A través de un fuerte comunicado, la Casa Rosada justificó los cambios como una “reforma de segunda generación”. Mientras el Ejecutivo defiende el achicamiento de estructuras, la oposición denuncia la creación de una “policía secreta” y presiona en el Congreso para controlar el DNU.

REDACCIÓN JÁCHAL MAGAZINE – El sistema de inteligencia argentino atraviesa una transformación radical. Tras la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, el Gobierno nacional detalló las nuevas funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), argumentando que el objetivo es terminar con décadas de “opacidad y uso político”.

Los ejes de la reforma

Según el comunicado oficial, la reforma busca adecuar el sistema a las “amenazas del siglo XXI” mediante varios puntos clave:

• Foco en Contrainteligencia: La Agencia de Seguridad Nacional se limitará exclusivamente a proteger al Estado de espionaje o injerencia externa.
• Recorte de funciones: La SIDE dejará de ocuparse de la seguridad interna (que queda bajo el Ministerio de Seguridad) y de la infraestructura crítica (que pasa a Innovación, Ciencia y Tecnología).
• Eficiencia militar: Se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con el Estado Mayor Conjunto.
• Carácter encubierto: Todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter reservado para reducir el “riesgo estratégico”.

La medida no tardó en despertar fuertes críticas en el arco opositor. Sectores del kirchnerismo y bloques aliados como Encuentro Federal y la Coalición Cívica advirtieron que el DNU otorga facultades excesivas y reduce el control parlamentario.

Referentes de la oposición, como Leopoldo Moreau y Agustín Rossi, denunciaron que la reforma podría dar lugar a una “fuerza parapolicial” al permitir detenciones en flagrancia y el uso de personal militar para tareas de inteligencia civil.

Ante este escenario, se ha iniciado una fuerte presión sobre Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para conformar de manera urgente las comisiones bicamerales:

1. De Trámite Legislativo: Para validar o rechazar el DNU.
2. De Inteligencia: Para ejercer el control sobre las actividades de los espías.

Plazos legales

El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. Una vez allí, la comisión tiene otros 10 días para dictaminar. Si no hay acuerdo en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratar el DNU en el recinto, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sostener la reforma de la nueva SIDE.

En una sesión maratónica y tras intensas negociaciones, el oficialismo consiguió 46 votos a favor. El proyecto contempla un crecimiento del 5% y una inflación del 10,1% para el próximo año, aunque mantiene la polémica por el recorte en fondos educativos.

Por primera vez en sus dos años de gestión, el presidente Javier Milei contará con un presupuesto propio aprobado por el Congreso. En la primera sesión con la nueva composición del Senado, el oficialismo logró imponer su hoja de ruta económica para el 2026, con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques federales que responden a los gobernadores.

La votación resultó en 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Para asegurar el número, la Casa Rosada desplegó a sus principales operadores en los pasillos del Congreso, incluyendo a Martín Menem y Diego Santilli, quienes monitorearon cada detalle del debate.

Las claves del Presupuesto 2026

El texto aprobado establece metas ambiciosas y mantiene la premisa del déficit cero:

• Inflación anual: Se proyecta un $10,1\%$.
• Crecimiento del PBI: Estimado en un $5\%$.
• Tipo de cambio: Un dólar a $1.423 para diciembre de 2026.
• Superávit: Se busca un superávit primario del $1,5\%$ del PBI.

Educación y Ciencia: el punto de mayor conflicto

A pesar de la aprobación general, el debate estuvo marcado por la tensión en torno al Artículo 30. Este punto deroga artículos de las leyes de Financiamiento Educativo y de Ciencia y Tecnología, eliminando los “pisos” mínimos de inversión que el Estado debe garantizar por ley.

“Acompañar no es callar o no señalar lo que está mal”, advirtió la senadora Flavia Royón, reflejando el sentimiento de varios legisladores que, aunque apoyaron la herramienta por “responsabilidad institucional”, cuestionaron el ajuste en áreas sensibles como la educación técnica y la investigación.

El rol de las provincias

Las negociaciones con los gobernadores fueron determinantes. Mientras el oficialismo defendía que el $82\%$ del gasto ya está comprometido en jubilaciones y asistencia social, los mandatarios provinciales presionaron por deudas previsionales y fondos para infraestructura. El acuerdo alcanzado permitirá que las provincias cuenten con previsibilidad, aunque bajo un esquema de fuerte austeridad fiscal.

En el inicio de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional consiguió uno de sus principales objetivos legislativos: la aprobación en general del Presupuesto 2026, que ahora será girado al Senado. Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés político significativo, ya que la oposición logró frenar la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, dos normas sensibles que el Ejecutivo buscaba eliminar.

El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, estas últimas en su mayoría provenientes del bloque Provincias Unidas. El resultado fue posible gracias al respaldo del interbloque Pro–UCR y de legisladores alineados con gobernadores peronistas cercanos a la Casa Rosada, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y el sanjuanino Marcelo Orrego.

Pese a la media sanción, el oficialismo no logró sostener el capítulo XI del proyecto, donde se incluía el artículo 75, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido sancionadas por el Congreso con mayorías especiales y, aunque el presidente Javier Milei intentó vetarlas, ese veto fue rechazado por el Parlamento. La posterior decisión del Ejecutivo de suspender su aplicación generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

Durante la extensa sesión, el Gobierno llevó adelante negociaciones frenéticas hasta último momento con bloques aliados y gobernadores, ofreciendo concesiones para garantizar los votos necesarios. A último momento, incluso, se incorporó un artículo que habilita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a transferir fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta a un reclamo de la gestión porteña.

El debate fue áspero. Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, denunció presiones del oficialismo y calificó la estrategia como un intento de “condicionar” al Poder Judicial, ya que dentro del mismo capítulo se incluyó el financiamiento del Consejo de la Magistratura. “Le ponen un condicionamiento para evitar una judicialización posterior”, lanzó durante su intervención.

El oficialismo intentó evitar el rechazo puntual del artículo 75 proponiendo que la votación se realizara por capítulos y no por artículos, pero la maniobra no alcanzó. Aliados circunstanciales decidieron no acompañar el capítulo XI, lo que terminó por frustrar uno de los objetivos centrales del Gobierno.

El rechazo a este capítulo también implicó dejar sin efecto otras iniciativas polémicas, como la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías, que subsidia tarifas de gas en varias provincias, y un esquema de condonación cruzada de deudas entre distribuidoras eléctricas y la empresa estatal CAMMESA.

A lo largo de la jornada, los bloques provinciales hicieron valer su peso. Legisladores de Catamarca y Salta reclamaron mayor inversión en obras públicas, especialmente en rutas nacionales y zonas estratégicas, y cuestionaron la falta de definiciones claras en áreas sensibles como educación y discapacidad.

Con la media sanción obtenida, el Presupuesto 2026 inicia ahora su recorrido en el Senado, donde el Gobierno deberá volver a negociar para sostener el equilibrio fiscal que impulsa, pero sin perder de vista los límites políticos que ya le marcó la Cámara baja. El desenlace anticipa un debate igualmente complejo y con final abierto.