El presidente Javier Milei confirmó desde Israel que este miércoles enviará al Congreso su proyecto de reforma electoral, una iniciativa que promete reconfigurar el sistema político argentino al eliminar las PASO, modificar el financiamiento de las campañas e incorporar el postergado proyecto de “Ficha Limpia”.

El anuncio, realizado en medio de una agenda internacional cargada de simbolismo, busca reposicionar al Gobierno en la discusión pública tras semanas marcadas por tensiones internas y cuestionamientos judiciales.

“Se acabó la impunidad, se acabó la joda”, expresó Milei en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde adelantó los ejes centrales de la propuesta. La Casa Rosada apuesta a que la incorporación de Ficha Limpia una bandera histórica del PRO permita recomponer puentes con sectores aliados que se habían distanciado tras el escándalo que involucró al vocero presidencial Manuel Adorni y las críticas por la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios nacionales.

El corazón de la reforma: adiós a las PASO y cambios en el financiamiento

El proyecto retoma una discusión que el oficialismo ya había impulsado en 2025, cuando logró suspender las primarias de manera excepcional. Esta vez, la intención es avanzar hacia su eliminación definitiva, un objetivo resistido por el kirchnerismo y buena parte del peronismo, que consideran a las PASO una herramienta clave para ordenar la competencia interna y articular un frente opositor de cara a 2027.

El Gobierno también propone modificar el esquema de financiamiento político, con el argumento de reducir el gasto estatal y limitar lo que Milei denomina “la política viviendo del bolsillo de la gente”. La iniciativa se complementa con la incorporación de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos de corrupción.

La Casa Rosada enfrenta un escenario legislativo complejo. Tal como revelaron medios nacionales, el oficialismo no tenía garantizados los votos para avanzar con la eliminación de las PASO debido al malestar generado por el “costo Adorni”, que erosionó la narrativa anticasta del Gobierno. Dirigentes del PRO, como Jorge Macri, ya habían anticipado su rechazo a abrir el debate.

La inclusión de Ficha Limpia aparece como un gesto hacia esos sectores. Se trata de un proyecto que el PRO defendió durante años y que, paradójicamente, había quedado trabado en el Congreso cuando los libertarios retiraron su apoyo en 2024 y 2025, lo que generó acusaciones cruzadas entre ambos espacios.

En paralelo, Milei busca ordenar su propia interna. Las tensiones entre los sectores más ideológicos cercanos a Santiago Caputo y los operadores políticos que responden a Karina Milei se intensificaron en las últimas semanas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La reforma electoral aparece así como una herramienta para recentrar la agenda y reforzar la conducción de la secretaria general de la Presidencia.

La eliminación de las PASO divide al arco político y anticipa un debate áspero en el Congreso. Mientras el oficialismo sostiene que las primarias son un gasto innecesario y un mecanismo que favorece a “la casta”, la oposición argumenta que suprimirlas debilita la competencia interna y beneficia al Gobierno de cara a una eventual reelección en 2027.

El Presidente regresará este miércoles al país para encabezar la presentación formal del proyecto. La discusión legislativa que se abre no solo definirá el futuro del sistema electoral argentino, sino también el equilibrio de fuerzas dentro del propio oficialismo y su capacidad para sostener alianzas en un año políticamente decisivo.

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.