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La Corte ordenó que Cristina Kirchner debe ir a juicio por el Pacto con Irán

La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar los recursos de Cristina Kirchner en la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, lo que la conduce directamente al juicio oral y público acusada del delito de encubrimiento agravado del atentado de la AMIA. En otra resolución, coincidieron con la defensa de la ex vice y consideraron que la causa por las operaciones con el Dólar Futuro no debe ser juzgada.

A pocas semanas de que se modifique su conformación, cuando el ministro Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años, la Corte Suprema firmó dos fallos vinculados a causas que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner.

La primera de las decisiones responde a la causa conocida como Pacto con Irán. Este expediente representa el juicio de mayor trascendencia internacional contra la ex vicepresidenta.

En este debate, que debe realizarse después del fallo de la Sala I de la Casación Federal de reabrir el caso, ahora ratificado por la Corte, se juzgará el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados de como autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, hecho que denunció en el 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. El atentado fue perpetrado en julio de 1994 por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah, y causó la muerte de 85 personas.

La causa fue elevada a juicio oral en 2018 y, radicada en el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), no tuvo grandes avances hasta el 7 de octubre de 2021, cuando firmó el sobreseimiento de la vice y los demás acusados al considerar que había elementos nuevos que se incorporaban al caso y que beneficiaban a Cristina: la aparición de prueba nueva es una de las excepciones que el Código Procesal Penal contempla para anular un caso y no realizar el juicio, la tarea por naturaleza de los Tribunales Orales.

Ese criterio fue revertido por la Sala I del máximo tribunal penal, que ordenó la reapertura del expediente y el sorteo de un nuevo Tribunal, apartando a los jueces Daniel Obligado, José Michilini y la jueza Gabriela López Íñiguez, que había firmado el cuestionado sobreseimiento.

Cristina y los demás acusados acudieron a la Corte para revertir ese planteo y así evitar el juicio oral y público. Fueron justamente esos recursos los que fueron rechazados este jueves, dejando firme la decisión de la Casación de que todos deberán comparecer ante un Tribunal.

La Corte consideró que el de Cristina era un recurso inadmisible, ya que lo que se apelaba no es una sentencia definitiva. Con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo por unanimidad.

Las impugnaciones fueron rechazadas por la Corte por motivos formales, de modo que no ingresó al análisis y valoración de las pruebas incorporadas a la investigación.

En el voto de Rosatti y Maqueda, al que adhirió Rosenkrantz con excepción de uno de sus considerandos, se entendió que el recurso “no satisface los recaudos exigidos por la ley 48 para su admisibilidad formal, lo que impide a este Tribunal examinar el fondo de la cuestión, sobre la cual no emitirá pronunciamiento alguno”.

El juez Lorenzetti se diferenció de sus colegas, pues entendió que “es contradictorio afirmar que el recurso adolece de falta de fundamentación y luego contestar los fundamentos, adelantando opinión sobre cuestiones que hacen al fondo de la cuestión”.

Rosenkrantz explicó que “la expresión de las razones por las cuales se declara inadmisible el recurso” encuentra una extensa tradición en la Corte, que se remonta a los inicios de su existencia y llega hasta nuestros días. “Existe una inveterada tradición de este Tribunal de explicitar, en los casos en los que lo estima conveniente, por qué se rechaza un recurso aun cuando ello se haga en virtud de la falta de fundamentación o de la falta de satisfacción del requisito de sentencia definitiva, o de otros requisitos previstos por la ley 48”.

Cuando el caso se reabrió, los camaristas fueron determinantes al señalar en el fallo que las acusaciones vertidas en el expediente responden a una hipótesis delictual que debe discutirse en un juicio y al concluir ese proceso, será el Tribunal a cargo el que determine la comisión de un delito o no.

En este sentido indicaron que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman se basaba en una hipótesis delictiva y no discutía la potestad del Poder Ejecutivo de firmar un Memorándum de Entendimiento. Lo que se cuestionó fue la intención que persiguió tal medida bajo la presunción de que respondió al presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes, responsables del atentado terrorista de la AMIA.

Cristina Kirchner había sostenido ante la Corte que “lo decidido supone la indebida judicialización de actos de naturaleza estrictamente política que, como tales, se encuentran exentos de revisión por parte del Poder Judicial”.

Sin embargo, el máximo tribunal señaló que “la Sala I de la Cámara Federal de la Casación Penal sostuvo que la hipótesis delictiva postulada por las acusaciones no se reducía a la suscripción de un tratado internacional, sino que tal circunstancia debía ser valorada en conjunto con las negociaciones realizadas por ‘canales paralelos’ a los carriles funcionales y que vehiculizaban el fin ilícito sostenido por las acusaciones, consistente en dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes a los que se les atribuye el atentado a la AMIA”.

Sin gravedad institucional


En su voto compartido los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, plantearon que el recurso de la ex Presidenta “es errado al señalar la ausencia de deliberación, que surge asentada en forma expresa del fallo impugnado”.

Al sustentar este criterio, los ministros señalaron que al analizar la queja, “tampoco surge mínimamente fundada la alegada afectación al derecho a ser juzgada en un plazo razonable, de modo tal que permita equiparar lo resuelto a una sentencia definitiva en los términos en que lo ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal”.

Tampoco encontraron fundamentado otra de las quejas de Cristina que refería a la gravedad institucional ocasionada por este caso y su tramitación. “La gravedad institucional se vincula con la trascendencia de la sentencia apelada y, en su caso, con la necesidad impostergable de que esta Corte haga una declaratoria sobre el punto en discusión”.

El máximo tribunal fue más allá y enfatizó que “no toda decisión dictada en un caso de trascendencia es en sí misma trascendente, ni reviste gravedad institucional”.

Los acusados son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D’Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.

Clarín

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El Gobierno suma un especialista para preparar reuniones, cumbres y compromisos oficiales

El Gobierno designó a Guillermo Toranzos Torino para coordinar reformas prioritarias y la agenda internacional desde la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos.

El Gobierno nacional sumó un nuevo nombre a la estructura de la Jefatura de Gabinete que conduce Diego Santilli. Se trata de Guillermo Nicanor Toranzos Torino, especialista en administración, comercio exterior, agronegocios y organismos internacionales, quien fue designado como titular de la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, un área clave para el seguimiento de las reformas prioritarias y la preparación de la agenda internacional del Ejecutivo.

La incorporación quedó oficializada mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y por Santilli, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma completa la estructura creada semanas atrás por el Decreto 581/2026, que había establecido las bases para la conformación de esta subsecretaría dentro del nuevo organigrama del Gobierno.

La Subsecretaría de Proyectos Estratégicos dependerá de la Vicejefatura de Gabinete, a cargo de Ignacio Devitt, área que concentra funciones políticas, administrativas y técnicas que anteriormente estaban distribuidas entre distintas dependencias del Poder Ejecutivo. Desde allí, Toranzos Torino tendrá bajo su órbita el seguimiento de programas prioritarios, la articulación con organismos multilaterales y la preparación de información técnica para reuniones, cumbres y compromisos oficiales en el exterior.

Toranzos Torino es licenciado en Administración y doctor por la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria combina experiencia académica y funciones en el sector público. Fue profesor en la Universidad Católica de Salta, en la Maestría en Agronegocios y Alimentos de la UBA, y también en la Universidad del CEMA y la Universidad Nacional de Lanús. En el ámbito estatal, se desempeñó como coordinador general de la Subsecretaría de Comercio Exterior, director ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones, coordinador de Planeamiento del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y colaborador en la Oficina de Economía Forestal Nacional.

En su nuevo rol, asesorará a la Jefatura de Gabinete en temas vinculados con organismos multilaterales, acuerdos bilaterales y oportunidades de negocios internacionales. También coordinará los aspectos técnicos relacionados con viajes oficiales, encuentros con representantes extranjeros y la preparación de documentación estratégica para compromisos internacionales, en línea con la agenda exterior que impulsa el Gobierno.

Con esta designación, Santilli refuerza el equipo encargado de monitorear las reformas estructurales y de sostener la presencia del país en ámbitos internacionales, en un contexto donde la articulación técnica y la planificación estratégica se vuelven centrales para la gestión.

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Fuerte respuesta de Villarruel a un mensaje ofensivo tras la final del Mundial

Villarruel respondió a un usuario que insultó a la Selección y cuestionó a Argentina tras la final del Mundial, con una frase provocadora sobre Malvinas.

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, protagonizó un cruce en redes sociales luego de responder con dureza a un usuario que insultó a la Selección Argentina tras la derrota frente a España en la final del Mundial de Fútbol 2026. El mensaje ofensivo, que calificó al equipo nacional como “sucio”, “horrible” y perteneciente a una “repugnante nación”, generó la reacción inmediata de la dirigente libertaria, quien contestó con un tono provocador y una referencia directa al conflicto histórico por la soberanía de las Islas Malvinas.

La final del Mundial, disputada en Estados Unidos, terminó con la victoria de España por 1-0 en la prórroga. Tras el partido, algunos jugadores argentinos discutieron y se empujaron con sus rivales, lo que derivó en múltiples comentarios en redes sociales. Entre ellos, el del usuario Martin Edwards (@martinedwards72), quien acusó al seleccionado de intentar “intimidar y hacer trampa” con la supuesta ayuda de la FIFA. En su publicación, además, afirmó que “las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán”, agregando un componente político e histórico que encendió aún más la polémica.

Villarruel no dejó pasar el mensaje y respondió con una foto en la que se la ve tomando de una taza con la frase: “Lágrimas de ingleses piratas”, una expresión que rápidamente se viralizó y generó reacciones tanto de apoyo como de crítica. La respuesta, breve pero contundente, buscó defender al país ante el ataque y reivindicar la postura argentina sobre la soberanía de las islas.

La intervención de la vicepresidenta se inscribe en un contexto de alta sensibilidad en redes sociales tras la final del Mundial, donde miles de usuarios expresaron su frustración, enojo o respaldo al equipo nacional. En este caso, el comentario del usuario británico no solo apuntó contra el desempeño deportivo, sino que también incluyó una descalificación hacia la Argentina como nación, lo que motivó la réplica de Villarruel.

La dirigente libertaria suele tener una presencia activa en redes sociales y, en esta oportunidad, eligió responder con un gesto simbólico que combinó ironía, provocación y una referencia histórica que suele generar adhesión en parte del electorado argentino. Su publicación se difundió rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados del día en la plataforma X.

Mientras continúan las repercusiones por la final del Mundial y las discusiones sobre el comportamiento de los jugadores argentinos, la respuesta de Villarruel volvió a poner en escena el debate sobre Malvinas y el rol de los dirigentes en las conversaciones públicas que se generan en redes sociales, especialmente cuando involucran símbolos nacionales y temas de alta sensibilidad histórica.

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LLA anunció que donará el aumento de las dietas de los senadores que llevarán los sueldos a casi $12 millones

Senado y debate por la dieta.

LLA anunció que donará el aumento de las dietas del Senado, que desde agosto rozarán los $12 millones brutos tras la paritaria del Congreso.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) anunció que donará la totalidad del aumento de las dietas que comenzará a aplicarse desde agosto, luego de que impactara de manera automática el último acuerdo paritario firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. Con esta actualización, los ingresos brutos de cada senador pasarán a rozar los $11,9 millones mensuales, cifra que generó una fuerte repercusión pública y críticas en distintos sectores.

La decisión del bloque libertario se conoció tras la difusión de las nuevas planillas salariales y apunta a marcar distancia de la medida que habilitó la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en conjunto con el titular de Diputados, Martín Menem, quienes rubricaron el convenio de recomposición salarial del 6,7% acumulativo. El incremento se aplicará en tres tramos: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% adicional en agosto.

En su comunicado, los senadores de LLA señalaron que, tal como ya lo hicieron en ocasiones anteriores frente a actualizaciones previas, “optarán por donar el aumento de sus sueldos”. Los fondos serán destinados a entidades benéficas, instituciones públicas de carácter provincial o aquellas que ya estuvieran contempladas en la reglamentación interna del Senado. El gesto busca reforzar la línea de austeridad que el oficialismo sostiene como uno de sus pilares discursivos y políticos.

La suba salarial se originó en el mecanismo de actualización conocido como “ley de enganche”, ratificado por la Cámara Alta en abril de 2024. Este sistema establece que las dietas de los senadores se ajustan de manera automática en función de las paritarias de los empleados del Congreso, sin necesidad de una votación específica para cada incremento. Por este motivo, la recomposición impactó de forma directa en los haberes de los legisladores.

Con el nuevo esquema, el ingreso bruto de cada senador ascenderá a $11,9 millones, monto sobre el cual luego se aplican las deducciones correspondientes por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social. Aun así, el número generó cuestionamientos debido a que, en lo que va del año, las dietas del Senado acumulan un aumento del 19%, superando la inflación del primer semestre medida por el INDEC, que se ubicó en 16,8%.

La reacción de LLA se inscribe en un contexto de creciente sensibilidad social respecto de los salarios de la dirigencia política y de las actualizaciones automáticas que rigen en el Congreso. El bloque libertario buscó así diferenciarse de la medida y reafirmar su postura de reducción del gasto político, una bandera que el oficialismo sostiene desde su llegada al Gobierno.

El anuncio también se interpreta como un intento de contener el impacto negativo que generó la difusión de los nuevos montos salariales, en medio de un clima de malestar social y debates sobre la transparencia y el funcionamiento del sistema de actualización de las dietas legislativas. Mientras tanto, el mecanismo de enganche continúa vigente y seguirá ajustando los haberes de los senadores en función de las próximas paritarias del personal legislativo.

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