Bajo el mando de Juan Pablo Carreira y la supervisión de Manuel Adorni, el nuevo organismo busca desmentir “operaciones” mediáticas de forma inmediata. La medida genera fuertes cruces: el oficialismo la defiende como una herramienta de verdad, mientras la oposición la compara con el “Nodio” kirchnerista.

La Casa Rosada redobla la apuesta en su batalla dialéctica con la prensa. Este jueves quedó oficializada la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (OPRA), un organismo diseñado específicamente para salir al cruce de noticias que el Ejecutivo considere falsas o malintencionadas.

La oficina funciona bajo la órbita de la Dirección General de Comunicación Digital y está liderada por Juan Pablo Carreira, un funcionario del riñón del asesor Santiago Caputo. La supervisión final recae sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Prensa, Javier Lanari.

¿Cómo funciona la OPRA?

La dinámica de este nuevo “escudo digital” es directa y agresiva:

• Monitoreo total: Todos los ministerios deben reportar noticias sobre sus áreas que consideren “falsas”.
• Desmentida activa: A través de la cuenta oficial de OPRA, se emiten comunicados señalando medios y periodistas específicos.
• Sin nuevos costos: Según el Gobierno, no se contratará personal extra, sino que se utilizará el equipo de comunicación digital que ya cumple funciones en la Rosada.

El anuncio no tardó en levantar polvareda. Mientras el presidente Javier Milei celebró la iniciativa como una forma de “señalar la mentira”, diversos sectores del periodismo y la oposición encendieron las alarmas.

1. El modelo Trump: Muchos comparan la estética y la velocidad de respuesta con la Rapid Response de la Casa Blanca durante la era Trump.
2. El fantasma del Nodio: Desde la oposición recordaron al “Nodio”, el observatorio de medios del gobierno anterior, señalando que ambas iniciativas pueden rozar la censura o el hostigamiento a la libertad de expresión.
3. Referencia Orwelliana: Los críticos más duros ya tildan a la oficina como el “Ministerio de la Verdad”, en alusión a la famosa novela 1984.

Para los ciudadanos, y especialmente para medios locales como el nuestro, esto marca un cambio en el flujo de la información. Ahora, cada noticia de alcance nacional tendrá una “contraparte” oficial inmediata, obligando al lector a contrastar fuentes de manera más rigurosa que nunca.

La creación de OPRA confirma que el 2026 será un año de altísima tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación tradicionales, trasladando el debate político al ring de las redes sociales.

A través del Decreto 53/2026, el Gobierno nacional incluyó la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias. Se suma a la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto busca igualar la legislación argentina con países como Uruguay y Brasil.

El calendario legislativo de febrero sumó un tema de alto impacto social. El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias, habilitando al Congreso para discutir la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años y el oficialismo pretende llevar a los 13 años.

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, coloca al nuevo Régimen Penal Juvenil como el quinto eje de una agenda que ya incluía temas cruciales para San Juan, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

¿Cómo será la hoja de ruta en el Congreso?

A pesar de la urgencia que el Gobierno le imprime al tema, fuentes oficiales confirmaron que habrá un orden de prioridades para no entorpecer los acuerdos políticos:

1. Primero, lo urgente: El tratamiento comenzará con la Reforma Laboral en el Senado y el acuerdo Mercosur-UE en Diputados.
2. Segundo paso: Una vez que esos proyectos avancen, se habilitará el debate de la Ley Penal Juvenil, que ingresaría inicialmente por la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación argentina quedó desactualizada respecto a la región. Mencionan los casos de Brasil y Uruguay, donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente. El proyecto se basaría en un dictamen de comisión del año pasado, pero con ajustes para buscar el consenso de otros bloques que tienen propuestas similares.

Con esta incorporación, el periodo que va del 2 al 27 de febrero será determinante. El interés es doble, por un lado, el impacto de la seguridad y el régimen penal; y por otro, la expectativa por la Ley de Glaciares, que podría definir el futuro de grandes inversiones mineras en Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia “más moderno y justo”, mientras la oposición ya prepara sus argumentos para un debate que promete ser uno de los más intensos del año.

La titular del bloque oficialista evalúa modificar puntos clave del proyecto ante el reclamo de las provincias por la caída de la coparticipación. En la misma mesa, los mandatarios de provincias mineras como San Juan presionan por cambios en la Ley de Glaciares para ampliar las zonas de explotación.

El tablero político nacional se mueve intensamente de cara a las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich lidera las conversaciones para reformar el proyecto de ley laboral original, buscando un equilibrio que permita obtener la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El principal escollo hoy es el impacto fiscal. Los gobernadores advirtieron que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, contemplada en la reforma, afectaría directamente las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable. La propuesta de los mandatarios es que la reducción sea escalonada, permitiendo que el repunte del consumo compense gradualmente la caída de ingresos.

El factor minero: Glaciares en la negociación

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca asegurar los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras han puesto sobre la mesa una condición estratégica: la modificación de la Ley de Glaciares.

Este pedido, central para el desarrollo de proyectos en San Juan, busca redefinir la normativa actual para permitir explotaciones en zonas periglaciares, lo que desbloquearía inversiones millonarias que hoy están frenadas por la interpretación ambiental de la ley vigente.

La estrategia de Bullrich de “ceder para avanzar” no cuenta con el apoyo total del equipo económico. Mientras ella, Santilli y Martín Menem están dispuestos a retocar el proyecto para asegurar los votos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, insisten en mantener los plazos originales de reducción impositiva.

“Hay gobernadores que están 100% a favor y otros que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para sus provincias”, resumen desde la Casa Rosada sobre la complejidad de unificar el reclamo.

Esta semana será clave para definir si se reabren las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para un nuevo dictamen o si los cambios se introducen directamente en el recinto durante el tratamiento en febrero.