El gobernador de Jujuy vetó la ley que imponía un seguro obligatorio para atención médica en hospitales públicos - Jáchal Magazine
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El gobernador de Jujuy vetó la ley que imponía un seguro obligatorio para atención médica en hospitales públicos

El Gobierno de Jujuy decidió dar marcha atrás con la ley que establecía un seguro obligatorio para acceder a la atención médica en los hospitales públicos de la provincia. La norma, aprobada en diciembre, imponía un pago mensual de 50 mil pesos a los pacientes, excepto aquellos con ingresos bajos. Esta medida generó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera del ámbito político, y el gobernador Carlos Sadir optó por vetar la ley tras las críticas y la controversia que suscitó.

Un seguro que no existía previamente


El Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), que surgió con la norma, proponía un pago mensual como requisito para acceder a consultas médicas en hospitales públicos. Además, extendía el servicio a las clínicas privadas, lo que fue defendido por el oficialismo como un beneficio adicional. Sin embargo, la medida generó rechazo en amplios sectores de la sociedad, ya que la atención médica gratuita en hospitales públicos es un derecho vigente en todo el país. Ante las críticas, el gobierno provincial explicó que se había producido una desinformación y malentendidos sobre el alcance de la ley.

El contexto y la respuesta del gobierno


El gobierno jujeño argumentó que la medida fue malinterpretada y se utilizó políticamente en su contra. Según el comunicado oficial, SEPROSA se creó para mejorar la cobertura de salud en la provincia y garantizar un acceso a una obra social de calidad para todos los habitantes. La ley había sido impulsada con el argumento de que un sector de la población de 200.000 personas, con trabajos informales pero con capacidad de pago, necesitaba aportar al sistema de salud, y el ejemplo que se utilizaba era el de los vendedores ambulantes, taxistas y feriantes.

Rechazo y consecuencias políticas


El proyecto de ley fue duramente criticado por sindicatos y trabajadores del sector salud, quienes formaron el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública. Estos sectores argumentaron que el servicio de salud debe ser público y gratuito según la Constitución, por lo que cualquier intento de arancelar la atención médica sería inconstitucional. La medida también encontró apoyo entre los miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), pero fue cuestionada por Alejandro Vilca, diputado del Frente Izquierda, quien celebró el veto del gobernador.

El legislador destacó que el retroceso del gobierno fue una victoria de los miles de ciudadanos que se opusieron a la ley, y advirtió que no se puede descartar que se intente reintroducir una medida similar en el futuro.

El futuro del sistema de salud en Jujuy


La polémica ley y su posterior veto han puesto sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad y financiamiento del sistema de salud en la provincia, especialmente tras los ajustes económicos implementados por el gobierno de Javier Milei a nivel nacional, que afectaron el presupuesto destinado a salud. Con el veto, el Gobernador Sadir se enfrenta ahora a la difícil tarea de encontrar soluciones que garanticen la calidad del sistema de salud sin recurrir a la imposición de pagos obligatorios para la atención pública.

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Politica

El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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