En una votación clave, el oficialismo logró una importante victoria en la Cámara de Diputados al mantener el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con 153 votos afirmativos y 87 negativos, los bloques opositores no alcanzaron los dos tercios necesarios para rechazar la decisión presidencial, lo que marcó un nuevo triunfo del gobierno libertario en el Congreso.
El debate comenzó a media mañana del martes, con una fuerte expectativa sobre el desenlace de la sesión. La oposición necesitaba reunir dos tercios de los presentes para revertir el veto de Milei, un objetivo difícil de alcanzar, especialmente después del quiebre interno en la Unión Cívica Radical (UCR) y el apoyo de algunas provincias al oficialismo.
El eje de la discusión fue el rechazo al veto presidencial que impedía la entrada en vigencia de una ley que buscaba mejorar los haberes jubilatorios mediante un aumento del 8% y garantizar ajustes mensuales según la inflación y la variación salarial. El oficialismo, por su parte, argumentó que la ley no era fiscalmente viable y que implicaría una mayor emisión monetaria.
Un nuevo quiebre en la UCR
Uno de los momentos más tensos del debate ocurrió cuando Roxana Reyes, diputada radical por Santa Cruz, anunció su cambio de postura. A pesar de haber votado a favor de la ley de movilidad jubilatoria en una instancia anterior, decidió abstenerse en esta ocasión. “Van a tener que emitir dinero para pagar lo que establece esta ley. Esto va a crear otro impuesto”, explicó Reyes. Su abstención, aunque no explícitamente a favor del gobierno, fue suficiente para que el oficialismo pudiera avanzar con la votación.
Este cambio generó una fuerte reacción dentro de su propio bloque. Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada radical, reafirmó la postura de su partido en rechazo al veto, mientras que otros diputados como Pablo Juliano fueron más incisivos: “Tengan el coraje de devolver sus bancas”, sentenció, en alusión directa a los legisladores que se alejaron de la postura oficial de la UCR.
La postura de los bloques provinciales
El apoyo del oficialismo también contó con el respaldo de varios bloques provinciales. Agustín Domingo, diputado de Innovación Federal que representa a las provincias de Río Negro, Salta y Misiones, explicó la postura de su bancada, que pasó de apoyar la ley de movilidad a optar por la abstención. “No vamos a votar en contra de la decisión política que tomó el presidente, pero tampoco vamos a convalidarla”, aseguró. Su decisión fue clave para el desenlace de la votación.
La jornada también estuvo marcada por las declaraciones de Miguel Pichetto, líder de Encuentro Federal, quien votó en rechazo al veto presidencial. Pichetto advirtió que la decisión del gobierno de Milei podría desencadenar una serie de juicios por parte de los jubilados: “El Estado va a tener que afrontar una enorme cantidad de juicios”, señaló, anticipando un escenario judicial que podría complicar al Ejecutivo en el futuro.
Cruces y acusaciones de corrupción
Durante el debate, no faltaron los cruces y las acusaciones. Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, denunció lo que consideró un “escándalo”, al hacer referencia a los cambios de postura de algunos diputados. “Estamos asistiendo a un nuevo escándalo, como vimos con la Ley Bases, donde aparecieron en el Senado con las valijas repartiendo cargos”, afirmó. Del Caño dejó entrever la posibilidad de que existan maniobras corruptas detrás de las decisiones de ciertos legisladores.
Por otro lado, diputados oficialistas aprovecharon la sesión para ironizar sobre los cambios de postura de algunos de sus colegas. Rodolfo Tailhade colgó en su banca un dibujo de la serie animada Los Simpson, en el que se hacía referencia a la dignidad de uno de sus personajes, en una clara alusión a los diputados que pasaron de apoyar la ley a sostener el veto de Milei.
¿Qué establece la ley vetada?
La Ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada por el Congreso antes de ser vetada por el presidente, contemplaba un aumento del 8% en los haberes jubilatorios, así como ajustes mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a la variación salarial. Además, preveía un pago adicional anual del 50% del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) en caso de que la inflación se estabilizara y los salarios aumentaran.
Un aspecto destacado de la ley era la garantía del haber mínimo, fijado en 1,09 veces la canasta básica, así como el compromiso de financiar a las cajas previsionales de las provincias que no fueron transferidas a la Nación. Sin embargo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de la ley habría tenido un impacto fiscal del 0,4% del PBI, lo que fue uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno para justificar el veto.
Un triunfo con sabor a conflicto
Aunque la votación representó una victoria para el gobierno de Milei, el resultado dejó expuestas las fracturas dentro de la oposición y la dificultad para construir consensos en torno a temas clave como la seguridad social. Con los bloques divididos y la incertidumbre judicial en el horizonte, el debate sobre la movilidad jubilatoria y los derechos de los jubilados promete seguir siendo un tema central en la agenda política.
Al final de la jornada, la tensión en el recinto fue evidente. La oposición, aunque no logró su objetivo, dejó en claro que seguirá buscando alternativas para proteger los derechos de los jubilados y evitar lo que consideran un retroceso en las conquistas sociales. Mientras tanto, el veto de Milei se mantiene, al menos por ahora, como una de las decisiones más controvertidas de su gestión.
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