El gobierno habilitó un retiro voluntario para 20 mil empleados estatales, con pagos de hasta 20 sueldos y prohibición de reingreso al sector público por 8 años.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reorganización del empleo público al oficializar un régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la administración central. La medida, establecida mediante el Decreto 1203/2026, habilita a los empleados en condiciones de adherirse entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extender el plazo por única vez durante 30 días adicionales. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, alrededor de 20 mil agentes cumplen los requisitos para incorporarse al programa.

El esquema contempla compensaciones económicas diferenciadas según la edad, los aportes previsionales y la antigüedad de cada trabajador, con topes que alcanzan hasta 20 remuneraciones. Además, incorpora una cláusula de restricción que impide el reingreso al Sector Público Nacional durante ocho años, con el objetivo de evitar reincorporaciones posteriores y consolidar la reducción de la planta permanente.

El régimen está dirigido exclusivamente a personal de la administración central comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos los organismos descentralizados como ANSES y sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el Servicio Exterior y áreas de inteligencia del Estado.

La normativa establece tres grupos de beneficios. El primero incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que aún no reúnen aportes suficientes para jubilarse, quienes podrán optar por una gratificación única o por el cobro del 60% del salario bruto durante hasta 36 meses. El segundo grupo abarca a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 con 30 años de aportes, que recibirán un salario por cada año de antigüedad más cinco remuneraciones adicionales. El tercer grupo contempla a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, con compensaciones que combinan antigüedad y adicionales según los años de servicio acumulados.

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Para adherirse, los empleados deberán cumplir condiciones específicas: no tener procesos penales ni sumarios graves pendientes, desistir de reclamos laborales contra el Estado, no encontrarse en disponibilidad ni haber presentado renuncia en trámite, y no estar transitando licencias prolongadas por afecciones de largo tratamiento. La aceptación del retiro implica la baja definitiva del cargo presupuestario.

Las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para evaluar cada solicitud. Si la desvinculación afecta la prestación de servicios esenciales, podrán rechazarla. En caso de no emitir una resolución expresa, el pedido se considerará denegado.

Con este nuevo régimen, el Gobierno busca avanzar en la reducción del gasto salarial y en la reorganización de la estructura estatal, en un contexto donde otros organismos como ANSES ya implementaron programas propios de retiros voluntarios con condiciones particulares y restricciones de reingreso.

En un panel compartido con otros gobernadores, Kicillof criticó la política de infraestructura del Gobierno nacional, habló del rol de Argentina en la economía global y respondió a declaraciones de Diego Santilli.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei durante la Cumbre Federal de Logística, donde cuestionó la paralización de la obra pública nacional y advirtió sobre sus efectos en las provincias. En su intervención, sostuvo que el freno de los proyectos financiados por el Estado nacional está generando consecuencias directas en todo el país y llamó a construir una estrategia de desarrollo que contemple las necesidades de cada jurisdicción.

Kicillof planteó que la interrupción de los trabajos de infraestructura afecta tanto a la producción como a la integración territorial, y remarcó que la Argentina necesita una planificación que articule prioridades y permita avanzar hacia un modelo más equilibrado. En ese sentido, afirmó que la falta de inversión nacional golpea por igual a las provincias y dificulta la posibilidad de sostener proyectos estratégicos.

El mandatario también se refirió al lugar que debería ocupar el país en la economía global, señalando que la discusión sobre el desarrollo no puede quedar supeditada a intereses externos. Para Kicillof, la definición de una estrategia nacional es clave para evitar que la Argentina quede relegada en un contexto internacional marcado por disputas geopolíticas y competencia por recursos estratégicos.

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La exposición se dio en un panel compartido con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en un encuentro que reunió a mandatarios provinciales para debatir sobre logística, infraestructura y desarrollo federal. El evento se produjo en medio de negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias, con acuerdos legislativos y electorales en discusión de cara a 2027.

Las declaraciones de Kicillof llegaron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre el impacto que, según su visión, podría tener un eventual regreso del kirchnerismo al poder con el gobernador bonaerense como figura central. El funcionario había mencionado posibles efectos para provincias como Córdoba en relación con las retenciones al sector agropecuario, en un contexto de tensiones políticas y disputas por la agenda económica.

En este escenario, el planteo de Kicillof se inscribe en un debate más amplio sobre el federalismo, la distribución de recursos y el rol de las provincias en la planificación nacional. Su mensaje apuntó a recuperar una mirada integral del país y a advertir que la falta de obra pública no solo frena proyectos, sino que también debilita la capacidad de las provincias para sostener su crecimiento y su infraestructura básica.

La Federación Argentina de Municipios exigió restituir recursos educativos, reactivar la obra pública nacional y garantizar asistencia para jubilados, comedores y personas con discapacidad.

Más de 500 intendentas e intendentes de todo el país, reunidos en la Federación Argentina de Municipios, reclamaron una reunión urgente con el presidente Javier Milei y pidieron una corrección del rumbo económico.

En un documento de la Asamblea de la FAM, los jefes comunales exigieron la restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios, además de la reactivación de la obra pública nacional, con prioridad en las rutas clave para las economías regionales.

La entidad sostuvo que los gobiernos locales reciben menos recursos mientras deben atender más demandas sociales, y advirtió que “miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes”.

Entre los reclamos, la FAM incluyó la protección de pequeños y medianos productores, con crédito y acompañamiento; la defensa de la calidad de vida de los jubilados; y la prioridad presupuestaria para salud y discapacidad, con medicamentos, vacunas, hospitales y prestaciones garantizadas.

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También pidió restituir la asistencia alimentaria para todos los comedores y no dejar “librada a su suerte” a las familias que debieron endeudarse para pagar servicios, alquiler, transporte y comida.

En materia institucional, los intendentes reclamaron transparencia y debate parlamentario sobre el endeudamiento nacional, la protección del territorio argentino y cualquier acuerdo que comprometa la soberanía.

“El rumbo económico y las prioridades sociales deben cambiar con urgencia, porque el camino elegido por el Gobierno Nacional conduce a más pobreza, exclusión e injusticia”, planteó el documento.

NA