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Misiones: los policías amenazan con agravar el conflicto

El gobierno provincial anunció un aumento salarial para los docentes, pero fracasó la reunión con el personal de las fuerzas de seguridad. “Sigue el acampe e iremos hasta las últimas consecuencias”, señalaron tras el último encuentro.

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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, alcanzó un acuerdo con los gremios docentes y anunció un aumento salarial, pero fracasó la negociación con los delegados de la policía local para descomprimir el conflicto policial, una protesta que mantiene en vilo a toda la provincia y a la que hoy se sumó personal de salud, que sacó de servicio ambulancias de emergencias y las llevó al piquete.

Luego del subibaja del domingo, el conflicto planteado por una porción del personal policial, impulsado por retirados y acompañado por familiares, entró en zona de definiciones. Esta mañana hubo contactos entre los líderes de la protesta y funcionarios provinciales. Acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía. Las charlas se retomarán luego del anuncio de incremento de haberes que hará Passalacqua.

El Gobierno había anticipado la semana pasada que la recomposición salarial para todo el sector público se concretaría este lunes. Pero, en el interín, estalló la revuelta de una facción de uniformados. La movida, motorizada por un grupo de dirigentes retirados de la fuerza, arrastró principalmente a suboficiales, personal que tiene sus estudios secundarios e incluso primarios incompletos. Se sumaron también algunos docentes. Y beneficiarios de planes sociales nacionales que fueron dados de baja.

En los últimos minutos se conocieron del acuerdo alcanzado con los docentes. El salario mínimo pasará de 265 mil pesos a 400 mil pesos, para maestros de primaria y sin antiguedad. Desde el gobierno, además, informaron que docentes de secundaria “llegarán al millón de pesos”.

“Es del 27% en promedio. Lo mismo se ofreció a otros escalafones, sobre todo en salud, donde se espera acordar y en la policía, que es el sector más renuente a acordar”, agregaron desde el ejecutivo provincial.

Una vez que se concrete al anuncio para todos los sectores, las reacciones posibles serán dos. O los manifestantes levantan la protesta conformes con la suba. O, por el contrario, el conflicto se profundiza por el descontento ante la mejora propuesta por las autoridades.

En el seno del Gobierno misionero hay preocupación, y hasta cierto temor, de que esta última alternativa sea la más factible. Observan que en las últimas horas se ha acercado más gente de otros sectores a la sede del Comando Radioeléctrico, foco del conflicto desde el viernes.

Dentro de los grupos que se han plegado al levantamiento está una fracción de la salud provincial. Empleados de esa repartición sacaron de servicio cinco ambulancias del servicio de emergencias 107 (que cumple una función similar a la del SAME en Buenos Aires). Y llevaron las unidades al piquete.

Gran parte de la sociedad misionera, incluso los que simpatizan con los manifestantes, ven con preocupación esta maniobra que vulnera bienes del Estado. Observan que va más allá de la puja salarial con la administración de Passalacqua. Algo similar ocurrió con la difusión de videos de personal policial encapuchado actuando en la noche para retirar móviles de la fuerza.

Por otro lado, las autoridades públicas han definido correr del primer plano de la escena a las fuerzas federales. La intervención del domingo no tuvo los resultados esperados. Y alteró más la paz social, evalúan en el Gobierno. En un primer momento, la intención del Ministerio de Seguridad de la Nación era que los efectivos de Gendarmería y Prefectura desplegados no entren en el “cuerpo a cuerpo”, sino que se mantengan en posiciones de apoyo a la Policía provincial.

Pero el viernes el magistrado que interviene en el hecho, Ricardo Walter Balor (titular del juzgado provincial de Instrucción N° 6), ordenó tanto a la fuerza policial como a Gendarmería apostada en Misiones que procesa al desalojo del Comando. Ante una orden judicial, las decisiones políticas quedaron en un segundo plano.

Replegar a los efectivos federales sería, ahora, una maniobra para no complicar más la paz social en la provincia, comentaron en el Gobierno provincial. No quieren forzar situaciones de quiebre de la convivencia. Es que cuando el conflicto se agote, más tarde o más temprano, deberán seguir coexistiendo en una comunidad chica donde todos, de una manera u otra, se conocen.

Infobae

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El canciller Quirno advirtió sobre la pérdida de relevancia de la ONU y llamó a modernizarla

En una intervención de alto perfil diplomático ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller argentino Pablo Quirno reclamó una reforma estructural del organismo multilateral y advirtió que la ONU corre el riesgo de perder relevancia si no recupera capacidad de acción efectiva.

El mensaje fue pronunciado en Nueva York durante el debate abierto convocado por China bajo el eje “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

La sesión reunió a más de cien delegaciones y coincidió con un llamado de atención del secretario general António Guterres, quien alertó que la Carta fundacional está “en peligro” por la erosión del derecho internacional, las tensiones geopolíticas y el retroceso global en materia de derechos humanos.

Quirno sostuvo que la legitimidad del sistema multilateral depende de su capacidad real para intervenir en los desafíos globales. “Cuando esa capacidad se debilita, la Organización pierde autoridad y se distancia de las realidades que atraviesan los Estados”, afirmó.

El canciller propuso avanzar hacia un multilateralismo centrado en mandatos concretos, administración responsable de recursos y mecanismos de rendición de cuentas. “La retórica sin impacto erosiona la confianza e imposibilita la conducción”, señaló.

Los cuatro principios de la postura argentina

Quirno articuló la posición del país en torno a los lineamientos que el presidente Javier Milei presentó ante la Asamblea General en 2025. Los resumió en cuatro principios:

  1. Preservación de la paz como prioridad esencial del organismo.
  2. Subsidiariedad internacional, reservando la acción de la ONU para problemas que exceden la capacidad de los Estados.
  3. Diligencia institucional, evaluando cada estructura por su utilidad real.
  4. Simplificación normativa, orientada a facilitar la libertad, el comercio y la prosperidad.

El canciller vinculó estos ejes con la Iniciativa ONU80, que impulsa una revisión profunda de mandatos superpuestos, estructuras redundantes y agendas desconectadas de las necesidades actuales. “Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados expresan con claridad lo que durante demasiado tiempo se evitó decir”, afirmó.

Quirno también respaldó explícitamente la candidatura del argentino Rafael Grossi, actual director del OIEA, para ocupar la Secretaría General de la ONU. Señaló que el próximo titular debe ser elegido por “mérito, experiencia, independencia y capacidad comprobada de gestión”.

“La Organización necesita un liderazgo con autoridad técnica y solvencia política, capaz de devolverle alma y predicamento a una estructura que debe reencontrarse con la memoria de su relevancia”, sostuvo.

Reforma del Consejo de Seguridad

El canciller apoyó una ampliación de la membresía no permanente y una mejora en la capacidad de reacción del Consejo, en línea con el diagnóstico de Guterres: un órgano que no refleje la realidad geopolítica actual “no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades”.

Para cerrar, Quirno citó al excanciller Carlos Saavedra Lamas, primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz, quien defendía la unidad de las naciones libres frente a escenarios de tensión global. “La estabilidad no se preserva con inercia, sino con liderazgo y claridad moral”, recordó.

La jornada incluyó además una intensa agenda bilateral con representantes de República Checa, Indonesia, Liberia, Bahréin, Panamá y un encuentro con el canciller chino Wang Yi, quien presidió el debate.

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La administración Milei acelera la reestructuración del Estado con acuerdos de retiro

El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de reestructuración del Estado, con foco en la reducción de organismos descentralizados y la ampliación del esquema de retiros voluntarios, una herramienta que el oficialismo evalúa extender a la administración central.

La política es coordinada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, por instrucción directa del presidente Javier Milei.

Desde el inicio de la gestión, la reducción del tamaño del Estado se convirtió en uno de los ejes centrales del programa oficial. En ese marco, los acuerdos de desvinculación voluntaria se implementaron en distintos organismos y ya suman más de 2.300 adhesiones, aunque en el Gobierno anticipan que la cifra crecerá con las nuevas etapas previstas.

Organismos con retiros finalizados y próximos pasos

Los retiros voluntarios ya concluyeron en dos organismos clave:

  • Dirección Nacional de Vialidad, con cerca de 1.000 empleados menos
  • ANSES, donde se registraron 1.170 desvinculaciones

Ambos procesos son considerados “los más exitosos” por el oficialismo, ya que representan alrededor del 10 % de la dotación de cada entidad.

La política también se aplicó en:

  • Radio y Televisión Argentina (RTA)
  • Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
  • Casa de la Moneda
  • Belgrano Cargas y Logística (BCyL)

En paralelo, el Gobierno prepara nuevos retiros en el INTA y analiza abrir procesos similares en PAMI que cuenta con unos 11.000 empleados y en otros cuatro organismos que permanecen bajo evaluación.

Cómo funcionan los retiros voluntarios

Los acuerdos contemplan el pago de alrededor del 90 % del salario bruto por cada año trabajado, y quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado por un período de cinco años. En la Casa Rosada sostienen que el mecanismo:

  • Reduce la conflictividad laboral
  • Representa un ahorro fiscal
  • Resulta más económico que una indemnización tradicional
  • Permite reorganizar estructuras sin procesos judiciales

“Es un sistema dinámico, no hay un número objetivo. Cada organismo proyecta sus necesidades y se avanza según disponibilidad presupuestaria”, explicaron fuentes oficiales.

Según el último informe del INDEC (marzo 2026), la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que implica una reducción interanual del 6,3 %. En el Gobierno aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, ya se recortaron más de 65.000 puestos desde el inicio de la gestión.

La administración Milei considera que esta política es clave para avanzar en la reorganización del Estado y en el cumplimiento de los objetivos fiscales del programa económico.

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El Gobierno envió al Congreso el Súper RIGI y la ley de lobby

Ambas iniciativas impulsadas por el oficialismo ingresaron la Cámara de Diputados.

El Gobierno Nacional giró a la Cámara de Diputados los proyectos denominado “Super Rigi” y de Lobby para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a Ludopatía y derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron enviados al Senado y ahora se suman otros dos a diputados.

Se trata del proyecto denominado “Super Rigi” que es uno sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos. .

A diferencia de la ley vigente, el nuevo sistema busca grandes inversiones incluirá la cadena de litio; la manufactura de baterías; el Hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL onshore; los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos); la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas; los Vehículos 100% eléctricos; y nuevos productos petroquímicos;entre otros.

A diferencia del RIGI, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15 %y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, y una exención de derechos de exportación.

En tanto el proyecto para regular los “Lobby” tendrá que transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores, para evitar un conflicto de intereses.

Uno de los puntos claves es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios.

También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby. IP

Quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.

NA

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