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Ley Bases: la votación será por capítulos y no habrá un cuarto intermedio

Diputados trata una versión reducida con respecto a la iniciativa original. Quedaron 232 artículos, de 664 iniciales, y un anexo, de los seis que había. Se espera una sesión maratónica.

Después de dos meses de idas y venidas, finalmente este lunes se trata la Ley Bases. Los opositores llevaron más reclamos al debate en el recinto, en el arranque la sesión maratónica.

El oficialismo en el recinto logró su primera victoria al lograr que la votación sea por capítulos y no de forma nominal, como pretendía el Gobierno nacional y con la oposición del kirchnerismo, la izquierda y parte del radicalismo.

Con la Ley Bases, de aprobarse, el Gobierno tendrá facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado; también se asegurará el control de los millonarios fondos fiduciarios y, en una señal a los grandes sectores empresarios y corporaciones, habilitará un régimen para grandes inversiones (RIGI), aunque para unos pocos: sólo aquéllos que presenten proyectos superiores a los U$S 200 millones.

Además, incluyó una módica reforma laboral, que deliberadamente excluyó los aspectos más espinosos para la CGT, pero que incorpora las demandas de las pymes para una mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco.

Una demanda que podría traerle al oficialismo algún dolor de cabeza en el recinto será cuando la UCR, con el apoyo transversal de un puñado de diputados, reclame la eliminación de las llamadas “cuotas sindicales”, que se descuentan de los salarios de afiliados y no afiliados para financiar las cajas gremiales.

Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, buscará doblegar la intransigencia del Gobierno para que el RIGI no se ciña sólo a los grandes inversores; insistirá en que las pymes puedan ingresar al régimen aunque con un piso más bajo.

Los de Pichetto tampoco dejarán de achacarle al Ejecutivo su renuencia a revisar los gastos tributarios, que le privan al Estado de recaudar miles de millones de pesos que podrían aminorar la dureza del ajuste y, en cambio, favorecen a determinados grupos empresarios, entre ellos los emplazados en Tierra del Fuego.

A la hora de discutir el paquete fiscal, no serán pocas las voces que plantearán cambios en la reversión del impuesto a las Ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos).

Varios bloques insistirán en que queden fuera de su alcance las guardias médicas y las horas extra de las fuerzas de seguridad. Los patagónicos, por su parte, clamarán por un párrafo especial que exima a los trabajadores de esa región por enfrentar costos de vida más altos.

Tampoco faltarán las voces que adviertan sobre la fuerte regresividad en el planteo de Bienes Personales. Además de acotar drásticamente el universo de personas alcanzadas (por la suba del mínimo no imponible) y reducirse las alícuotas a pagar, el proyecto sorprende con un régimen que le permite al contribuyente tributar 5 años en forma unificada y adelantada a una única tasa, con garantía de estabilidad fiscal en cualquier impuesto sobre el patrimonio hasta el año 2038.

En la vorágine de un debate maratónico todo puede suceder, aunque, antes de convocar a la sesión, oficialistas y opositores dialoguistas se tomaron el trabajo de hacer un conteo fino de los votos sobre los puntos más conflictivos. El veredicto fue favorable, aunque admiten que todavía puede haber lugar a sorpresas.

Las concesiones

Reforma laboral

El oficialismo acordó introducir una reforma acotada que contempla, entre sus ejes centrales, la eliminación de las multas por trabajo mal registrado; la creación de un fondo de cese laboral para el pago de indemnizaciones (a acordarse entre las partes en convenios colectivos) y la extensión del período de prueba a seis u ocho meses según el tamaño de la empresa, plazo que podría extenderse en algunos casos a un año.

Privatizaciones

De las 41 empresas a ser sujetas de privatización en el proyecto original de la Ley Bases, quedó sólo una decena.

Fue excluida del listado el Banco Nación y sus empresas subsidiarias por presión opositora.

Se eliminó un artículo que le otorgaba al PEN amplias facultades en materia de desregulación económica y disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.

A la eliminación de la moratoria previsional, contemplada en la nueva versión de la Ley de Bases, se accedió incorporar una Prestación Previsional Proporcional en función de los aportes realizados por los trabajadores que no cumplieron con los 30 años que exige la ley.

Se acortó el margen de acción del PEN sobre los fondos fiduciarios. Si dispusiera la eliminación de aquéllos que son financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable. Esos recursos vuelvan a la masa de coparticipación. Además, los patagónicos lograron mantener como programa el fondo fiduciario de zona fría para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia.

Organismos públicos a ser disueltos

La oposición logró ampliar el listado a varias entidades públicas originalmente no incluidas, entre ellas el Conicet, la Anmat, el Incaa, el Incucai y la CNEA, entre otros.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Politica

La Armada presentó en Ushuaia los detalles del proyecto estratégico para el Atlántico Sur

Quirno y Presti visitaron Ushuaia para evaluar el predio de la Base Naval Integrada y reunirse con el gobernador Melella en medio de la tensión por Malvinas.

En medio de la agenda estratégica vinculada al Atlántico Sur y a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti realizaron una visita de trabajo a Ushuaia, donde recorrieron el predio destinado a la construcción de la Base Naval Integrada, una infraestructura considerada clave para el posicionamiento del país en el extremo austral.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la obra, proyectada como un polo estratégico para operaciones en el Atlántico Sur y para la proyección argentina hacia la Antártida.

Como parte de la agenda institucional, Quirno y Presti mantuvieron una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede de la Gobernación. Allí abordaron los avances del proyecto y la articulación entre Nación y provincia para su ejecución. Melella expresó su respaldo a la iniciativa y destacó que la Base Naval Integrada es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años”, en conjunto con el desarrollo del Polo Logístico Antártico.

El gobernador también subrayó la importancia de sostener un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y recordó el acompañamiento institucional de la provincia en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

Posteriormente, los funcionarios nacionales se trasladaron al predio donde se levantará la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición técnica a cargo de la Armada Argentina. Durante la presentación se detallaron las principales características del proyecto, su alcance operativo y su rol en la estrategia nacional para la defensa de los activos estratégicos y la presencia argentina en la región austral.

Quirno destacó que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia la Antártida y la revalorización de los recursos estratégicos del país.

La Base Naval Integrada está concebida como un polo logístico y operativo que permitirá fortalecer la presencia argentina en el extremo austral, mejorar las capacidades de apoyo a las campañas antárticas y potenciar el desarrollo de actividades científicas en la región. Su construcción representa un paso significativo en la consolidación de una infraestructura estratégica que articula defensa, ciencia y política exterior.

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Politica

Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido “será implacable” en la defensa de las Islas Malvinas, en respuesta a las recientes iniciativas del presidente Javier Milei sobre la soberanía del archipiélago.

La disputa diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión internacional. Desde la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Andy Burnham lanzó una advertencia categórica en respuesta a las recientes iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, afirmó ante el Parlamento, en una señal política que endurece la postura de Londres en el Atlántico Sur.

La intervención del premier se produjo durante un debate parlamentario en el que Burnham ratificó la doctrina británica basada en el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. Aunque evitó mencionar directamente a Milei o a la Argentina, el jefe de Gobierno sostuvo que el Reino Unido “siempre respetará los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, reafirmando la posición histórica de Downing Street.

La exposición del primer ministro fue respaldada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien remarcó ante los legisladores que “no hay duda” sobre la titularidad territorial de Londres ni sobre el compromiso del Gobierno británico con los derechos democráticos de los isleños. La funcionaria subrayó que la postura del Reino Unido es “inquebrantable” y que cualquier reclamo argentino será respondido con firmeza.

El clima político en Westminster se tensó aún más por la intervención de la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien exigió al Gobierno laborista una posición inflexible frente a las iniciativas de la Casa Rosada. Badenoch acusó a la administración argentina de “amenazar a las Malvinas” y reclamó que el Parlamento envíe un mensaje contundente: la soberanía británica sobre el archipiélago “no es negociable”.

La reacción unánime de los bloques políticos británicos vuelve a congelar los canales diplomáticos entre Buenos Aires y Londres, en un contexto donde la administración de Milei ha impulsado gestos y declaraciones orientadas a reactivar el reclamo argentino por la soberanía. La advertencia de Burnham, sumada a la presión conservadora, marca un endurecimiento de la postura británica y refuerza la línea histórica del Reino Unido en materia de defensa territorial.

Con este episodio, la disputa por las Malvinas ingresa en una nueva fase de tensión, donde las señales políticas de ambos gobiernos se amplifican en el escenario internacional y vuelven a colocar el conflicto en el centro del debate geopolítico del Atlántico Sur.

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Politica

Milei endurece la política por Malvinas y anuncia una base naval en Tierra del Fuego

Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones más duras a petroleras que operen en Malvinas, en medio del avance del proyecto Sea Lion.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un mensaje transmitido por cadena nacional que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Entre los anuncios más relevantes se encuentran la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras extranjeras que operan en el área bajo administración británica.

El mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley orientado a fortalecer las herramientas diplomáticas, económicas y legales del Estado argentino frente a las actividades de explotación de recursos naturales en la zona en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei al abrir su mensaje, y remarcó que el reclamo debe estar acompañado por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La decisión se produce en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé inversiones millonarias y una producción estimada de 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Ambas empresas ya fueron sancionadas por Argentina en años anteriores por operar sin autorización en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

El Gobierno argentino considera que el desarrollo del proyecto constituye una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que las perforaciones podrían comenzar en los próximos meses, lo que incrementó la tensión diplomática.

El anuncio de Milei también se inscribe en un escenario internacional en movimiento. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la posición de Washington respecto al conflicto y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad estadounidense. La respuesta generó reacciones inmediatas del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su postura sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, según explicó Milei, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y dotar al Estado de infraestructura estratégica para la defensa y el control de los recursos naturales. El Gobierno también anticipó que las nuevas sanciones alcanzarán no solo a las petroleras involucradas, sino también a proveedores, contratistas y empresas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con estas medidas, la administración nacional busca trasladar el reclamo por Malvinas al plano legislativo y reforzar las herramientas con las que pretende intervenir frente al avance de actividades económicas en el área en disputa. El paquete de leyes será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

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