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Milei nombra por decreto a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema

El presidente Javier Milei firmó este martes un decreto para designar en comisión al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ambos asumirán sus funciones por el plazo máximo de un año, como permite la Constitución, mientras el Gobierno busca reunir los votos necesarios para su confirmación en el Senado.

El Ejecutivo se ampara en un antecedente de Mauricio Macri en 2016, cuando utilizó el mismo mecanismo para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz, quienes finalmente lograron el aval legislativo. Sin embargo, el oficialismo enfrenta una composición parlamentaria adversa que impidió la aprobación de los pliegos.

El trasfondo político y judicial

La decisión de nombrar por decreto a los jueces ocurre en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema, que debe resolver demandas por fondos retenidos a provincias. Desde cajas jubilatorias hasta la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, hay litigios que involucran sumas millonarias.

El nombre de Lijo generó resistencias, incluso dentro de los bloques aliados al oficialismo, pero fue el único postulante que logró dictamen en el Senado. Según reveló el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, su candidatura fue promovida por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti como parte de una estrategia de equilibrios internos en el tribunal.

Por su parte, García Mansilla recibió la oferta del asesor presidencial Santiago Caputo, quien también negoció con el kirchnerismo en la Cámara Alta. A pesar de los contactos políticos, el oficialismo no logró las mayorías necesarias para su designación definitiva.

La posibilidad de ampliar la Corte

En medio del debate sobre la Corte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abrió la puerta a una posible ampliación del tribunal, algo que seduce a sectores del kirchnerismo y a los gobernadores. La discusión gira en torno a la necesidad de incorporar mujeres y mayor representación federal. Para modificar la cantidad de jueces, solo se requiere una ley de mayoría simple, como ocurrió en 2006, cuando Cristina Kirchner redujo el número a cinco miembros, o en 1990, cuando Carlos Menem lo llevó a nueve.

A pesar de las especulaciones, Milei le aseguró a Mauricio Macri en agosto que no habilitaría una ampliación. “Mi posición siempre fue la de no ampliar la Corte”, afirmó en una cena en Olivos.

El dilema del Gobierno y la estrategia del DNU

Con la salida de Juan Carlos Maqueda, la Corte quedó con solo tres integrantes, lo que el oficialismo calificó como una “gravedad institucional” que justifica el nombramiento en comisión. Sin embargo, Lijo se mostraba reacio a asumir por decreto, postura que cambió en los últimos días.

El Gobierno también intentó explorar otras opciones, incluyendo nombres como Ricardo Ramírez Calvo, Ricardo Rojas, Alberto Bianchi y Carlos Laplacette. No obstante, en la “mesa chica” presidencial prevaleció la decisión original: nombrar a Lijo y García Mansilla por decreto, tal como hizo Macri en 2016.

El movimiento también llega en un momento en que el oficialismo busca cambiar el foco de la opinión pública tras el escándalo por la criptoestafa $Libra, promovida por Milei y considerada por la revista Forbes como “la más grande de la historia“.

Con este decreto, el Gobierno logra avanzar en la renovación de la Corte, aunque el conflicto político y judicial está lejos de resolverse.

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Politica

El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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