En cumplimiento del mecanismo de rotación previsto por la normativa vigente, el ministro Daniel Olivares Yapur asumirá la presidencia de la Corte de Justicia de la provincia este lunes 2 de marzo.

El acto formal, que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Sirio Libanés, marcará el cierre de la gestión de la Dra. Adriana García Nieto, quien brindará su discurso de despedida y el balance de los hitos alcanzados durante su periodo.

La ceremonia contará con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, y los ministros del máximo tribunal Guillermo De Sanctis, Juan José Victoria y Marcelo Lima. Tras prestar juramento, Olivares Yapur ofrecerá su mensaje institucional como nuevo presidente, asumiendo un rol clave en la conducción administrativa y la representación del Poder Judicial en un contexto marcado por debates estructurales sobre la modernización del servicio de justicia.

Con esta transición, el tribunal más importante de San Juan consolida su esquema de alternancia interna y garantiza la continuidad institucional del órgano encargado de velar por la justicia en todo el territorio provincial.

Tras un período de doce meses sin modificaciones en sus aranceles, la empresa EMICAR oficializó un incremento del 46% en los costos para obtener y renovar las licencias de conducir en San Juan.

El ajuste se aplicó de manera uniforme en todas las categorías, elevando el valor de los trámites particulares y renovaciones hasta los 65 años a un costo de $38.000, mientras que para las personas mayores de 66 años el precio quedó fijado en $22.000.

Por su parte, el sector profesional también sufrió variaciones significativas: el trámite nuevo y la renovación de licencias profesionales hasta los 70 años ahora tienen un valor de $47.000, en tanto que para los conductores a partir de los 70 años el monto se actualizó a $38.000.

Con esta medida, la entidad puso fin a un año de estabilidad en sus precios y actualizó los valores vigentes para todas las gestiones vinculadas a la habilitación para conducir en el territorio provincial.

El Foro de Abogados de San Juan manifestó su profunda preocupación y rechazo ante puntos específicos del Proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Ejecutivo Nacional, al considerar que la normativa introduce riesgos directos para los profesionales y vulnera el federalismo.

La institución cuestionó duramente las modificaciones a los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, señalando que la figura de “pluspetición inexcusable objetiva” convierte la cuantificación de reclamos en una fuente de responsabilidad patrimonial para el abogado, quien podría verse obligado a responder con sus propios bienes ante una sobreestimación del crédito laboral. Asimismo, el Foro denunció una invasión de competencias provinciales, ya que la reforma pretende fijar topes arancelarios y habilitar la cuotificación de honorarios, materia que es potestad exclusiva de las legislaturas provinciales.

La entidad advirtió que el diferimiento compulsivo de los pagos desnaturaliza el carácter alimentario de los honorarios y desalienta el acceso a la justicia de los trabajadores al limitar la gratuidad del proceso.

Desde el directorio reafirmaron su compromiso con la defensa de la autonomía profesional, exigiendo que cualquier modernización normativa respete las garantías esenciales y no disciplinen la labor de los abogados, quienes consideran que estas cargas alteran el equilibrio protectorio del Derecho del Trabajo.