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Senado: obtuvo dictamen el proyecto de actualización de las jubilaciones

Es el proyecto que aprobó Diputados a inicios de junio que Milei prometió vetar; dos radicales apoyaron junto con el kirchnerismo y alcanzaron mayoría en comisiones.

En un golpe político para el Gobierno, una mayoría circunstancial de kirchneristas, radicales y fuerzas provinciales se impuso esta tarde en un plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda del Senado y logró emitir como dictamen de mayoría el proyecto de ley de actualización de las jubilaciones que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio.

El proyecto quedó ahora en condiciones de ser discutido en el recinto en la próxima sesión que, hasta el momento, la conducción de la Cámara alta a cargo de Victoria Villarruel, pretende celebrar el jueves de la semana próxima.

No obstante, el Gobierno intentará seguirá negociando con la oposición dialoguista con el objetivo de introducirle cambios a la iniciativa y, así, devolverla en segunda revisión a la Cámara baja y seguir demorando la sanción de la norma, que rechaza por considerar que incrementará el gasto y dará por tierra con el superávit fiscal del que hace gala la administración Milei.

La propuesta del Poder Ejecutivo quedó plasmada en un dictamen impulsado por el oficialismo, pero que quedó en minoría. En este caso, el despacho fue apoyado por los senadores de Pro y en disidencia por los radicales Eduardo Vischi (Coreientes), jefe de la bancada del centenario partido, y Víctor Zimmermann (Chaco), que responden a los gobernadores Gustavo Valdés y Leandro Zdero, respectivamente.

La iniciativa que obtuvo dictamen de mayoría establece una compensación del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno cuando actualizó las jubilaciones por decreto en abril ultimo, fija el Indice de Precios al Consumidor (IPC) como variable de la movilidad y establece que la jubilación mínima deberá ser un 9% superior al valor de la canasta básica de alimentos y una recomposición anual complementaria, a calcularse en marzo y equivalente al 50% de la diferencia, en caso de que el indicador salarial Ripte sea superior a la inflación.

Pero lo que más molesta al Gobierno, y que provocó la airada reacción del Presidente cuando anunció que vetaría la ley en el caso de que fuera sancionada por el Congreso, es la cláusula que le exige a la Anses a que en el plazo de un año, seis meses prorrogables por igual período de tiempo, liquide las deudas que reclaman las provincias por los fondos que la Nación les debe girar a los distritos que no transfirieron sus cajas previsionales.

El Poder Ejecutivo presentó en la tarde del martes una propuesta alternativa que elimina las cláusulas más polémicas y sólo mantiene, de la versión votada por la Cámara baja, la actualización por IPC y la compensación para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, aunque sin reconocer este pago de manera retroactiva a abril.

La propuesta provocó divisiones al interior del bloque radical, entre aquellos legisladores que responden a sus gobernadores, los que todavía priorizan mantener buenas relaciones con la Casa Rosada, y aquellos que en la jerga legislativa se conoce como “sin techo”, es decir que provienen de distritos gobernados por otras fuerzas políticas y, por lo tanto, no están ligados a las presiones fiscales de sus respectivos gobiernos provinciales.

El debate en el centenario partido demandó al menos tres reuniones sin que se lograra acordar una posición común sobre cuál de las dos propuestas apoyar. Por la mañana, la discusión se dio en el seno de la bancada. Por la tarde, los radicales de las comisiones participantes debatieron el camino a seguir. Al final, sólo encontraron unidad en votar divididos.

Así fue como el porteño Martín Lousteau y el fueguino Pablo Blanco, este último en disidencia parcial, decidieron estampar su firma en el dictamen que impulsaba el proyecto tal cual fue aprobado por la Cámara baja.

Se sumaron así a la propuesta lanzada por el provincial José María Carambia (Santa Cruz), quien interrumpió el plenario, en el que se encontraba exponiendo sobre el sistema previsional un representante de una organización no gubernamental, para darle un corte al intento del oficialismo de continuar prolongando el debate. “Me parece que la forma de acompañar a los jubilados sería firmar hoy mismo dictamen al proyecto que salió de la Cámara de Diputados”, propuso el santacruceño.

Minutos después se sumó a la propuesta el kirchnerismo. “El intercambio es muy interesante -dijo Juliana Di Tullio (UxP-Buenos Aires) en referencia a la exposición del invitado-, pero estamos tratando la media sanción y me gustaría saber si va a haber espacio para firmar dictamen”.

“Nuestro interbloque va a acompañar el dictamen a la media sanción porque es un proyecto de mínima. Lo que propone el oficialismo es imposible de acompañar”, agregó Di Tullio, antes de lanzar una velada crítica a la oposición dialoguista por la pérdida de apoyo que sufrió el proyecto entre la aprobación de una cámara y el debate en comisiones en la otra. “En Diputados la media sanción tuvo los dos tercios de los votos; es muy difícil entender que pasó en el medio para que no se repita esa proporción en el Senado”, dijo.

La Nación

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Milei endurece la política por Malvinas y anuncia una base naval en Tierra del Fuego

Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones más duras a petroleras que operen en Malvinas, en medio del avance del proyecto Sea Lion.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un mensaje transmitido por cadena nacional que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Entre los anuncios más relevantes se encuentran la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras extranjeras que operan en el área bajo administración británica.

El mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley orientado a fortalecer las herramientas diplomáticas, económicas y legales del Estado argentino frente a las actividades de explotación de recursos naturales en la zona en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei al abrir su mensaje, y remarcó que el reclamo debe estar acompañado por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La decisión se produce en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé inversiones millonarias y una producción estimada de 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Ambas empresas ya fueron sancionadas por Argentina en años anteriores por operar sin autorización en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

El Gobierno argentino considera que el desarrollo del proyecto constituye una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que las perforaciones podrían comenzar en los próximos meses, lo que incrementó la tensión diplomática.

El anuncio de Milei también se inscribe en un escenario internacional en movimiento. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la posición de Washington respecto al conflicto y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad estadounidense. La respuesta generó reacciones inmediatas del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su postura sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, según explicó Milei, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y dotar al Estado de infraestructura estratégica para la defensa y el control de los recursos naturales. El Gobierno también anticipó que las nuevas sanciones alcanzarán no solo a las petroleras involucradas, sino también a proveedores, contratistas y empresas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con estas medidas, la administración nacional busca trasladar el reclamo por Malvinas al plano legislativo y reforzar las herramientas con las que pretende intervenir frente al avance de actividades económicas en el área en disputa. El paquete de leyes será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

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Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

Javier Milei presentó su declaración jurada 2025 y declaró un patrimonio de $295,2 millones, un aumento nominal del 43%. También se conocieron las declaraciones de Karina Milei y Luis Caputo, con incrementos significativos en sus bienes.

El presidente Javier Milei presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente al año 2025, en la que se observa un incremento nominal del 43,3% en su patrimonio durante su segundo año de gestión. Según el documento, los bienes, depósitos y dinero declarados pasaron de $206 millones al inicio de 2025 a $295,2 millones al cierre del mismo período. En términos dolarizados, la variación fue mínima debido al efecto del tipo de cambio.

El aumento patrimonial se explica principalmente por la revaluación de activos ya existentes, dado que Milei no incorporó bienes nuevos. Su departamento de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires duplicó su valuación, pasando de $38,4 millones a $73,5 millones. En tanto, sus dos vehículos una Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé mantuvieron los valores declarados el año anterior.

También se registró un incremento en el valor en pesos de sus tenencias en dólares, producto del salto del tipo de cambio: los US$65.562 depositados en una caja de ahorro y los US$20.000 en efectivo pasaron de valuarse a $1029 por dólar a $1446 hacia fin de año.

En cuanto a ingresos, Milei declaró $81,8 millones, compuestos por renta del trabajo personal y actividades vinculadas a empresas y comercio. Sus gastos personales ascendieron a $66,2 millones. Además, el mandatario informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle, un pasivo que no figuraba en su declaración del año anterior.

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El patrimonio de Karina Milei

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, también presentó su declaración jurada y mostró un incremento patrimonial significativamente mayor en términos porcentuales: su patrimonio pasó de $11,4 millones a $35,3 millones, una suba del 210%. El aumento se explica casi exclusivamente por la revaluación de su vivienda en Vicente López, que pasó de $3,9 millones a $28,1 millones.

La funcionaria declaró ingresos netos por $33,1 millones, todos provenientes de su trabajo personal, y gastos por $33,6 millones. Sus deudas también crecieron levemente, pasando de $841.961 a $969.471, con obligaciones registradas en el ICBC y el Banco Santander. Además, incorporó una cuenta de pago en una billetera virtual por $3,8 millones, que no figuraba en la presentación anterior.

La declaración jurada de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó un patrimonio que pasó de $11.851 millones a $19.209 millones, lo que representa un aumento del 62% en pesos. Declaró depósitos bancarios por $12.730 millones, de los cuales el 97% se encuentran en el exterior. Solo una cuenta en Estados Unidos concentra $11.739 millones. Caputo también declaró gastos personales por $237 millones durante 2025.

Las tres declaraciones juradas exhiben incrementos patrimoniales significativos en un contexto de alta inflación y revaluación de activos, y forman parte del esquema de transparencia que exige la normativa vigente para funcionarios nacionales.

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Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II y la reforma del BCRA

Diputados aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen simplificado de Ganancias, redefine discrepancias y reduce multas para pymes.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce modificaciones en el régimen tributario y redefine la relación entre los contribuyentes y el Estado frente a eventuales discrepancias fiscales. El proyecto, que ahora deberá continuar su trámite en el Senado, amplía el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias y establece nuevos criterios de fiscalización.

La norma modifica la ley 27.799 y habilita la adhesión al régimen simplificado a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, eliminando los límites de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora. Además, extiende el plazo para ingresar a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que abre una ventana más amplia para quienes buscan regularizar su situación fiscal bajo un esquema de menor complejidad administrativa.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita a la Administración de Recursos y Control de la Actividad (ARCA) a impugnar una declaración simplificada. A partir de la nueva ley, se considerará discrepancia toda diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. Este criterio busca establecer un umbral más claro y acotado para las revisiones del organismo.

El Presidente lanzó un paquete de reformas que incluye cambios en el BCRA, regla fiscal y mercado financiero

La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización de ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, quienes seguirán sujetos a controles más exhaustivos. A la vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y utilizar medios de pago autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV), reforzando la trazabilidad de las transacciones.

Durante el debate legislativo, se incorporó otro cambio relevante: la reducción del 25% en las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas, una medida que busca aliviar la carga sancionatoria sobre el sector y fomentar la regularización voluntaria.

Según fuentes parlamentarias, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal II constituye uno de los avances legislativos que el Gobierno esperaba lograr en la sesión, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Con la media sanción obtenida, el proyecto deberá ser tratado ahora en el Senado, donde continuará el debate sobre su alcance y aplicación.

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