La titular del bloque oficialista evalúa modificar puntos clave del proyecto ante el reclamo de las provincias por la caída de la coparticipación. En la misma mesa, los mandatarios de provincias mineras como San Juan presionan por cambios en la Ley de Glaciares para ampliar las zonas de explotación.

El tablero político nacional se mueve intensamente de cara a las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich lidera las conversaciones para reformar el proyecto de ley laboral original, buscando un equilibrio que permita obtener la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El principal escollo hoy es el impacto fiscal. Los gobernadores advirtieron que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, contemplada en la reforma, afectaría directamente las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable. La propuesta de los mandatarios es que la reducción sea escalonada, permitiendo que el repunte del consumo compense gradualmente la caída de ingresos.

El factor minero: Glaciares en la negociación

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca asegurar los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras han puesto sobre la mesa una condición estratégica: la modificación de la Ley de Glaciares.

Este pedido, central para el desarrollo de proyectos en San Juan, busca redefinir la normativa actual para permitir explotaciones en zonas periglaciares, lo que desbloquearía inversiones millonarias que hoy están frenadas por la interpretación ambiental de la ley vigente.

La estrategia de Bullrich de “ceder para avanzar” no cuenta con el apoyo total del equipo económico. Mientras ella, Santilli y Martín Menem están dispuestos a retocar el proyecto para asegurar los votos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, insisten en mantener los plazos originales de reducción impositiva.

“Hay gobernadores que están 100% a favor y otros que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para sus provincias”, resumen desde la Casa Rosada sobre la complejidad de unificar el reclamo.

Esta semana será clave para definir si se reabren las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para un nuevo dictamen o si los cambios se introducen directamente en el recinto durante el tratamiento en febrero.

A través de un fuerte comunicado, la Casa Rosada justificó los cambios como una “reforma de segunda generación”. Mientras el Ejecutivo defiende el achicamiento de estructuras, la oposición denuncia la creación de una “policía secreta” y presiona en el Congreso para controlar el DNU.

REDACCIÓN JÁCHAL MAGAZINE – El sistema de inteligencia argentino atraviesa una transformación radical. Tras la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, el Gobierno nacional detalló las nuevas funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), argumentando que el objetivo es terminar con décadas de “opacidad y uso político”.

Los ejes de la reforma

Según el comunicado oficial, la reforma busca adecuar el sistema a las “amenazas del siglo XXI” mediante varios puntos clave:

• Foco en Contrainteligencia: La Agencia de Seguridad Nacional se limitará exclusivamente a proteger al Estado de espionaje o injerencia externa.
• Recorte de funciones: La SIDE dejará de ocuparse de la seguridad interna (que queda bajo el Ministerio de Seguridad) y de la infraestructura crítica (que pasa a Innovación, Ciencia y Tecnología).
• Eficiencia militar: Se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con el Estado Mayor Conjunto.
• Carácter encubierto: Todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter reservado para reducir el “riesgo estratégico”.

La medida no tardó en despertar fuertes críticas en el arco opositor. Sectores del kirchnerismo y bloques aliados como Encuentro Federal y la Coalición Cívica advirtieron que el DNU otorga facultades excesivas y reduce el control parlamentario.

Referentes de la oposición, como Leopoldo Moreau y Agustín Rossi, denunciaron que la reforma podría dar lugar a una “fuerza parapolicial” al permitir detenciones en flagrancia y el uso de personal militar para tareas de inteligencia civil.

Ante este escenario, se ha iniciado una fuerte presión sobre Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para conformar de manera urgente las comisiones bicamerales:

1. De Trámite Legislativo: Para validar o rechazar el DNU.
2. De Inteligencia: Para ejercer el control sobre las actividades de los espías.

Plazos legales

El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. Una vez allí, la comisión tiene otros 10 días para dictaminar. Si no hay acuerdo en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratar el DNU en el recinto, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sostener la reforma de la nueva SIDE.

En una sesión maratónica y tras intensas negociaciones, el oficialismo consiguió 46 votos a favor. El proyecto contempla un crecimiento del 5% y una inflación del 10,1% para el próximo año, aunque mantiene la polémica por el recorte en fondos educativos.

Por primera vez en sus dos años de gestión, el presidente Javier Milei contará con un presupuesto propio aprobado por el Congreso. En la primera sesión con la nueva composición del Senado, el oficialismo logró imponer su hoja de ruta económica para el 2026, con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques federales que responden a los gobernadores.

La votación resultó en 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Para asegurar el número, la Casa Rosada desplegó a sus principales operadores en los pasillos del Congreso, incluyendo a Martín Menem y Diego Santilli, quienes monitorearon cada detalle del debate.

Las claves del Presupuesto 2026

El texto aprobado establece metas ambiciosas y mantiene la premisa del déficit cero:

• Inflación anual: Se proyecta un $10,1\%$.
• Crecimiento del PBI: Estimado en un $5\%$.
• Tipo de cambio: Un dólar a $1.423 para diciembre de 2026.
• Superávit: Se busca un superávit primario del $1,5\%$ del PBI.

Educación y Ciencia: el punto de mayor conflicto

A pesar de la aprobación general, el debate estuvo marcado por la tensión en torno al Artículo 30. Este punto deroga artículos de las leyes de Financiamiento Educativo y de Ciencia y Tecnología, eliminando los “pisos” mínimos de inversión que el Estado debe garantizar por ley.

“Acompañar no es callar o no señalar lo que está mal”, advirtió la senadora Flavia Royón, reflejando el sentimiento de varios legisladores que, aunque apoyaron la herramienta por “responsabilidad institucional”, cuestionaron el ajuste en áreas sensibles como la educación técnica y la investigación.

El rol de las provincias

Las negociaciones con los gobernadores fueron determinantes. Mientras el oficialismo defendía que el $82\%$ del gasto ya está comprometido en jubilaciones y asistencia social, los mandatarios provinciales presionaron por deudas previsionales y fondos para infraestructura. El acuerdo alcanzado permitirá que las provincias cuenten con previsibilidad, aunque bajo un esquema de fuerte austeridad fiscal.