La Universidad Católica Argentina (UCA) volvió a encender una señal de alerta sobre la situación social del país: más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de pobreza.

El dato surge del último informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), que revela que en 2025 el 53,6% de la infancia es pobre, mientras que el 10,7% se encuentra en situación de indigencia. A esto se suma un indicador especialmente crítico: el 28,8% de los menores enfrenta inseguridad alimentaria, y dentro de ese grupo, un 13,2% padece su forma más severa.

Aunque el estudio muestra una mejora respecto de los picos registrados en 2023 y 2024, el panorama sigue siendo más grave que el de hace una década. La advertencia de la UCA es clara: la recuperación reciente no alcanza para revertir un deterioro estructural que se profundizó con cada crisis económica.

El informe reconstruye la evolución de la pobreza infantil desde 2010 y muestra una tendencia ascendente con breves períodos de alivio. En 2010, el 45,2% de los menores era pobre; tras una mejora en 2011-2012, la curva volvió a subir casi de manera ininterrumpida hasta alcanzar su máximo en 2023, con un 62,9%.

La baja registrada en 2024 y 2025 representa un respiro, pero no una solución. La indigencia siguió un recorrido similar: tras escalar hasta 17,7% en 2024, descendió a 10,7% en 2025, acercándose a niveles previos pero sin consolidar una tendencia estable.

El estudio subraya que las políticas de transferencia de ingresos como la asistencia alimentaria o la Asignación Universal por Hijo cumplen un rol de contención, pero no logran cubrir a la totalidad de los hogares vulnerables. La cobertura de la AUH, por ejemplo, cayó a 42,5%, dejando fuera a parte de la población pobre.

Alimentación, salud y hábitat: un deterioro multidimensional

La dimensión alimentaria es la más crítica: casi tres de cada diez niños no acceden regularmente a alimentos, y la asistencia alimentaria llegó al 64,8%, el nivel más alto registrado. Pero el deterioro también se extiende a otras áreas esenciales:

• Salud: el 19,8% de los niños dejó de asistir a controles médicos u odontológicos por motivos económicos.
• Vivienda: el 18,1% vive en condiciones precarias y el 20,9% en hacinamiento.
• Saneamiento: el 42% no tiene acceso adecuado a servicios básicos.

Estos indicadores muestran que la pobreza infantil no se limita al ingreso, sino que afecta dimensiones clave del desarrollo humano.

El informe de la UCA llega en un momento en que el Gobierno concentra su estrategia en el orden fiscal y la estabilización macroeconómica. Sin embargo, los datos introducen presión sobre la agenda social: la persistencia de la pobreza infantil obliga a equilibrar el ajuste con mecanismos de contención, especialmente en los sectores más vulnerables.

El estudio también reabre el debate legislativo sobre políticas de ingresos, empleo y cobertura social, y expone los límites de las herramientas actuales para revertir un fenómeno que se ha vuelto estructural.

Entre la estabilización y la deuda social

La UCA plantea un diagnóstico que no cierra, sino que tensiona. La mejora reciente convive con niveles de pobreza superiores a los de hace más de diez años, lo que evidencia un problema profundo aún sin resolver.

El futuro dependerá de variables clave: la recuperación del empleo, la evolución del ingreso real, la cobertura de políticas sociales y la capacidad del Estado para sostener la reducción de la pobreza más allá del ciclo económico.

En ese escenario, la infancia vuelve a ser el indicador más sensible y, al mismo tiempo, el más revelador de la consistencia o los límites del modelo económico en marcha.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) volvió a emitir una advertencia contundente ante el incremento de denuncias por cobros indebidos a jubilados y pensionados.

El organismo recordó que ningún médico, clínica o prestador puede exigir pagos adicionales para otorgar turnos, realizar consultas, entregar recetas u ordenar estudios, ya que todas estas prestaciones están incluidas en la cobertura vigente.

La comunicación oficial se difundió luego de que afiliados reportaran que algunos profesionales condicionaban la atención al pago de un “plus”, una práctica que PAMI calificó como ilegal y contraria a los convenios firmados con la red prestadora. Según el organismo, las consultas médicas, las prácticas de salud y la emisión de recetas deben brindarse sin costo alguno, y cualquier pedido de dinero extra constituye una irregularidad que puede derivar en sanciones.

De acuerdo con los reportes recibidos, algunos prestadores estarían solicitando pagos para otorgar turnos o concretar consultas, pese a que estas prestaciones están cubiertas al 100%. Frente a esta situación, PAMI reforzó los controles y recordó que las recetas y órdenes médicas también deben entregarse sin cargos adicionales, al igual que todas las prácticas incluidas en el nomenclador oficial.

El organismo insistió en que aceptar estos cobros indebidos no solo perjudica al afiliado, sino que sostiene una práctica que afecta a todo el sistema y vulnera los derechos de los jubilados.

Cómo denunciar cobros indebidos

PAMI recordó que existen canales oficiales para denunciar estas situaciones y pidió a los afiliados que reporten cualquier intento de cobro irregular. Las vías habilitadas son:

• Línea gratuita 138 – “PAMI Escucha y Responde”, disponible para reclamos y consultas.
• Sitio web oficial (pami.org.ar), donde se puede realizar la denuncia de manera digital.
• Agencias de PAMI, para asesoramiento presencial y registro del reclamo.

Cada denuncia es evaluada por las áreas correspondientes y, si se comprueba la irregularidad, se aplican sanciones a los prestadores involucrados.

El organismo subrayó que la gratuidad de las prestaciones es un derecho garantizado y que la colaboración de los afiliados al denunciar estas prácticas es clave para mantener la transparencia del sistema. “Las prestaciones de PAMI son sin costo para todos los afiliados”, reiteró el instituto en su comunicado.

El Ministerio de Capital Humano puso en funcionamiento el nuevo Sistema Social (SISOC), una plataforma digital que centraliza la información de los programas sociales en una única base de datos.

La herramienta, desarrollada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, busca modernizar la gestión estatal y dejar atrás la fragmentación administrativa que caracterizaba a los registros previos.

El Sistema Social permite organizar y analizar datos vinculados a personas, grupos familiares, espacios comunitarios e intervenciones realizadas por el Estado. Con esta integración, se unifican millones de registros que antes se encontraban dispersos en distintos programas, lo que facilita el seguimiento de políticas públicas y mejora la trazabilidad de cada acción territorial.

Según informaron desde la cartera nacional, durante 2025 se avanzó en la digitalización de procesos internos, eliminando tareas manuales y conectando sistemas que operaban de manera aislada. Esta modernización permitió agilizar la carga de información y reducir errores, además de habilitar la interoperabilidad entre áreas que antes no compartían datos.

Entre los beneficios del SISOC se destacan el acceso a información actualizada en tiempo real, la posibilidad de generar alertas tempranas ante situaciones de riesgo, la detección de inconsistencias mediante inteligencia artificial y la mejora en la planificación de políticas sociales basadas en evidencia. La plataforma también incorpora tableros de control dinámicos que permiten visualizar indicadores y optimizar la gestión diaria.

Uno de los avances más relevantes es la creación de la historia social digital, un registro que permite analizar la trayectoria de cada persona a lo largo del tiempo. Esta herramienta integra datos personales, familiares y territoriales, facilitando la evaluación del impacto de las políticas públicas y la identificación de necesidades específicas.

De cara a 2026, el Ministerio de Capital Humano prevé ampliar el alcance del Sistema Social mediante nuevos módulos y una mayor interoperabilidad con otros organismos del Estado. También se incorporarán herramientas destinadas a fortalecer el trabajo de los Centros de Familia, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión más eficiente, transparente y orientado a resultados.