El párroco de Jáchal expresó preocupación por el proyecto Nuevo Panacán y advirtió que el acuífero de Pampa del Chañar y el agua comunitaria deben ser protegidos.

El debate por la actividad minera sumó un capítulo inesperado luego de que el párroco de Jáchal, Gustavo Vaca, difundiera un documento institucional en el que expresó una fuerte preocupación por el impacto ambiental que podría generar el proyecto Nuevo Panacán en el distrito de Huachi. El pronunciamiento, emitido desde la parroquia San José, instaló un nuevo actor en la discusión pública y reavivó la sensibilidad socioambiental del departamento.

El sacerdote cuestionó la viabilidad de avanzar con tareas de exploración en un área que supera las 60.000 hectáreas, donde se proyecta investigar la presencia de minerales como oro, cobre y uranio. Según planteó, la zona de interés minero se encuentra en una posición crítica respecto del acuífero de Pampa del Chañar, la reserva subterránea que abastece de agua a la población jachallera y sostiene la producción agrícola y ganadera del distrito.

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En su mensaje, Vaca advirtió que cualquier intervención industrial que altere la recarga natural del acuífero o modifique la calidad del agua comprometería de manera directa la continuidad de los sistemas productivos locales, la vida comunitaria y el equilibrio ecológico de Huachi. Señaló que la disponibilidad de agua limpia es un elemento “no negociable” para la subsistencia del territorio y que ningún beneficio económico puede compensar un daño sobre las fuentes hídricas.

El documento también recupera antecedentes de preocupación social vinculados a la cuenca del río Jáchal y a los acuíferos que abastecen al departamento, recordando que durante las últimas dos décadas se han registrado episodios de alerta y estudios técnicos relacionados con la actividad extractiva en la cordillera. En ese contexto, el llamado del párroco a involucrarse en la defensa del territorio fue interpretado como un respaldo institucional a las organizaciones y vecinos que reclaman mayor protección sobre las fuentes de agua.

Hacia el final del texto, Vaca dirigió su mensaje tanto a las autoridades provinciales como a las empresas interesadas en el proyecto, remarcando que los bienes naturales “no pueden ser tratados como insumos descartables” dentro de una cadena productiva. Con esa afirmación, la parroquia fijó una postura que promete influir en la agenda política local, la integridad del territorio y el agua de las comunidades deben ser preservadas sin excepciones.

Aisa Group negó una imputación por lavado y afirmó que las medidas judiciales no implican delito. La empresa pidió el archivo del expediente iniciado por Fecovita.

La disputa judicial que desde hace años enfrenta a Fecovita e Iberte sumó esta semana un nuevo capítulo en los tribunales federales de Comodoro Py, con una investigación por presunto lavado de activos vinculada a operaciones financieras entre ambas empresas.

El expediente, que tramita en la Justicia Federal porteña, tiene además una derivación directa para San Juan: Juan José Retamero Gómez, referente de Aisa Group y propietario de Minas Argentinas, quedó alcanzado por las medidas de investigación ordenadas por el fiscal Ramiro González.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Fecovita contra Retamero y el ex titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, por presuntas maniobras relacionadas con lavado de activos y balances falsos. En los últimos días, la investigación avanzó con pedidos de información bancaria, fiscal y bursátil sobre Retamero, García y distintas sociedades, entre ellas EVISA, Inver, Minas Argentinas, Cabo Vírgenes, ISBER LLC y ERIS LLC. Estas medidas, sin embargo, no implican imputación ni acreditan la existencia de un delito.

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En ese contexto, la directora legal de Aisa Group, Julia Villanueva, salió a cuestionar la interpretación pública del expediente y negó que exista una imputación contra las empresas del grupo o contra Retamero. “No hay tal imputación contra ninguna de las empresas del grupo ni contra Juan Jorge Retamero”, afirmó la abogada, quien sostuvo que el requerimiento fiscal dejó expresamente establecido que no había elementos suficientes para imputar a ninguna persona.

Villanueva remarcó que las medidas ordenadas por la Justicia responden a la necesidad de analizar reportes de operaciones inusuales vinculados con Fecovita, y que Aisa Group ya presentó documentación para explicar las transacciones bajo revisión. La representante legal insistió en diferenciar una alerta financiera de la existencia de un delito: “Una operación considerada inusual no implica lavado de activos”, señaló.

Aisa Group también destacó que sus empresas cuentan con mecanismos de prevención de lavado, auditorías externas y procedimientos de cumplimiento normativo. Según la interpretación del grupo, los reportes que dieron origen a la causa corresponden a operaciones comerciales realizadas en el marco de la relación entre Fecovita y las sociedades vinculadas a Aisa Group.

El grupo empresarial pidió el archivo del expediente, argumentando que no existen elementos que permitan sostener una imputación penal.

Con una cartera superior a USD 20.700 millones, Chile y Argentina activaron protocolos que permitirán operar proyectos mineros fronterizos y profundizar la cooperación en minerales críticos.

Argentina y Chile aprobaron este martes los Protocolos Adicionales Específicos (PAE) para operar tres proyectos mineros binacionales ubicados en la cordillera fronteriza entre la provincia de San Juan y la Región de Atacama, en una nueva sesión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena. La decisión marca un avance concreto en la reactivación del Tratado, firmado en 1997 y prácticamente inactivo durante casi tres décadas.

Los protocolos aprobados habilitan marcos normativos específicos para los proyectos Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, todos vinculados a yacimientos cupríferos de alta relevancia estratégica. En conjunto, la cartera binacional supera los USD 20.700 millones, con desarrollos que comenzarán a avanzar progresivamente en los próximos años.

El proyecto Vicuña integra los yacimientos Josemaría (Argentina), Tamberías (Chile) y Filo del Sol (binacional). NexoAndino agrupa Los Helados (Chile) y Lunahuasi (Argentina), mientras que Filo Sur opera en el Distrito Vicuña con trabajos de exploración que ahora podrán unificarse operativamente bajo el nuevo protocolo.

El biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, destacó que la aprobación de los PAE coincide con la creciente demanda global de cobre y minerales críticos, esenciales para la transición energética. “Esta nueva etapa representa una oportunidad estratégica: transformar la expansión minera en una palanca de desarrollo que se traduzca en mejores empleos, infraestructura y fortalecimiento de proveedores”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero, subrayó el potencial disruptivo del cobre para el país. “Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. El Tratado facilita el desarrollo de los proyectos fronterizos y genera mejores condiciones para su puesta en marcha”, señaló.

Integración productiva y competitividad regional

El subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, remarcó que los protocolos representan avances concretos hacia una integración productiva más profunda. “Queremos fortalecer la competitividad de ambos países y consolidar al Cono Sur como actor estratégico en minerales críticos”, indicó.

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El ministro (S) de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres, contextualizó la trascendencia diplomática del acuerdo: “Chile y Argentina comparten historia, geografía y enormes recursos mineros. La colaboración coordinada será clave para repotenciar la minería en zonas fronterizas”.

Un ciclo de inversiones sin precedentes

La activación de los PAE se da en paralelo al mayor ciclo de inversiones cupríferas de la región. Argentina registra USD 22.000 millones aprobados en siete proyectos bajo el RIGI, mientras que Chile acumula más de USD 24.300 millones en iniciativas ingresadas a tramitación ambiental desde marzo.

La agenda bilateral contempla oportunidades en infraestructura, conectividad, logística, proveedores mineros, servicios especializados, innovación, tecnología, energía y capital humano, consolidando un ecosistema productivo binacional con proyección global.

La reactivación del Tratado busca que el crecimiento de la minería fronteriza se traduzca en mayor inversión, actividad económica y mejora de las condiciones de vida para las comunidades de ambos países.