Bajo el mando de Juan Pablo Carreira y la supervisión de Manuel Adorni, el nuevo organismo busca desmentir “operaciones” mediáticas de forma inmediata. La medida genera fuertes cruces: el oficialismo la defiende como una herramienta de verdad, mientras la oposición la compara con el “Nodio” kirchnerista.

La Casa Rosada redobla la apuesta en su batalla dialéctica con la prensa. Este jueves quedó oficializada la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina (OPRA), un organismo diseñado específicamente para salir al cruce de noticias que el Ejecutivo considere falsas o malintencionadas.

La oficina funciona bajo la órbita de la Dirección General de Comunicación Digital y está liderada por Juan Pablo Carreira, un funcionario del riñón del asesor Santiago Caputo. La supervisión final recae sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Prensa, Javier Lanari.

¿Cómo funciona la OPRA?

La dinámica de este nuevo “escudo digital” es directa y agresiva:

• Monitoreo total: Todos los ministerios deben reportar noticias sobre sus áreas que consideren “falsas”.
• Desmentida activa: A través de la cuenta oficial de OPRA, se emiten comunicados señalando medios y periodistas específicos.
• Sin nuevos costos: Según el Gobierno, no se contratará personal extra, sino que se utilizará el equipo de comunicación digital que ya cumple funciones en la Rosada.

El anuncio no tardó en levantar polvareda. Mientras el presidente Javier Milei celebró la iniciativa como una forma de “señalar la mentira”, diversos sectores del periodismo y la oposición encendieron las alarmas.

1. El modelo Trump: Muchos comparan la estética y la velocidad de respuesta con la Rapid Response de la Casa Blanca durante la era Trump.
2. El fantasma del Nodio: Desde la oposición recordaron al “Nodio”, el observatorio de medios del gobierno anterior, señalando que ambas iniciativas pueden rozar la censura o el hostigamiento a la libertad de expresión.
3. Referencia Orwelliana: Los críticos más duros ya tildan a la oficina como el “Ministerio de la Verdad”, en alusión a la famosa novela 1984.

Para los ciudadanos, y especialmente para medios locales como el nuestro, esto marca un cambio en el flujo de la información. Ahora, cada noticia de alcance nacional tendrá una “contraparte” oficial inmediata, obligando al lector a contrastar fuentes de manera más rigurosa que nunca.

La creación de OPRA confirma que el 2026 será un año de altísima tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación tradicionales, trasladando el debate político al ring de las redes sociales.

A pesar de ser un pedido expreso de San Juan y el resto de la Mesa del Cobre, la Casa Rosada sacó el tema del temario para la próxima semana. Priorizarán la reforma laboral y hay desconfianza entre los gobernadores: sospechan que el oficialismo aún no tiene los votos para tocar la normativa ambiental.

En un giro inesperado que sacudió el tablero político este fin de semana, la reforma de la Ley de Glaciares vital para el futuro minero de Jáchal quedó en el “freezer” legislativo. La decisión fue comunicada por Patricia Bullrich, quien confirmó que el esfuerzo del oficialismo se concentrará exclusivamente en la modernización laboral durante la sesión del próximo miércoles.

Aunque desde el entorno presidencial aseguran que se trata solo de una “cuestión de tiempos”, en San Juan y Mendoza la noticia cayó como un balde de agua fría. Se sospecha que el Gobierno nacional aún no logra consolidar los consensos necesarios para modificar una ley tan sensible, que hoy frena inversiones millonarias en zonas periglaciares.

El nudo del conflicto: ¿Qué se busca cambiar?

El proyecto que quedó en espera es el que reclaman los gigantes del sector para activar proyectos de cobre y litio. Los puntos centrales son:

• Redefinición técnica: Se busca una definición más precisa de qué masas de hielo están protegidas, para permitir la actividad en áreas que hoy están en una “zona gris” legal.
• Autonomía provincial: La reforma otorgaría a las provincias (dueñas de los recursos según la Constitución) mayor poder de decisión sobre el manejo de sus ambientes de alta montaña.
• Seguridad jurídica: Tras la gira del canciller Pablo Quirno por EE.UU., donde se prometieron inversiones por USD 14.000 millones, este marco legal es visto como la garantía necesaria para que los capitales finalmente desembarquen.

La postergación no es solo ambiental, es también fiscal. Los gobernadores, liderados en las gestiones por el ministro Diego Santilli, vienen reclamando compensaciones ante la caída de la coparticipación por los cambios en el impuesto a las Ganancias.

Hay quienes ven en esta demora una maniobra de presión: el Gobierno nacional podría estar usando la Ley de Glaciares como “moneda de cambio” para asegurar que los mandatarios provinciales disciplinen a sus legisladores y voten a favor de la reforma laboral.

Si bien la ley no figura en la convocatoria formal del miércoles, el oficialismo dejó la puerta abierta para incluirla “sobre la hora” si las negociaciones con las provincias llegan a buen puerto. Para Jáchal, la demora significa estirar la incertidumbre sobre proyectos que podrían generar miles de puestos de trabajo genuinos en el corto plazo.

A través del Decreto 53/2026, el Gobierno nacional incluyó la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias. Se suma a la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto busca igualar la legislación argentina con países como Uruguay y Brasil.

El calendario legislativo de febrero sumó un tema de alto impacto social. El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias, habilitando al Congreso para discutir la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años y el oficialismo pretende llevar a los 13 años.

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, coloca al nuevo Régimen Penal Juvenil como el quinto eje de una agenda que ya incluía temas cruciales para San Juan, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

¿Cómo será la hoja de ruta en el Congreso?

A pesar de la urgencia que el Gobierno le imprime al tema, fuentes oficiales confirmaron que habrá un orden de prioridades para no entorpecer los acuerdos políticos:

1. Primero, lo urgente: El tratamiento comenzará con la Reforma Laboral en el Senado y el acuerdo Mercosur-UE en Diputados.
2. Segundo paso: Una vez que esos proyectos avancen, se habilitará el debate de la Ley Penal Juvenil, que ingresaría inicialmente por la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación argentina quedó desactualizada respecto a la región. Mencionan los casos de Brasil y Uruguay, donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente. El proyecto se basaría en un dictamen de comisión del año pasado, pero con ajustes para buscar el consenso de otros bloques que tienen propuestas similares.

Con esta incorporación, el periodo que va del 2 al 27 de febrero será determinante. El interés es doble, por un lado, el impacto de la seguridad y el régimen penal; y por otro, la expectativa por la Ley de Glaciares, que podría definir el futuro de grandes inversiones mineras en Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia “más moderno y justo”, mientras la oposición ya prepara sus argumentos para un debate que promete ser uno de los más intensos del año.