funcionarios nacionales.

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Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA

Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen simplificado de Ganancias, redefine discrepancias y reduce multas para pymes.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce modificaciones en el régimen tributario y redefine la relación entre los contribuyentes y el Estado frente a eventuales discrepancias fiscales. El proyecto, que ahora deberá continuar su trámite en el Senado, amplía el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y establece nuevos criterios de fiscalización.

La norma modifica la ley 27.799 y habilita la adhesión al régimen simplificado a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, eliminando los límites de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora. Además, extiende el plazo para ingresar a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que abre una ventana más amplia para quienes buscan regularizar su situación fiscal bajo un esquema de menor complejidad administrativa.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita a la Administración de Recursos y Control de la Actividad (ARCA) a impugnar una declaración simplificada. A partir de la nueva ley, se considerará discrepancia toda diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. Este criterio busca establecer un umbral más claro y acotado para las revisiones del organismo.

El Presidente lanzó un paquete de reformas que incluye cambios en el BCRA, regla fiscal y mercado financiero

La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, quienes seguirán sujetos a controles más exhaustivos. A la vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y utilizar medios de pago autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV), reforzando la trazabilidad de las transacciones.

Durante el debate legislativo, se incorporó otro cambio relevante: la reducción del 25% en las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas, una medida que busca aliviar la carga sancionatoria sobre el sector y fomentar la regularización voluntaria.

Según fuentes parlamentarias, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal II constituye uno de los avances legislativos que el Gobierno esperaba lograr en la sesión, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Con la media sanción obtenida, el proyecto deberá ser tratado ahora en el Senado, donde continuará el debate sobre su alcance y aplicación.

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