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En medio de despidos, Milei envía la reforma laboral al Congreso dentro de Ley Ómnibus

El miércoles que viene el Gobierno girará el nuevo proyecto de ley Base para que se trate en el recinto el 25 de abril. La iniciativa contemplará la reforma laboral que estaba en el DNU y fue rechazada en la justicia

Luego de una ronda de diálogo con empresarios, gobernadores y legisladores de la oposición el Gobierno tomó la resolución de enviar al Congreso el nuevo proyecto de ley Base que contemplará entre sus artículos el proyecto de reforma laboral que había sido canalizado por medio del DNU y fue frenado en la Justicia.

Fuentes calificadas de la Casa Rosada confirmaron anoche a El Cronista que la decisión del presidente Javier Milei es avanzar con “una reforma integral de la economía” para la Argentina y lograr una “reactivación inmediata en el país”.

Así, el jefe de Estado cree que la mejor manera de avanzar con esta estrategia para la economía es por medio de la Ley de Base que contemple la reforma laboral.

“Si se incluye la reforma laboral en la ley Base vamos a traccionar el debate”, sintetizó otro funcionario del gobierno al ratificar la decisión presidencial de enviar el próximo miércoles 3 de abril a la Cámara de Diputados el proyecto de ley Ómnibus que contemple la reforma laboral.

Cronograma legislativo y puntos


La intención del Gobierno es que la Cámara de Diputados emita un dictamen de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales el 17 de abril para llevar el tema justo una semana después como prevé el reglamento legislativo. Es decir, el 25 de abril se trataría en el recinto.

El paquete de reforma laboral fue parte de los 300 artículos que contemplaba el DNU que emitió Milei en diciembre cuando asumió. Pero por un recurso de amparo que presentó la CGT el capítulo laboral quedó en stand by. Ahora Milei buscará avanzar con esa iniciativa por medio de una ley para darle mayor sustento jurídico.

Entre los puntos que se incluirán en la ley Ómnibus figura el tema de indemnizaciones. Es decir que el proyecto busca derogar leyes laborales como la 25.323, que duplica las indemnizaciones en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente.

A la vez, en relación a la extensión del período de prueba de los trabajadores, que era de 3 meses el proyecto dirá :”El contrato de trabajo por tiempo indeterminado (…) se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 8 meses de vigencia”.

Se busca crear un Fondo especial para las indemnizaciones. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el actual régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. este es un esquema que ya viene usando el gremio de la UOCRA con los empresarios del sector.

A la vez, el proyecto prevé que los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización.

La iniciativa incorporada en la ley Ómnibus prevé una modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. Y establece que “no incluirá el Sueldo Anual Complementario ni conceptos de pago semestral o anual”.

Bloqueo y estrategia política


En otro de los pasajes del proyecto de reforma laboral se incorpora como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento” y detalla en qué casos se aplica: “Cuando durante una medida de acción directa se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza”.

A la vez, otro cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.

En la Casa Rosada explicaban ayer que la decisión de incluir en la ley Base la reforma laboral apunta a ser “herramienta de tracción política” para la ley Omnibus que no pudo ser aprobada en Diputados.

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El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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