En una contundente defensa del patrimonio provincial, el EPRE San Juan formalizó su oposición ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la resolución que pretende otorgar prioridad casi absoluta del corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo a la empresa Vicuña Argentina S.A. (proyecto Josemaría).

El organismo regulador sanjuanino advirtió que la Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV no es una inversión ajena, sino que fue financiada en un 50% por los propios usuarios de San Juan a través de los fondos PIEDE y Línea 500 kV incluidos en sus facturas.

El EPRE calificó como un “ejercicio abusivo” la pretensión de la minera de acaparar el 90% de la capacidad remanente del corredor por 25 años, lo que dejaría a la provincia sin margen para el crecimiento industrial, habitacional y de energías renovables proyectado hacia el 2030.

La postura oficial es innegociable: exige una Audiencia Pública y reclama que la empresa pague los derechos financieros correspondientes como “beneficiario no iniciador”, dejando en claro que el desarrollo minero no puede realizarse a costa del esfuerzo de los sanjuaninos ni comprometer la seguridad del sistema eléctrico provincial.

En un movimiento clave para la reforma institucional de la provincia, el gobernador Marcelo Orrego envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para derogar el Sistema de Participación Democrática (SIPAD).

La iniciativa, que ya está en manos del cuerpo legislativo presidido por Fabián Martín, busca eliminar el actual mecanismo de votación para reemplazarlo por uno que garantice mayor certeza, previsibilidad y seguridad jurídica.

Según los fundamentos del mandatario, el objetivo es que el voto del ciudadano tenga un efecto directo y transparente, evitando las interpretaciones complejas que suelen generar conflictos o impugnaciones. Además de la eliminación del SIPAD, el proyecto contempla modificaciones profundas en el Estatuto de los Partidos Políticos, estableciendo que la selección de candidatos se realice mediante internas cerradas o según lo dispuesto en las cartas orgánicas y acuerdos de alianzas.

Asimismo, la propuesta ratifica el principio de paridad de género en las listas legislativas e introduce duras sanciones, como la inhabilitación por cuatro años, para quienes cometan irregularidades dolosas en los procesos electorales.

Con este envío, la discusión queda ahora en terreno legislativo, donde se definirá el futuro del esquema democrático sanjuanino.

La esperada transformación de la Ruta 40 Sur en autopista sufrió un nuevo y grave revés este miércoles, al confirmarse la paralización total de los trabajos en el tramo Cochagual–Tres Esquinas.

El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, informó con indignación que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo del proyecto decidió suspender las tareas y proceder al despido de 95 obreros, debido al desfinanciamiento por parte del Estado Nacional y la falta de pagos que se arrastran desde septiembre.

Pese a que la obra contaba con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y había sido reactivada en 2024 tras intensas gestiones, los constantes frenos han provocado que, tras dos años y medio, el avance acumulado sea de apenas un 8% del total previsto.

Esta situación no solo deja a casi cien familias sanjuaninas sin sustento, sino que vuelve a foja cero un proyecto estratégico de 27 kilómetros clave para la conectividad con Mendoza, sumiendo al sector de la construcción en un clima de profunda incertidumbre y temor por el futuro de la obra pública en la provincia.