Vicuña convoca a proveedores a una ronda de negocios el 13 y 14 de julio para las licitaciones eléctricas del Campamento Fase II. Postulaciones hasta el 8 de julio.

Vicuña realizará una nueva ronda de negocios destinada a fortalecer la cadena de valor minera y ampliar las oportunidades de participación para proveedores locales. En el marco de las licitaciones para la Distribución eléctrica en 33 kV y la Expansión del sistema eléctrico del Campamento Fase II, la compañía convocó a empresas y prestadores de bienes y servicios a participar de dos encuentros presenciales que se desarrollarán el 13 y 14 de julio, en Iglesia y en el Gran San Juan.

La iniciativa busca consolidar el vínculo con la cadena de valor sanjuanina mediante reuniones breves y directas entre las empresas oferentes de las licitaciones y los potenciales subcontratistas locales, con especial foco en los departamentos de Iglesia y Jáchal, zonas de influencia directa del proyecto. En esta edición, los rubros seleccionados incluyen alquiler de oficinas móviles, ferreterías industriales, materiales eléctricos, servicios de ingeniería, alquiler de grupos electrógenos, camionetas y baños móviles, transporte de cargas y personal, indumentaria de trabajo y EPP, consultoría en higiene y seguridad y servicios de grúas.

Las empresas interesadas deberán completar su postulación de manera virtual antes del miércoles 8 de julio a las 13:00. Los prestadores radicados en el Gran San Juan deberán ingresar su solicitud a través del enlace correspondiente, mientras que quienes pertenezcan a Iglesia y Jáchal deberán hacerlo desde el acceso destinado a esas comunidades. Una vez finalizado el registro y tras la evaluación técnica, los turnos asignados serán notificados por correo electrónico.

Además de las rondas presenciales, Vicuña prevé instancias complementarias de relacionamiento en las comunidades, siguiendo la experiencia de la licitación de catering, con el objetivo de facilitar el contacto entre empresas oferentes y proveedores locales. También se habilitarán espacios de vinculación para firmas que no participarán como oferentes directos, promoviendo esquemas asociativos que permitan desarrollar capacidades productivas en el territorio.

Para participar, las empresas deberán contar con inscripción vigente en el registro de proveedores Achilles, presentar documentación legal, fiscal y contable actualizada incluida la constancia de ARCA y habilitaciones correspondientes y acreditar el cumplimiento de las normativas de seguridad, higiene y cuidado ambiental exigidas por los estándares de Vicuña.

Con esta nueva ronda de negocios, la compañía busca profundizar la articulación con la cadena de valor sanjuanina y generar oportunidades concretas para el sector productivo local en un contexto de expansión de infraestructura clave para el proyecto.

CAPRIMSA celebró la aprobación de la Ley de Desarrollo Minero y destacó que el nuevo marco legal permitirá negociar más oportunidades para proveedores sanjuaninos.

La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) celebró la histórica aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero, sancionada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados con 33 votos afirmativos y solo dos en contra.

La normativa, impulsada por la gestión del gobernador Marcelo Orrego, establece un marco legal sólido para fortalecer el empleo, la producción y la cadena de valor sanjuanina frente al avance de los grandes proyectos metalíferos. Apenas conocido el resultado del recinto, CAPRIMSA expresó su conformidad con la sanción y destacó que la aprobación marca el inicio de una etapa decisiva. “Estamos conformes con la ley aprobada; ahora empieza el trabajo de campo”, señalaron desde la conducción de la entidad, que venía siguiendo de cerca cada artículo del proyecto y había sugerido modificaciones clave para garantizar la inclusión explícita de los proveedores interdepartamentales en la letra de la norma.

Para CAPRIMSA, liderada por Fernando Godoy, el valor central de esta ley radica en que las negociaciones para obtener mayores oportunidades en bienes, obras y servicios ya no dependerán del “humor del político de turno” ni de decretos modificables, sino de un respaldo legal permanente que otorga previsibilidad y transparencia. La entidad remarcó que el nuevo marco normativo permitirá disputar contratos con reglas claras y evitar discrecionalidades en la adjudicación de servicios vinculados a la actividad minera.

La Ley de Desarrollo Local Minero se estructura sobre tres pilares estratégicos. El primero garantiza que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de San Juan, priorizando a los habitantes de los departamentos de influencia directa como Iglesia, Jáchal, Calingasta, Sarmiento y Valle Fértil. El segundo fija como objetivo que el 60% del monto anual de las contrataciones en bienes, obras y servicios sea adjudicado a empresas radicadas en la provincia, promoviendo además consorcios y esquemas asociativos entre pymes locales y grandes corporaciones para afrontar contratos de alta complejidad técnica. El tercer pilar vincula las acciones de responsabilidad social empresaria con los planes estratégicos de desarrollo urbano de cada municipio, evitando inversiones aisladas y garantizando impacto real en salud, educación e infraestructura.

Una vez promulgada la norma, las empresas mineras tendrán entre 60 y 90 días para presentar sus planes iniciales de empleo y contratación local. CAPRIMSA anticipa que allí comenzará el verdadero desafío: monitorear en territorio el cumplimiento de los compromisos, articular la oferta local con los requerimientos técnicos de los proyectos y verificar que el espíritu del “compre sanjuanino” se traduzca en hechos concretos. “El marco normativo ya está dado y el consenso político ha sido contundente. Ahora nos toca a los proveedores demostrar que estamos a la altura de la demanda de competitividad del mercado y salir a disputar cada contrato con la ley en la mano”, concluyeron desde el sector.

Radio Colón

Sernageomin y la SMA inspeccionaron Pascua Lama y confirmaron que el cierre definitivo avanza según el cronograma, con instalaciones estables y cumplimiento ambiental.

Las autoridades mineras y ambientales de Chile realizaron una nueva inspección en la faena cordillerana de Pascua Lama para evaluar el avance del proceso de cierre definitivo del proyecto, paralizado desde 2020 por orden de la autoridad ambiental. Equipos técnicos del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) llevaron adelante una fiscalización exhaustiva destinada a verificar el cumplimiento estricto del cronograma oficial y garantizar la seguridad de las instalaciones mientras se ejecutan las obras de clausura.

Durante el recorrido, los fiscalizadores revisaron en detalle el estado de las actividades de desmantelamiento y remediación, poniendo especial atención en las condiciones de estabilidad del sitio y en la correcta implementación de las medidas comprometidas en los planes de cierre aprobados. Según informaron oficialmente ambos organismos, las tareas avanzan conforme a la planificación vigente y no se detectaron desviaciones relevantes respecto de las obligaciones establecidas en los instrumentos regulatorios que rigen la faena.

La inspección incluyó la evaluación de los distintos planes de cierre Temporal, Parcial y Definitivo que regulan cada etapa del proceso de clausura y estabilización de la infraestructura minera. El Sernageomin constató que las condiciones de seguridad general del yacimiento se mantienen dentro de los parámetros exigidos por la normativa chilena y que las obras progresan de manera sostenida, mientras que la SMA verificó que las instalaciones permanecen estables durante la ejecución de los trabajos, un aspecto considerado clave para asegurar un cierre seguro y ajustado a la legislación ambiental.

Desde la conducción del Sernageomin destacaron que este tipo de inspecciones presenciales forma parte del programa permanente de fiscalización de planes de cierre de faenas mineras en todo el país, cuyo objetivo es garantizar que las compañías cumplan cada una de las medidas establecidas por la ley, resguardando la estabilidad del terreno y la seguridad operativa durante el proceso de clausura.

Pascua Lama fue concebido como uno de los mayores proyectos binacionales de oro y plata del mundo, ubicado en plena cordillera de los Andes entre la Región de Atacama, en Chile, y la provincia de San Juan, en Argentina. Sin embargo, el desarrollo quedó paralizado de manera definitiva en 2020 tras detectarse incumplimientos ambientales, lo que obligó a la empresa a activar un complejo plan de cierre que hoy continúa bajo estricta supervisión estatal. Las autoridades chilenas mantienen un seguimiento constante del avance de las obras, mientras que en San Juan el proceso es monitoreado por organismos provinciales atentos al impacto regional del proyecto.