Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones más duras a petroleras que operen en Malvinas, en medio del avance del proyecto Sea Lion.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un mensaje transmitido por cadena nacional que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Entre los anuncios más relevantes se encuentran la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras extranjeras que operan en el área bajo administración británica.

El mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley orientado a fortalecer las herramientas diplomáticas, económicas y legales del Estado argentino frente a las actividades de explotación de recursos naturales en la zona en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei al abrir su mensaje, y remarcó que el reclamo debe estar acompañado por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La decisión se produce en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé inversiones millonarias y una producción estimada de 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Ambas empresas ya fueron sancionadas por Argentina en años anteriores por operar sin autorización en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

El Gobierno argentino considera que el desarrollo del proyecto constituye una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que las perforaciones podrían comenzar en los próximos meses, lo que incrementó la tensión diplomática.

El anuncio de Milei también se inscribe en un escenario internacional en movimiento. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la posición de Washington respecto al conflicto y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad estadounidense. La respuesta generó reacciones inmediatas del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su postura sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, según explicó Milei, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y dotar al Estado de infraestructura estratégica para la defensa y el control de los recursos naturales. El Gobierno también anticipó que las nuevas sanciones alcanzarán no solo a las petroleras involucradas, sino también a proveedores, contratistas y empresas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con estas medidas, la administración nacional busca trasladar el reclamo por Malvinas al plano legislativo y reforzar las herramientas con las que pretende intervenir frente al avance de actividades económicas en el área en disputa. El paquete de leyes será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

Javier Milei presentó su declaración jurada 2025 y declaró un patrimonio de $295,2 millones, un aumento nominal del 43%. También se conocieron las declaraciones de Karina Milei y Luis Caputo, con incrementos significativos en sus bienes.

El presidente Javier Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente al año 2025, en la que se observa un incremento nominal del 43,3% en su patrimonio durante su segundo año de gestión. Según el documento, los bienes, depósitos y dinero declarados pasaron de $206 millones al inicio de 2025 a $295,2 millones al cierre del mismo período. En términos dolarizados, la variación fue mínima debido al efecto del tipo de cambio.

El aumento patrimonial se explica principalmente por la revaluación de activos ya existentes, dado que Milei no incorporó bienes nuevos. Su departamento de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires duplicó su valuación, pasando de $38,4 millones a $73,5 millones. En tanto, sus dos vehículos una Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé mantuvieron los valores declarados el año anterior.

También se registró un incremento en el valor en pesos de sus tenencias en dólares, producto del salto del tipo de cambio: los US$65.562 depositados en una caja de ahorro y los US$20.000 en efectivo pasaron de valuarse a $1029 por dólar a $1446 hacia fin de año.

En cuanto a ingresos, Milei declaró $81,8 millones, compuestos por renta del trabajo personal y actividades vinculadas a empresas y comercio. Sus gastos personales ascendieron a $66,2 millones. Además, el mandatario informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, un pasivo que no figuraba en su declaración del año anterior.

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El patrimonio de Karina Milei

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y mostró un incremento patrimonial significativamente mayor en términos porcentuales: su patrimonio pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, una suba del 210%. El aumento se explica casi exclusivamente por la revaluación de su vivienda en Vicente López, que pasó de $3,9 millones a $28,1 millones.

La funcionaria declaró ingresos netos por $33,1 millones, todos provenientes de su trabajo personal, y gastos por $33,6 millones. Sus deudas también crecieron levemente, pasando de $841.961 a $969.471, con obligaciones registradas en el ICBC y el Banco Santander. Además, incorporó una cuenta de pago en una billetera virtual por $3,8 millones, que no figuraba en la presentación anterior.

La declaración jurada de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó un patrimonio que pasó de $11.851 millones a $19.209 millones, lo que representa un aumento del 62% en pesos. Declaró depósitos bancarios por $12.730 millones, de los cuales el 97% se encuentran en el exterior. Solo una cuenta en Estados Unidos concentra $11.739 millones. Caputo también declaró gastos personales por $237 millones durante 2025.

Las tres declaraciones juradas exhiben incrementos patrimoniales significativos en un contexto de alta inflación y revaluación de activos, y forman parte del esquema de transparencia que exige la normativa vigente para funcionarios nacionales.

Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen simplificado de Ganancias, redefine discrepancias y reduce multas para pymes.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce modificaciones en el régimen tributario y redefine la relación entre los contribuyentes y el Estado frente a eventuales discrepancias fiscales. El proyecto, que ahora deberá continuar su trámite en el Senado, amplía el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y establece nuevos criterios de fiscalización.

La norma modifica la ley 27.799 y habilita la adhesión al régimen simplificado a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, eliminando los límites de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora. Además, extiende el plazo para ingresar a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que abre una ventana más amplia para quienes buscan regularizar su situación fiscal bajo un esquema de menor complejidad administrativa.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita a la Administración de Recursos y Control de la Actividad (ARCA) a impugnar una declaración simplificada. A partir de la nueva ley, se considerará discrepancia toda diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. Este criterio busca establecer un umbral más claro y acotado para las revisiones del organismo.

El Presidente lanzó un paquete de reformas que incluye cambios en el BCRA, regla fiscal y mercado financiero

La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, quienes seguirán sujetos a controles más exhaustivos. A la vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y utilizar medios de pago autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV), reforzando la trazabilidad de las transacciones.

Durante el debate legislativo, se incorporó otro cambio relevante: la reducción del 25% en las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas, una medida que busca aliviar la carga sancionatoria sobre el sector y fomentar la regularización voluntaria.

Según fuentes parlamentarias, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal II constituye uno de los avances legislativos que el Gobierno esperaba lograr en la sesión, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Con la media sanción obtenida, el proyecto deberá ser tratado ahora en el Senado, donde continuará el debate sobre su alcance y aplicación.