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Procesaron a Alberto Fernández por corrupción en la causa de los seguros estatales

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de una causa que investiga un esquema millonario de contrataciones de seguros por parte de organismos estatales durante su mandato.

El magistrado también impuso un embargo de $14.634 millones sobre los bienes del exmandatario, tras considerar que participó de una maniobra que permitió el desvío de fondos públicos a través de intermediarios privados en contrataciones con Nación Seguros.

La resolución judicial, de más de 400 páginas, describe un entramado que involucró 45 contratos, 25 intermediarios, pagos irregulares de comisiones y el direccionamiento de pólizas en beneficio de empresas allegadas al entorno presidencial. La causa, que se inició tras una investigación del diario Clarín, apunta a una “estructura criminal” que operó entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Una red de beneficios para amigos del poder

Entre los principales involucrados figura Héctor Martínez Sosa, amigo personal de Fernández y titular de la firma Martínez Sosa y Compañía. También fue procesada su esposa, María Cantero, quien fue secretaria privada del expresidente. Ambos están acusados de haber operado para canalizar negocios y comisiones multimillonarias mediante su cercanía con el poder.

Las comisiones cobradas por los tres grupos de brokers más beneficiados ascendieron a $3.364 millones. Solo el grupo de Martínez Sosa concentró casi $2.300 millones, el 60% del total de comisiones abonadas por Nación Seguros en el período investigado.

El juez destacó que, mientras en los años previos al gobierno de Fernández las comisiones recibidas por esa firma apenas superaban los $150 mil, en los años siguientes se dispararon: más de $29 millones en 2021, $156 millones en 2022 y casi $229 millones en 2023.

Funcionarios y exdirectivos de Nación Seguros, también procesados

Además de Fernández, Martínez Sosa y Cantero, Casanello procesó al expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y a varios exdirectores de esa entidad estatal: Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos, todos sin prisión preventiva.

La maniobra incluyó también a empresas coaseguradoras como San Germán Seguros y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros, que participaron en millonarios contratos con ANSES, particularmente en pólizas de seguro de vida colectivo.

El rol de la Secretaría Presidencial y las pruebas clave

La investigación apunta a que María Cantero utilizó su rol en la Presidencia para gestionar negocios en beneficio propio y del entorno de su esposo. Casanello subrayó que aprovechó su acceso directo a ministros y funcionarios para promover reuniones y contrataciones.

La evidencia recopilada —que incluye mensajes de WhatsApp, registros fotográficos, llamadas y entrega de obsequios— revela una relación de extrema cercanía entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, que excedía lo laboral y se basaba en favores, pagos informales y beneficios cruzados.

“Una voluntad puesta al servicio de intereses privados”

El juez Casanello fue contundente: “No hubo solo un pronóstico de probabilidad, sino una decisión de construir el riesgo y no imponer barrera alguna al comportamiento infiel”, sentenció. El magistrado consideró que el expresidente no solo conocía la operatoria, sino que la promovió y avaló, facilitando el esquema desde el más alto nivel de gobierno.

“Predominó la confusión de intereses y se desdibujó la frontera entre lo público y lo privado”, señala el fallo, que describe al expresidente como el principal responsable político del mecanismo de corrupción.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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La Armada presentó en Ushuaia los detalles del proyecto estratégico para el Atlántico Sur

Quirno y Presti visitaron Ushuaia para evaluar el predio de la Base Naval Integrada y reunirse con el gobernador Melella en medio de la tensión por Malvinas.

En medio de la agenda estratégica vinculada al Atlántico Sur y a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti realizaron una visita de trabajo a Ushuaia, donde recorrieron el predio destinado a la construcción de la Base Naval Integrada, una infraestructura considerada clave para el posicionamiento del país en el extremo austral.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la obra, proyectada como un polo estratégico para operaciones en el Atlántico Sur y para la proyección argentina hacia la Antártida.

Como parte de la agenda institucional, Quirno y Presti mantuvieron una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede de la Gobernación. Allí abordaron los avances del proyecto y la articulación entre Nación y provincia para su ejecución. Melella expresó su respaldo a la iniciativa y destacó que la Base Naval Integrada es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años”, en conjunto con el desarrollo del Polo Logístico Antártico.

El gobernador también subrayó la importancia de sostener un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y recordó el acompañamiento institucional de la provincia en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

Posteriormente, los funcionarios nacionales se trasladaron al predio donde se levantará la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición técnica a cargo de la Armada Argentina. Durante la presentación se detallaron las principales características del proyecto, su alcance operativo y su rol en la estrategia nacional para la defensa de los activos estratégicos y la presencia argentina en la región austral.

Quirno destacó que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia la Antártida y la revalorización de los recursos estratégicos del país.

La Base Naval Integrada está concebida como un polo logístico y operativo que permitirá fortalecer la presencia argentina en el extremo austral, mejorar las capacidades de apoyo a las campañas antárticas y potenciar el desarrollo de actividades científicas en la región. Su construcción representa un paso significativo en la consolidación de una infraestructura estratégica que articula defensa, ciencia y política exterior.

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Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido “será implacable” en la defensa de las Islas Malvinas, en respuesta a las recientes iniciativas del presidente Javier Milei sobre la soberanía del archipiélago.

La disputa diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión internacional. Desde la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Andy Burnham lanzó una advertencia categórica en respuesta a las recientes iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, afirmó ante el Parlamento, en una señal política que endurece la postura de Londres en el Atlántico Sur.

La intervención del premier se produjo durante un debate parlamentario en el que Burnham ratificó la doctrina británica basada en el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. Aunque evitó mencionar directamente a Milei o a la Argentina, el jefe de Gobierno sostuvo que el Reino Unido “siempre respetará los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, reafirmando la posición histórica de Downing Street.

La exposición del primer ministro fue respaldada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien remarcó ante los legisladores que “no hay duda” sobre la titularidad territorial de Londres ni sobre el compromiso del Gobierno británico con los derechos democráticos de los isleños. La funcionaria subrayó que la postura del Reino Unido es “inquebrantable” y que cualquier reclamo argentino será respondido con firmeza.

El clima político en Westminster se tensó aún más por la intervención de la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien exigió al Gobierno laborista una posición inflexible frente a las iniciativas de la Casa Rosada. Badenoch acusó a la administración argentina de “amenazar a las Malvinas” y reclamó que el Parlamento envíe un mensaje contundente: la soberanía británica sobre el archipiélago “no es negociable”.

La reacción unánime de los bloques políticos británicos vuelve a congelar los canales diplomáticos entre Buenos Aires y Londres, en un contexto donde la administración de Milei ha impulsado gestos y declaraciones orientadas a reactivar el reclamo argentino por la soberanía. La advertencia de Burnham, sumada a la presión conservadora, marca un endurecimiento de la postura británica y refuerza la línea histórica del Reino Unido en materia de defensa territorial.

Con este episodio, la disputa por las Malvinas ingresa en una nueva fase de tensión, donde las señales políticas de ambos gobiernos se amplifican en el escenario internacional y vuelven a colocar el conflicto en el centro del debate geopolítico del Atlántico Sur.

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Milei endurece la política por Malvinas y anuncia una base naval en Tierra del Fuego

Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones más duras a petroleras que operen en Malvinas, en medio del avance del proyecto Sea Lion.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un mensaje transmitido por cadena nacional que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Entre los anuncios más relevantes se encuentran la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras extranjeras que operan en el área bajo administración británica.

El mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley orientado a fortalecer las herramientas diplomáticas, económicas y legales del Estado argentino frente a las actividades de explotación de recursos naturales en la zona en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei al abrir su mensaje, y remarcó que el reclamo debe estar acompañado por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La decisión se produce en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé inversiones millonarias y una producción estimada de 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Ambas empresas ya fueron sancionadas por Argentina en años anteriores por operar sin autorización en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

El Gobierno argentino considera que el desarrollo del proyecto constituye una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que las perforaciones podrían comenzar en los próximos meses, lo que incrementó la tensión diplomática.

El anuncio de Milei también se inscribe en un escenario internacional en movimiento. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la posición de Washington respecto al conflicto y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad estadounidense. La respuesta generó reacciones inmediatas del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su postura sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, según explicó Milei, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y dotar al Estado de infraestructura estratégica para la defensa y el control de los recursos naturales. El Gobierno también anticipó que las nuevas sanciones alcanzarán no solo a las petroleras involucradas, sino también a proveedores, contratistas y empresas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con estas medidas, la administración nacional busca trasladar el reclamo por Malvinas al plano legislativo y reforzar las herramientas con las que pretende intervenir frente al avance de actividades económicas en el área en disputa. El paquete de leyes será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

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