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Ley Bases: la votación será por capítulos y no habrá un cuarto intermedio

Diputados trata una versión reducida con respecto a la iniciativa original. Quedaron 232 artículos, de 664 iniciales, y un anexo, de los seis que había. Se espera una sesión maratónica.

Después de dos meses de idas y venidas, finalmente este lunes se trata la Ley Bases. Los opositores llevaron más reclamos al debate en el recinto, en el arranque la sesión maratónica.

El oficialismo en el recinto logró su primera victoria al lograr que la votación sea por capítulos y no de forma nominal, como pretendía el Gobierno nacional y con la oposición del kirchnerismo, la izquierda y parte del radicalismo.

Con la Ley Bases, de aprobarse, el Gobierno tendrá facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado; también se asegurará el control de los millonarios fondos fiduciarios y, en una señal a los grandes sectores empresarios y corporaciones, habilitará un régimen para grandes inversiones (RIGI), aunque para unos pocos: sólo aquéllos que presenten proyectos superiores a los U$S 200 millones.

Además, incluyó una módica reforma laboral, que deliberadamente excluyó los aspectos más espinosos para la CGT, pero que incorpora las demandas de las pymes para una mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco.

Una demanda que podría traerle al oficialismo algún dolor de cabeza en el recinto será cuando la UCR, con el apoyo transversal de un puñado de diputados, reclame la eliminación de las llamadas “cuotas sindicales”, que se descuentan de los salarios de afiliados y no afiliados para financiar las cajas gremiales.

Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, buscará doblegar la intransigencia del Gobierno para que el RIGI no se ciña sólo a los grandes inversores; insistirá en que las pymes puedan ingresar al régimen aunque con un piso más bajo.

Los de Pichetto tampoco dejarán de achacarle al Ejecutivo su renuencia a revisar los gastos tributarios, que le privan al Estado de recaudar miles de millones de pesos que podrían aminorar la dureza del ajuste y, en cambio, favorecen a determinados grupos empresarios, entre ellos los emplazados en Tierra del Fuego.

A la hora de discutir el paquete fiscal, no serán pocas las voces que plantearán cambios en la reversión del impuesto a las Ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos).

Varios bloques insistirán en que queden fuera de su alcance las guardias médicas y las horas extra de las fuerzas de seguridad. Los patagónicos, por su parte, clamarán por un párrafo especial que exima a los trabajadores de esa región por enfrentar costos de vida más altos.

Tampoco faltarán las voces que adviertan sobre la fuerte regresividad en el planteo de Bienes Personales. Además de acotar drásticamente el universo de personas alcanzadas (por la suba del mínimo no imponible) y reducirse las alícuotas a pagar, el proyecto sorprende con un régimen que le permite al contribuyente tributar 5 años en forma unificada y adelantada a una única tasa, con garantía de estabilidad fiscal en cualquier impuesto sobre el patrimonio hasta el año 2038.

En la vorágine de un debate maratónico todo puede suceder, aunque, antes de convocar a la sesión, oficialistas y opositores dialoguistas se tomaron el trabajo de hacer un conteo fino de los votos sobre los puntos más conflictivos. El veredicto fue favorable, aunque admiten que todavía puede haber lugar a sorpresas.

Las concesiones

Reforma laboral

El oficialismo acordó introducir una reforma acotada que contempla, entre sus ejes centrales, la eliminación de las multas por trabajo mal registrado; la creación de un fondo de cese laboral para el pago de indemnizaciones (a acordarse entre las partes en convenios colectivos) y la extensión del período de prueba a seis u ocho meses según el tamaño de la empresa, plazo que podría extenderse en algunos casos a un año.

Privatizaciones

De las 41 empresas a ser sujetas de privatización en el proyecto original de la Ley Bases, quedó sólo una decena.

Fue excluida del listado el Banco Nación y sus empresas subsidiarias por presión opositora.

Se eliminó un artículo que le otorgaba al PEN amplias facultades en materia de desregulación económica y disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.

A la eliminación de la moratoria previsional, contemplada en la nueva versión de la Ley de Bases, se accedió incorporar una Prestación Previsional Proporcional en función de los aportes realizados por los trabajadores que no cumplieron con los 30 años que exige la ley.

Se acortó el margen de acción del PEN sobre los fondos fiduciarios. Si dispusiera la eliminación de aquéllos que son financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable. Esos recursos vuelvan a la masa de coparticipación. Además, los patagónicos lograron mantener como programa el fondo fiduciario de zona fría para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia.

Organismos públicos a ser disueltos

La oposición logró ampliar el listado a varias entidades públicas originalmente no incluidas, entre ellas el Conicet, la Anmat, el Incaa, el Incucai y la CNEA, entre otros.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Politica

Fricción en el oficialismo: Bullrich criticó las declaraciones de Milei sobre la prensa

La senadora Patricia Bullrich cuestionó los dichos de Javier Milei contra el periodismo en la Fundación Faro y advirtió que “se cruzo un límite”.

La presidenta del bloque libertario en el Senado se refirió a los dichos del mandatario durante la cena de la Fundación Faro, donde habló de “quemar periodistas en la hoguera”. Aunque defendió el derecho a responder críticas, advirtió que “se responde con argumentos” y que es necesario cuidar las palabras.

En medio del debate público generado tras el último discurso del presidente Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro, la senadora y presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuestionó los duros cruces del mandatario contra la prensa y advirtió que con frases como la de “quemar periodistas en la hoguera” se ha cruzado un límite.

Durante una entrevista televisiva con LN+, la legisladora analizó el episodio y reconoció que, si bien la libertad de expresión protege tanto la labor crítica del periodismo como el derecho del Presidente a contestar los cuestionamientos, las formas institucionales y el respeto al escrutinio público deben resguardarse. “Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde. Pero es mi responsabilidad marcar que cuando una palabra cruza un límite, como esta frase de la hoguera, que es una expresión muy fuerte y muy dura, se debe señalar”, reflexionó.

En esa línea, Bullrich enfatizó que el poder político siempre está bajo la mirada de la sociedad y de los medios de comunicación, por lo que instó a moderar el tono del debate público: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera. Se responde con argumentos”.

Patricia Bullrich retiró el capítulo de tierras para evitar un revés legislativo en el Senado

El contraste y la polémica por el caso $LIBRA

Las declaraciones de la senadora se produjeron apenas un día después de que ella misma compartiera en su cuenta oficial de X una fotografía en la que se la ve abrazada a Javier Milei durante el evento realizado en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, acompañada por el mensaje: “Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”.

El respaldo inicial contrastó con sus posteriores matices frente a los dichos del jefe de Estado, quien durante su exposición arremetió con dureza contra los periodistas que investigaron la causa vinculada al caso $LIBRA, utilizando expresiones descalificativas y afirmando que los responsables de difundir lo que calificó como información falsa “se tienen que quemar en la hoguera”.

Las declaraciones presidenciales provocaron un inmediato rechazo a nivel nacional. Entidades de peso institucional como la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitieron duros comunicados de repudio, a los que se sumaron referentes legislativos del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y sectores del Pro.

Agenda legislativa, economía y su postura sobre Brasil

Durante la misma entrevista, Bullrich abordó otros temas de coyuntura política y económica de cara al tramo final del año y al escenario electoral del próximo período. Al ser consultada sobre posibles acuerdos políticos de cara a las presidenciales del año entrante, aclaró que es una definición “que no está decidido en este momento”.

Asimismo, puso el foco en la necesidad de ajustar el rumbo macroeconómico para que el impacto positivo llegue de forma directa a la vida cotidiana de las familias: “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños [logros] para las familias; se necesitan ciertos correctivos”.

Finalmente, la senadora se refirió al plano internacional y a su reciente respaldo al candidato brasileño Flavio Bolsonaro de cara al balotaje frente a Lula da Silva. Tras explicar que el pedido de apoyo llegó a través de su equipo de comunicación lo que motivó un mensaje grabado en portugués difundido el pasado jueves, aclaró la postura diplomática adoptada: “Es una elección donde nosotros apoyamos, pero respetamos a los brasileros”.

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Politica

El gobierno nacional habilita retiros voluntarios para 20 mil empleados en noviembre

El gobierno habilitó un retiro voluntario para 20 mil empleados estatales, con pagos de hasta 20 sueldos y prohibición de reingreso al sector público por 8 años.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reorganización del empleo público al oficializar un régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la administración central. La medida, establecida mediante el Decreto 1203/2026, habilita a los empleados en condiciones de adherirse entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extender el plazo por única vez durante 30 días adicionales. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, alrededor de 20 mil agentes cumplen los requisitos para incorporarse al programa.

El esquema contempla compensaciones económicas diferenciadas según la edad, los aportes previsionales y la antigüedad de cada trabajador, con topes que alcanzan hasta 20 remuneraciones. Además, incorpora una cláusula de restricción que impide el reingreso al Sector Público Nacional durante ocho años, con el objetivo de evitar reincorporaciones posteriores y consolidar la reducción de la planta permanente.

El régimen está dirigido exclusivamente a personal de la administración central comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos los organismos descentralizados como ANSES y sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el Servicio Exterior y áreas de inteligencia del Estado.

La normativa establece tres grupos de beneficios. El primero incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que aún no reúnen aportes suficientes para jubilarse, quienes podrán optar por una gratificación única o por el cobro del 60% del salario bruto durante hasta 36 meses. El segundo grupo abarca a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 con 30 años de aportes, que recibirán un salario por cada año de antigüedad más cinco remuneraciones adicionales. El tercer grupo contempla a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, con compensaciones que combinan antigüedad y adicionales según los años de servicio acumulados.

Milei confirmó que no se renovarán 70 mil contratos de empleados públicos

Para adherirse, los empleados deberán cumplir condiciones específicas: no tener procesos penales ni sumarios graves pendientes, desistir de reclamos laborales contra el Estado, no encontrarse en disponibilidad ni haber presentado renuncia en trámite, y no estar transitando licencias prolongadas por afecciones de largo tratamiento. La aceptación del retiro implica la baja definitiva del cargo presupuestario.

Las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para evaluar cada solicitud. Si la desvinculación afecta la prestación de servicios esenciales, podrán rechazarla. En caso de no emitir una resolución expresa, el pedido se considerará denegado.

Con este nuevo régimen, el Gobierno busca avanzar en la reducción del gasto salarial y en la reorganización de la estructura estatal, en un contexto donde otros organismos como ANSES ya implementaron programas propios de retiros voluntarios con condiciones particulares y restricciones de reingreso.

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Tensión en la Cumbre Federal: Kicillof criticó la política de infraestructura de Milei

En un panel compartido con otros gobernadores, Kicillof criticó la política de infraestructura del Gobierno nacional, habló del rol de Argentina en la economía global y respondió a declaraciones de Diego Santilli.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei durante la Cumbre Federal de Logística, donde cuestionó la paralización de la obra pública nacional y advirtió sobre sus efectos en las provincias. En su intervención, sostuvo que el freno de los proyectos financiados por el Estado nacional está generando consecuencias directas en todo el país y llamó a construir una estrategia de desarrollo que contemple las necesidades de cada jurisdicción.

Kicillof planteó que la interrupción de los trabajos de infraestructura afecta tanto a la producción como a la integración territorial, y remarcó que la Argentina necesita una planificación que articule prioridades y permita avanzar hacia un modelo más equilibrado. En ese sentido, afirmó que la falta de inversión nacional golpea por igual a las provincias y dificulta la posibilidad de sostener proyectos estratégicos.

El mandatario también se refirió al lugar que debería ocupar el país en la economía global, señalando que la discusión sobre el desarrollo no puede quedar supeditada a intereses externos. Para Kicillof, la definición de una estrategia nacional es clave para evitar que la Argentina quede relegada en un contexto internacional marcado por disputas geopolíticas y competencia por recursos estratégicos.

El Gobernador Kicillof apoyó revisar la ley que limita los mandatos municipales

La exposición se dio en un panel compartido con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en un encuentro que reunió a mandatarios provinciales para debatir sobre logística, infraestructura y desarrollo federal. El evento se produjo en medio de negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias, con acuerdos legislativos y electorales en discusión de cara a 2027.

Las declaraciones de Kicillof llegaron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre el impacto que, según su visión, podría tener un eventual regreso del kirchnerismo al poder con el gobernador bonaerense como figura central. El funcionario había mencionado posibles efectos para provincias como Córdoba en relación con las retenciones al sector agropecuario, en un contexto de tensiones políticas y disputas por la agenda económica.

En este escenario, el planteo de Kicillof se inscribe en un debate más amplio sobre el federalismo, la distribución de recursos y el rol de las provincias en la planificación nacional. Su mensaje apuntó a recuperar una mirada integral del país y a advertir que la falta de obra pública no solo frena proyectos, sino que también debilita la capacidad de las provincias para sostener su crecimiento y su infraestructura básica.

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