El excandidato a gobernador liberal, Sergio Vallejos, ha presentado formalmente un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados de San Juan contra tres miembros de la Corte de Justicia de la provincia: Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur.
La solicitud está basada en presuntas irregularidades vinculadas a dos casos judiciales que, según Vallejos, evidencian una “flagrante contradicción” en el accionar de los magistrados.
El caso de la expropiación de la Bodega La Superiora
El primer hecho que motiva el pedido de juicio político está relacionado con la expropiación del inmueble de la Bodega La Superiora, adquirida en subasta por la empresa Cuyo Inversiones S.A. en 1999 por una suma de $95.000. Vallejos detalló que en 2012 el Concejo Deliberante de Rawson ordenó la expropiación del predio, lo que inició un largo proceso judicial en el que el valor del inmueble fue objeto de controversia.
El Tribunal de Tasaciones de la Provincia valuó el predio en $5.800.000 en 2011, sin embargo, Cuyo Inversiones solicitó $18.000.000 como compensación, lo que desencadenó una serie de recursos legales. En primera instancia, el Juzgado Contencioso Administrativo ordenó que se pagara una diferencia de $1.022.400, pero la empresa apeló la decisión. Fue en esta instancia que la causa llegó a la Corte de Justicia de San Juan, específicamente a la Sala II, integrada por los cortistas Lima, García Nieto y Olivares Yapur.
En su fallo, la Corte aceptó la apelación en lo que respecta a la tasa de interés aplicable, ordenando que se calculara sobre el valor actual del inmueble, lo que, según Vallejos, contradice la ley vigente. “Los cortistas fallaron extrapetita y por fuera del texto de la Ley”, señaló el denunciante, refiriéndose al incumplimiento de las normas que rigen las expropiaciones en San Juan. Vallejos sostuvo que este fallo podría tener un impacto negativo significativo en las finanzas públicas, estimando que se podrían generar obligaciones de pago de hasta $12.000.000.000 en juicios pendientes.
La polémica del proceso electoral de 2023
El segundo hecho por el que Vallejos solicitó el juicio político está relacionado con el rol de Olivares Yapur y García Nieto en el proceso electoral provincial de 2023. Ambos magistrados formaron parte del Tribunal Electoral que decidió, el 9 de mayo de ese año, continuar con el cronograma electoral sin incluir la categoría de Gobernador y Vicegobernador, en acatamiento a una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Vallejos criticó duramente esta decisión, argumentando que el fallo de la Corte Nacional solo afectaba la elección de los cargos de Gobernador y Vicegobernador, pero que el Tribunal Electoral de San Juan debería haber suspendido también las otras categorías en juego, en línea con lo que hizo la provincia de Tucumán en una situación similar. “El Tribunal violó el artículo 185 de la Constitución Provincial, que establece que el pueblo de San Juan debe votar conjuntamente por el Gobernador, el Vicegobernador y los Diputados Provinciales”, explicó.
Un “deber cívico”
Durante una conferencia de prensa, Vallejos destacó que esta presentación es un “deber cívico” y contó con el apoyo de Evolución Liberal, el partido que preside, y del Frente Liberal San Juan. El excandidato sostuvo que las decisiones tomadas por los tres cortistas no solo son ilegítimas e inconstitucionales, sino que también tienen serias implicancias en los fondos públicos, poniendo en riesgo áreas sensibles como la obra pública, la salud y la educación en la provincia.
“Es fundamental que la Legislatura juzgue políticamente a los denunciados por las responsabilidades políticas que surgen de estas decisiones”, concluyó Vallejos, haciendo un llamado a la Cámara de Diputados para que actúe en defensa del orden jurídico y de los intereses de los sanjuaninos.
La solicitud de juicio político está en manos de los legisladores, quienes deberán analizar los argumentos presentados y decidir si avanzan con el proceso contra los tres cortistas de la Corte de Justicia de San Juan.
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