La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó este martes el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión. Con esta decisión, el ex mandatario quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público, a la espera de la resolución del juez Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rívolo.
El fallo, emitido por la Sala II, también ratificó los procesamientos del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández; de su esposa, María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada del entonces Presidente; y del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros imputados.
Según la resolución, Fernández fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación se centra en el decreto 823/21, mediante el cual se ordenó que todos los ministerios y organismos del Estado contrataran pólizas exclusivamente con Nación Seguros.
A partir de esa decisión, el broker Martínez Sosa y sus empresas captaron el 60% de las comisiones, superando los $2.250 millones, según los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun. “Desde que Fernández fue designado presidente, ‘Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.’ percibió el 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros”, detalla el fallo.
Los jueces destacaron además las influencias y el rol de Cantero: “Sus acciones utilizaron directamente su posición en la oficina de Presidencia para conseguir reuniones y contactos”, remarcaron. En el expediente constan mensajes de WhatsApp entre Cantero y su esposo que acreditan el beneficio obtenido a partir del vínculo con el entonces Presidente. En uno de ellos, ella afirma: “Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida”.
El camarista Eduardo Farah también votó por confirmar el procesamiento. En su análisis sostuvo que las pruebas reunidas permiten inferir que Fernández cumplió “un rol crucial para que Martínez Sosa accediera a casi el 60% de los contratos públicos”, y que existía entre ellos una relación que incluía amistad, actividades comerciales, deudas, obsequios y financiamiento de gastos personales.
En paralelo, la Cámara rechazó el pedido del fiscal del tribunal, José Agüero Iturbe, quien había solicitado revocar el procesamiento para continuar la investigación con nuevas medidas de prueba.
La resolución alcanza a Fernández y a una veintena de imputados —en su mayoría directivos de empresas aseguradoras beneficiadas por el esquema—, mientras que otros procesamientos fueron revocados por falta de elementos.
Con la causa avanzada, ahora será el juez Casanello quien determine si el expediente pasa a la instancia de juicio oral, en una de las investigaciones más sensibles vinculadas a la administración del ex presidente.