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El Gobierno ordenó la desclasificación total de archivos sobre la dictadura militar

Los documentos pasarán de la SIDE al Archivo General de la Nación, pero aún no hay un plan definido para su acceso

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno nacional anunció la desclasificación total de los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que la medida responde al “compromiso inclaudicable con los derechos humanos” y la necesidad de “contar la historia completa”.

Según explicó Adorni, la iniciativa se fundamenta en el Decreto 4/2010, firmado por la expresidenta Cristina Kirchner, que, según el funcionario, “nunca había sido implementado en su totalidad”. A partir de esta decisión, los documentos que hasta ahora estaban bajo control de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) serán trasladados al Archivo General de la Nación (AGN).

Sin detalles sobre el acceso a la información

A pesar del anuncio, el Gobierno no ha definido aún cómo ni cuándo se podrá acceder a los documentos. Fuentes oficiales confirmaron que no hay un plan de trabajo establecido para el traspaso y puesta a disposición de la información.

Desde el Archivo General de la Nación indicaron que recién a partir de este martes comenzarán las reuniones entre equipos del AGN y la SIDE para organizar el traspaso, aunque aún se desconoce la magnitud y el estado del material disponible. “Se va a armar un plan de trabajo en función de la cantidad y la condición de los archivos”, explicaron.

Hasta que se hizo el anuncio, todo se manejó bajo siete llaves en el área de Presidencia“, reconocieron fuentes gubernamentales, justificando así la falta de detalles sobre el proceso.

Adorni: “Los archivos pasan a estar al servicio de la memoria y no de la política”

En su mensaje, Adorni defendió la medida al señalar que “durante décadas los archivos permanecieron en las sombras y todos los gobiernos de turno tuvieron acceso; pese al eslogan vacío, fueron utilizados como botín de guerra“.

Asimismo, afirmó que la desclasificación de documentos es una práctica común a nivel internacional y citó el caso de Estados Unidos, cuando el gobierno de Donald Trump decidió abrir archivos del FBI sobre crímenes de guerra y el asesinato de John F. Kennedy.

El Gobierno reconocerá el caso Viola como crimen de lesa humanidad

En el mismo anuncio, Adorni informó que el Ejecutivo reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, fue un crimen de lesa humanidad.

El ataque ocurrió el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, cuando un grupo de guerrilleros interceptó el auto en el que Viola viajaba con su esposa y sus dos hijas. En el hecho, fallecieron el capitán y su hija menor de tres años, mientras que la otra niña resultó gravemente herida.

Según Adorni, en 2016 la viuda de Viola apeló ante la CIDH, pero el gobierno de Alberto Fernández respondió que el atentado “no constituía un delito de lesa humanidad”. Sin embargo, la actual administración decidió revisar el caso y establecer un diálogo con la familia.

Para Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país”, concluyó Adorni.

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Politica

El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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