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Villarruel formalizó el llamado a sesión en el Senado para expulsar o suspender a Kueider

Con críticas a los K y un doble mensaje, Victoria Villarruel formalizó la convocatoria a sesión del Senado para este jueves con la intención de tratar la suspensión o expulsión del senador Edgardo Kueider,quien está detenido en Paraguay al intentar ingresar junto a su secretaria con más de 200 mil dólares sin declarar.

Tras conocerse el decreto que convoca para mañana a las 11, Villarruel fundamentó su decisión de acceder al pedido de Unión por la Patria, asegurando que su intención es “no dilatar los tiempos”. Y, además de calificar como “actos inmorales”, los hechos que involucraron al senador entrerriano también hizo mención a “la hipocresía del kirchnerismo”,

Es la primera vez que la vicepresidenta opina abiertamente sobre lo ocurrido con el legislador de Unidad Federal que venía votando junto al Gobierno e incluso fue clave para trabar algunas ofensivas del kirchnerismo contra la política de Javier Milei.

Obviamente, la vicepresidenta abrió la puerta para saber qué posición tomará el cuerpo con el kirchnerista de paladar negro Oscar Parrili, quien será llevado a juicio por la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, causa en la que también está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner. Sin embargo no hizo mención a la situación de la camporista Anabel Fernández Sagasti, acusada por irregularidades en el manejo de fondos para viviendas.

Pero detrás de las declaraciones de Villarruel a través de su cuenta en X hay un doble juego porque destaca que “llegó la hora de sacar la mugre del Senado”, pero para la sesión de este jueves incluyó un proyecto del libertario Ezquiel Atauche que promueve la suspensión de Kueider, que se extendería hasta el 1 de marzo según lo acordado entre los dialoguistas.

Además, tal como se presenta el temario de la sesión en un primer término se tratará el pedido de expulsión de Kueider impulsado por el bloque de Unión por la Patria, que lleva las firmas de José Mayans, Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio. Para avanzar con la medida se necesitan dos tercios de los presentes. Es decir que los K deben sumar a los dialoguistas o provinciales.

Los K no se bajan del pedido de expulsión porque claramente es una orden que viene de Cristina Kirchner quien apuesta a recuperar la banca que perdió en 2022 cuando Kueider y el correntino Carlos “Camau” Espínola rompieron con el bloque para armar Unidad Federal. Como bonus track, el kirchnerismo consigue echar al entrerriano sumaría a una propia: Stefanía Cora, una camporista de diálogo que ya es legisladora provincial.

Esa opción es la que quiere evitar el Gobierno en su necesidad de reducir el daño generado por la baja de Kueider y bloquea la posibilidad de que Unión por la Patria sume una nueva banca para pasar a 34 y quedar a sólo tres de tener el quórum.

Para eso, la vicepresidenta incluyó en segundo término el pedido de suspensión solicitado por Atauche, ya que si fracasa el intento de expulsión, el Gobierno meterá la suspensión y así dejará al kirchnerismo en una encerrona porque deberán acompañar para alcanzar los dos tercios o rechazarán para dejar sin sanción a Kueider.

Los K están confiados en que tendrán los votos para la expulsión, pero entre los dialoguistas las primeras opiniones fueron a favor de la suspensión, justamente, ante la incertidumbre de que el caso Kueider pueda ser utilizado como un antecedente en otras situaciones en la que un senador fuera denunciado ante la justicia.

Al declarar ante la justicia paraguaya, Kueider negó que el dinero le perteneciera, pero lo cierto es que el escándalo protagonizado en la Triple Frontera y la causa por enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales de Entre Ríos lo dejaron contra las cuerdas. Incluso, el Partido Justicialista de su provincia ya avanzó con su expulsión y no se descarta que Cristina Kirchner vaya en el mismo sentido después de que asuma este miércoles la presidencia del PJ nacional.

En el entorno de Villarruel advirtieron que “se puede avanzar en la suspensión por cuestiones morales y éticas”, pero también señalaron que esa “es una cuestión subjetiva y temporal porque lo que ahora es ético y moral antes no lo fue”. La referencia tiene que ver con el tratamiento que el peronismo hizo del caso de José Alperovich, el ex senador por Tucumán que fue condenado por abuso sexual y que pudo terminar su mandato luego de recurrir durante años a licencias por 6 meses.

El Gobierno sigue con atención lo que ocurre en el Senado por con la baja de Kueider perderían un voto de la mayoría alcanzada en diciembre. Y a eso se suma la ausencia del radical Víctor Zimmermann, quien pidió licencia hasta el 28 de febrero tras sumarse al gobierno de Chaco.

Por ahora, el quórum parece estar garantizado, pero como ya dicen en el Senado: todo es minuto a minuto. Para la tarde esta prevista una reunión de bloque de la UCR con la intención de analizar la situación y definir cómo encararán la sesión de este jueves.

contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Politica

Caputo: “La inflación va a seguir a la baja” y “no hay atraso cambiario”

Luis Caputo defendió la política cambiaria, negó atraso del dólar y aseguró que la inflación continuará bajando. También habló del caso Adorni y del escenario hacia 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que la inflación continuará descendiendo en los próximos meses. En una entrevista televisiva en LN+, el funcionario rechazó las advertencias sobre un supuesto atraso del tipo de cambio y cuestionó a quienes, según dijo, modificaron su discurso pese a la suba del dólar. “Decían que había atraso cambiario con el dólar a 1400. Ahora, con el dólar a 1500, no pueden militar preocupación”, afirmó, en referencia a las críticas previas.

Las declaraciones se produjeron luego de la presentación del programa financiero del Tesoro, que incluye proyecciones hasta 2027. Caputo sostuvo que el proceso de desinflación se consolidó desde abril y que la continuidad de la política fiscal y monetaria permitirá que la inflación converja hacia niveles internacionales. “La gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”, expresó, destacando además indicadores como la actividad económica, las exportaciones, el consumo y la reducción del riesgo país.

El ministro también se refirió a la repercusión del caso que involucra a Manuel Adorni y consideró que su difusión coincidió con un contexto de buenas noticias económicas. Según afirmó, esa situación, sumada al impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, desplazó del debate público los resultados económicos que, desde su perspectiva, mostraba el Gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de una corrida financiera en 2027, Caputo diferenció sus expectativas personales del trabajo cotidiano del equipo económico. “Somos tremendamente optimistas y no creo que eso pase. De todos modos, trabajamos preparándonos como si lo peor fuera a pasar”, señaló. También desvinculó el nivel de endeudamiento de la política tarifaria y atribuyó la necesidad de financiamiento a la caída en la demanda de dinero registrada en 2025.

En otro tramo de la entrevista, defendió la situación actual del mercado cambiario y aseguró que cualquier persona puede adquirir divisas sin las restricciones que existían anteriormente. Reivindicó las medidas económicas implementadas por el Gobierno y concluyó con una definición política: “Creer que en su mayoría la gente va a votar por volver al pasado es una subestimación a la ciudadanía”.

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Politica

Adorni bajo protección: el gobierno sostiene que hay amenazas concretas contra su familia

El Gobierno analiza sostener la custodia y vehículos oficiales para Manuel Adorni por amenazas denunciadas en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno nacional evalúa mantener por tiempo indefinido la custodia de la Policía Federal y el uso de vehículos oficiales para Manuel Adorni, pese a su renuncia como jefe de Gabinete. Según confirmaron tres fuentes oficiales, la prórroga de la protección aún pendiente de formalización en el Ministerio de Seguridad responde a las amenazas que el exfuncionario y su familia habrían recibido en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En su carta de renuncia, Adorni sostuvo que él y su entorno venían sufriendo “hostigamiento” y que era necesario “proteger” a su familia. Poco después, el presidente Javier Milei afirmó públicamente que su exvocero había recibido amenazas concretas, lo que influyó en la decisión de aceptar su dimisión. “Cuando empezaron las agresiones contra su mujer y sus hijos, dijo que su renuncia era indeclinable”, señaló el mandatario.

A partir de ese contexto, la Casa Rosada analiza sostener la custodia con efectivos federales y una flota de vehículos oficiales para garantizar los traslados del exfuncionario en sus actividades particulares. A diferencia de los expresidentes, los exministros no cuentan con este beneficio de manera automática: la continuidad de la protección depende de un análisis técnico del Ministerio de Seguridad, que evalúa si las amenazas son reales, inminentes y representan un riesgo para la integridad del exfuncionario y su familia.

“En estos casos se determina el nivel de riesgo y se decide si corresponde asignar una continuidad de la custodia. En el caso de Adorni hay amenazas concretas que mencionó el presidente y se está evaluando su situación. La idea es sostener la protección si los especialistas lo confirman”, indicó una alta fuente del Ejecutivo con despacho en Balcarce 50, posición que también fue ratificada por la cartera de Seguridad.

Tras su salida del Gobierno, Adorni divide sus días entre dos domicilios: su departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y su vivienda en el country Indio Cua. La evaluación oficial sobre su custodia continúa en curso mientras se profundiza la investigación judicial que motivó su renuncia.

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La Corte dejó firme el decomiso de $685 mil millones contra Cristina Kirchner y otros condenados

El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa de la ex presidenta contra la actualización del monto del decomiso y también desestimó un planteo del empresario Lázaro Báez.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

NA

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