Politica

Fernando Espinoza será juzgado por abuso sexual y desobediencia

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ha sido enviado a juicio oral y público tras ser acusado de abuso sexual y desobediencia a la orden judicial que le prohibía acercarse a Melody Rakauskas, quien trabajaba en su secretaría privada.

Este miércoles, el juez de instrucción Fernando Caunedo rechazó el pedido de sobreseimiento de Espinoza y dio por concluida la investigación, lo que permitió que el caso pasara a la instancia de juicio oral. El tribunal correspondiente será sorteado en los próximos días y se fijará la fecha de inicio del juicio.

Espinoza está acusado de abuso sexual por un hecho ocurrido en mayo de 2021 en el departamento de la mujer, cuando la víctima, Melody Rakauskas, denunció que el intendente se aprovechó de su posición de poder para cometer el abuso. Además, el juicio también abordará un incidente relacionado con desobediencia a la orden judicial que le impedía tener contacto con Rakauskas. En esa ocasión, Espinoza envió a un funcionario municipal para intervenir en la causa de la víctima y posteriormente habló con él por teléfono.

La postura de la fiscalía y la defensa

La fiscal de instrucción, Mónica Cuñarro, había solicitado el sobreseimiento de Espinoza tras el hallazgo de un audio en el celular de Rakauskas que parecía desvincular al intendente del hecho. Cuñarro argumentó que el testimonio de la denunciante presentaba contradicciones significativas, lo que generaba dudas sobre su credibilidad. Además, la fiscal señaló que no había pruebas objetivas que respaldaran la acusación, como registros médicos, testimonios de testigos o grabaciones que confirmaran los hechos denunciados.

Por otro lado, la defensa de Espinoza insistió en que la denuncia era de carácter político, una postura que fue desestimada tanto por el juez como por la Cámara del Crimen. El magistrado, en su fallo, sostuvo que los argumentos de la defensa ya habían sido analizados y respondidos por la cámara de apelaciones, que ratificó el procesamiento del intendente.

El testimonio de la víctima

Rakauskas relató en su denuncia que, durante una cena, Espinoza le pidió que le hiciera masajes debido a una contractura. Cuando ella se negó, él respondió de manera intimidante: “No tengas miedo, dale”. Posteriormente, se desabrochó la camisa y le dijo que no tuviera miedo porque “las mujeres de sus amigos tenían bigote”. La víctima describió cómo, a pesar de sus intentos por que se fuera, Espinoza se despojó de su ropa y la sujetó contra su voluntad. La mujer afirmó que el intendente comenzó a besarla y tocarla por encima de la ropa, mientras le decía que siempre le había atraído y que “todo estaría bien”.

Espinoza, según la denuncia, intentó quitarle la ropa a la víctima y, aunque no logró despojarla completamente de sus prendas, la situación fue descrita como un acto de violencia física y sexual. La mujer, visiblemente angustiada, le pidió que se fuera, pero Espinoza respondió con un comentario despectivo antes de irse: “Bueno, lista, ya está, se terminó todo. Sos una boluda, no sabes lo que te perdiste, pero bueno, allá vos”.

El juicio oral

El juez Caunedo destacó que la controversia central del caso se centra en la credibilidad del testimonio de Rakauskas, quien es la única testigo directa del abuso, frente al descargo de Espinoza, quien niega las acusaciones. El magistrado señaló que las evidencias objetivas, como la presencia de Espinoza en el lugar de los hechos, desvirtúan parcialmente su defensa.

Finalmente, el juez expresó que la resolución de la controversia se llevará a cabo en el juicio oral, en el que se podrán evaluar mejor las pruebas y los testimonios bajo el principio de contradicción plena y con igualdad de armas.

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El Congreso debatirá la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años en febrero

A través del Decreto 53/2026, el Gobierno nacional incluyó la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias. Se suma a la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto busca igualar la legislación argentina con países como Uruguay y Brasil.

El calendario legislativo de febrero sumó un tema de alto impacto social. El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias, habilitando al Congreso para discutir la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años y el oficialismo pretende llevar a los 13 años.

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, coloca al nuevo Régimen Penal Juvenil como el quinto eje de una agenda que ya incluía temas cruciales para San Juan, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

¿Cómo será la hoja de ruta en el Congreso?

A pesar de la urgencia que el Gobierno le imprime al tema, fuentes oficiales confirmaron que habrá un orden de prioridades para no entorpecer los acuerdos políticos:

Primero, lo urgente: El tratamiento comenzará con la Reforma Laboral en el Senado y el acuerdo Mercosur-UE en Diputados.
Segundo paso: Una vez que esos proyectos avancen, se habilitará el debate de la Ley Penal Juvenil, que ingresaría inicialmente por la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación argentina quedó desactualizada respecto a la región. Mencionan los casos de Brasil y Uruguay, donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente. El proyecto se basaría en un dictamen de comisión del año pasado, pero con ajustes para buscar el consenso de otros bloques que tienen propuestas similares.

Con esta incorporación, el periodo que va del 2 al 27 de febrero será determinante. El interés es doble, por un lado, el impacto de la seguridad y el régimen penal; y por otro, la expectativa por la Ley de Glaciares, que podría definir el futuro de grandes inversiones mineras en Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia “más moderno y justo”, mientras la oposición ya prepara sus argumentos para un debate que promete ser uno de los más intensos del año.

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Politica

Reforma Laboral: Bullrich negocia cambios con los gobernadores para destrabar los votos en el Senado

La titular del bloque oficialista evalúa modificar puntos clave del proyecto ante el reclamo de las provincias por la caída de la coparticipación. En la misma mesa, los mandatarios de provincias mineras como San Juan presionan por cambios en la Ley de Glaciares para ampliar las zonas de explotación.

El tablero político nacional se mueve intensamente de cara a las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich lidera las conversaciones para reformar el proyecto de ley laboral original, buscando un equilibrio que permita obtener la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El principal escollo hoy es el impacto fiscal. Los gobernadores advirtieron que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, contemplada en la reforma, afectaría directamente las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable. La propuesta de los mandatarios es que la reducción sea escalonada, permitiendo que el repunte del consumo compense gradualmente la caída de ingresos.

El factor minero: Glaciares en la negociación

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca asegurar los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras han puesto sobre la mesa una condición estratégica: la modificación de la Ley de Glaciares.

Este pedido, central para el desarrollo de proyectos en San Juan, busca redefinir la normativa actual para permitir explotaciones en zonas periglaciares, lo que desbloquearía inversiones millonarias que hoy están frenadas por la interpretación ambiental de la ley vigente.

La estrategia de Bullrich de “ceder para avanzar” no cuenta con el apoyo total del equipo económico. Mientras ella, Santilli y Martín Menem están dispuestos a retocar el proyecto para asegurar los votos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, insisten en mantener los plazos originales de reducción impositiva.

“Hay gobernadores que están 100% a favor y otros que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para sus provincias”, resumen desde la Casa Rosada sobre la complejidad de unificar el reclamo.

Esta semana será clave para definir si se reabren las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para un nuevo dictamen o si los cambios se introducen directamente en el recinto durante el tratamiento en febrero.

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Milei reestructura la SIDE: busca centralizar la inteligencia y eliminar “funciones políticas”

A través de un fuerte comunicado, la Casa Rosada justificó los cambios como una “reforma de segunda generación”. Mientras el Ejecutivo defiende el achicamiento de estructuras, la oposición denuncia la creación de una “policía secreta” y presiona en el Congreso para controlar el DNU.

REDACCIÓN JÁCHAL MAGAZINE – El sistema de inteligencia argentino atraviesa una transformación radical. Tras la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, el Gobierno nacional detalló las nuevas funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), argumentando que el objetivo es terminar con décadas de “opacidad y uso político”.

Los ejes de la reforma

Según el comunicado oficial, la reforma busca adecuar el sistema a las “amenazas del siglo XXI” mediante varios puntos clave:

Foco en Contrainteligencia: La Agencia de Seguridad Nacional se limitará exclusivamente a proteger al Estado de espionaje o injerencia externa.
Recorte de funciones: La SIDE dejará de ocuparse de la seguridad interna (que queda bajo el Ministerio de Seguridad) y de la infraestructura crítica (que pasa a Innovación, Ciencia y Tecnología).
Eficiencia militar: Se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con el Estado Mayor Conjunto.
Carácter encubierto: Todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter reservado para reducir el “riesgo estratégico”.

La medida no tardó en despertar fuertes críticas en el arco opositor. Sectores del kirchnerismo y bloques aliados como Encuentro Federal y la Coalición Cívica advirtieron que el DNU otorga facultades excesivas y reduce el control parlamentario.

Referentes de la oposición, como Leopoldo Moreau y Agustín Rossi, denunciaron que la reforma podría dar lugar a una “fuerza parapolicial” al permitir detenciones en flagrancia y el uso de personal militar para tareas de inteligencia civil.

Ante este escenario, se ha iniciado una fuerte presión sobre Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para conformar de manera urgente las comisiones bicamerales:

De Trámite Legislativo: Para validar o rechazar el DNU.
De Inteligencia: Para ejercer el control sobre las actividades de los espías.

Plazos legales

El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. Una vez allí, la comisión tiene otros 10 días para dictaminar. Si no hay acuerdo en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratar el DNU en el recinto, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sostener la reforma de la nueva SIDE.