En un fallo que redefine el panorama financiero de la Argentina para la próxima década, la Justicia de los Estados Unidos revocó la condena de primera instancia por la expropiación de YPF ocurrida en 2012.

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York no solo exime al Estado de pagar una indemnización multimillonaria que ponía en jaque las reservas del Banco Central, sino que también confirma que la petrolera bandera no tuvo responsabilidad legal en el proceso de estatización.

El tribunal, con los votos a favor de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, determinó que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, realizó una “interpretación errónea” de la ley argentina al considerar que el estatuto de la empresa estaba por encima de la facultad soberana de expropiación del Estado.

La defensa argentina, que mantuvo una línea técnica coherente a través de tres administraciones distintas (Macri, Fernández y Milei), logró convencer a los jueces de dos puntos clave:

1. Prioridad de la Ley de Expropiación: Se argumentó que la Constitución Nacional y las leyes de expropiación tienen mayor jerarquía que el estatuto privado de una empresa.
2. Improcedencia del reclamo: El fallo señala que los estatutos de una compañía no funcionan como un “contrato bilateral” que permita a accionistas minoritarios (como el fondo Burford) reclamar daños y perjuicios de esta manera ante una decisión soberana del Congreso Nacional.

La reacción en Wall Street fue inmediata: las acciones de Burford Capital, el fondo que compró los derechos para litigar contra Argentina, se desplomaron un 40%. Por el contrario, para YPF esta sentencia despeja el horizonte financiero.

El CEO de la compañía, Horacio Marín, celebró el fallo destacando que permite avanzar con el ambicioso Plan 4×4. Para Jáchal e Iglesia, esto es fundamental: una YPF fortalecida significa mayor inversión en exploración y una consolidación de la Argentina como proveedor confiable de energía, algo que impacta indirectamente en los costos logísticos y operativos de toda la industria, incluida la minera.

Curiosamente, el fallo actual termina validando técnicamente la postura que sostuvo Axel Kicillof en 2012, cuando afirmó que sería “estúpido” pagarle a los privados siguiendo el estatuto de la propia YPF en lugar de aplicar la ley de expropiación. Aunque la Cámara de Nueva York advirtió que Argentina “violó promesas” hechas a inversores en los años 90, aclaró que el camino legal elegido por los demandantes para cobrar la indemnización simplemente no correspondía bajo el derecho argentino.

Lo que se anunció como una conferencia para “dar vuelta la página” de los escándalos de corrupción terminó en un caótico cierre que dejó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contra las cuerdas.

Visiblemente desencajado y sin el respaldo presencial de Karina Milei, el funcionario estalló ante las preguntas de los acreditados en Casa Rosada sobre las inconsistencias en su declaración jurada y las facturas de su vuelo en chárter a Punta del Este, que según la justicia fueron pagadas por una productora ligada a la TV Pública y un tercero.

“Yo hago lo que quiero con mi dinero”, gritó Adorni ante el cuestionamiento sobre sus gastos, en un intento por blindar su vida privada de una investigación que ya está en manos del juez Ariel Lijo por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando se le recordó que Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo personal, había declarado inicialmente que el vuelo se pagó con “plata del Estado”, para luego retractarse. Adorni, titubeante, intentó explicar la diferencia entre un gasto personal y una dádiva:

• Su versión: “La dádiva está cuando yo no pago. Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”.
• La prueba judicial: Las facturas presentadas ante la justicia por la empresa Alpha Centauri S.A. no están a nombre de Adorni, sino de la productora Imhouse SA y de un particular uruguayo.

Ante la repregunta sobre por qué no presentaba los comprobantes a su nombre si efectivamente él había afrontado el gasto, el Jefe de Gabinete se refugió en el proceso judicial: “No tengo por qué explicar una transacción privada por la que la justicia no me está preguntando aún”.

Sobre el final, la conferencia tomó un tono aún más oscuro cuando Adorni exhibió tuits impresos de los periodistas presentes para confrontarlos, lo que sugirió un sistema de monitoreo sobre la prensa crítica. El clima terminó de romperse cuando un cronista comparó su situación con la de la funcionaria despedida meses atrás por la compra de una cafetera de lujo.

Adorni abandonó el recinto indignado, exigiendo disculpas y reafirmando que su renuncia está “a disposición” del presidente Javier Milei desde el primer día, aunque desmintió que su salida sea inminente.

En una decisión que sorprendió a gran parte del arco diplomático, la Argentina rechazó este miércoles una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que califica a la trata transatlántica de personas y a la esclavitud racializada como el “crimen de lesa humanidad más grave” de la historia.

La postura argentina contrastó fuertemente con los 123 votos a favor que recibió el proyecto, impulsado por una coalición de 60 países de África, el Caribe y América Latina.

El texto aprobado no solo condena el sistema de explotación que duró más de cuatro siglos, sino que sostiene que estas violaciones al derecho internacional no prescriben y que sus efectos estructurales (en el trabajo, la propiedad y el capital) siguen impactando en millones de personas en la actualidad.

Minoría absoluta y alineación geopolítica

La votación dejó una foto inusual para la diplomacia argentina:

• Votos a favor: 123 países (incluyendo la mayor parte de Latinoamérica y África).
• Abstenciones: 52 países (principalmente el bloque occidental y europeo).
• Votos en contra: Solo 3 países (Argentina, Estados Unidos e Israel).

Mientras que la mayoría de los países occidentales optaron por la abstención —una forma de no oponerse al contenido pero marcar reparos técnicos o legales sobre las reparaciones históricas—, la Argentina decidió el rechazo directo. Esta posición ratifica la nueva doctrina de política exterior del gobierno nacional, que busca una alineación total con las posturas de Washington y Tel Aviv, incluso en temas donde tradicionalmente el país acompañaba los consensos de derechos humanos.

La resolución se dio en el marco del 25º aniversario de la Declaración de Durban y califica a la esclavitud como “la injusticia más inhumana y duradera contra la humanidad”. El punto de mayor fricción suele ser el reconocimiento de que las consecuencias de la esclavitud persisten en las estructuras sociales actuales, lo que para algunos países abre la puerta a reclamos de reparaciones económicas por parte de las naciones que se beneficiaron de la trata en el pasado.

¿Qué significa esto para el prestigio internacional?

Para los analistas, este voto marca un quiebre con la “política de Estado” que la Argentina mantuvo desde el regreso de la democracia en 1983, caracterizada por un liderazgo activo en foros internacionales de derechos humanos. Quedar en una minoría de tres países frente a 123 representa un nivel de aislamiento que podría complicar futuras negociaciones multilaterales donde el país necesite el apoyo del bloque regional o de países emergentes.