Se eliminarán delegaciones provinciales, un instituto cardiovascular inactivo y se limitará la creación de nuevos hospitales nacionales. Desde la cartera sanitaria aseguran que no se afectarán programas ni personal.

El Gobierno nacional se prepara para implementar una nueva serie de reformas estructurales dentro del Ministerio de Salud, mediante una batería de decretos que se publicarán este martes en el Boletín Oficial. Las medidas, que impactan directamente en la organización federal del sistema sanitario, incluyen la eliminación de delegaciones en las provincias, la disolución de organismos inactivos y la restricción legal para crear nuevos hospitales nacionales bajo esquemas de cofinanciamiento.

Desde la cartera conducida por Mario Lugones, definieron el proceso como un “reordenamiento institucional” con el objetivo de eliminar estructuras obsoletas y optimizar recursos en un contexto de fuerte ajuste.

Delegaciones provinciales, bajo revisión

Uno de los puntos centrales del paquete de medidas es la disolución de las delegaciones sanitarias federales, que funcionaban —al menos en papel— como enlaces entre Nación y las provincias. Según explicaron fuentes del Ministerio, muchas de estas oficinas estaban inactivas desde hacía años, carecían de funciones específicas y no contaban con presupuesto asignado.

“Había delegaciones e incluso subdelegaciones sin tareas operativas”, señalaron. Aclararon, no obstante, que no habrá despidos y que los puntos focales sanitarios, encargados de tareas concretas como el monitoreo del dengue o la coordinación en emergencias, continuarán operativos en todo el país.

Reestructuración de institutos nacionales

Dentro de las medidas se oficializa también la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), con sede en Puerto Iguazú, Misiones. Sus funciones y personal —compuesto por 26 trabajadores, entre investigadores, técnicos y administrativos— serán absorbidos por institutos de referencia como el Maiztegui, el Fatala Chaben y el Malbrán, todos dependientes de la ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud).

Desde Salud argumentaron que la medida busca evitar superposición de funciones y líneas de investigación, especialmente en temas como fiebre amarilla, dengue, leishmaniasis y Chagas.

En contraste, se formaliza la reintegración del ex Instituto Nacional del Cáncer (INC) como Dirección Nacional bajo la órbita de la Secretaría de Gestión Sanitaria. “El cambio no afecta los programas ni el equipo profesional, solo simplifica el encuadre organizativo”, explicaron.

También será disuelto el Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado: sin sede, sin personal y sin presupuesto. Las funciones vinculadas a enfermedades no transmisibles seguirán a cargo de otras áreas activas dentro del Ministerio, como la Dirección Nacional de Enfermedades Crónicas y el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.

No habrá nuevos hospitales Samic

Finalmente, el paquete de decretos incluye la derogación de artículos de la Ley N° 17.102 que permitían la creación de hospitales nacionales coadministrados con provincias y municipios, conocidos como hospitales Samic. Si bien no se afectará el funcionamiento de los hospitales ya existentes —como el Garrahan, El Cruce o Cuenca Alta—, a partir de ahora no podrán crearse nuevos centros bajo ese esquema.

Desde la cartera sanitaria subrayaron que la medida apunta a racionalizar las competencias del Estado nacional en salud y dejar en manos de las jurisdicciones locales la gestión y financiamiento de nuevos hospitales.

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Manuel Adorni aseguró que “la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada” y confirmó el cierre de organismos clave del área vial.

En una decisión de alto impacto institucional, el Gobierno nacional anunció este lunes la disolución de Vialidad Nacional, junto a otros organismos vinculados al control vial y la seguridad en el transporte. El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de comunicar la medida en una conferencia de prensa brindada desde la Casa Rosada, a tan solo dos días del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas al Presidente para aplicar la Ley Bases.

“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, afirmó Adorni, quien contextualizó la decisión en referencia directa a la condena judicial que recae sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuestas irregularidades en la asignación de obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez.

Reestructuración institucional y nuevo ente de control

Como parte de la reestructuración, también serán disueltas la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En su reemplazo, el Gobierno creará la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que asumirá el rol de autoridad de aplicación en todas las normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales.

“La reorganización tiene como objetivo eliminar estructuras redundantes y corruptas que, lejos de proteger al ciudadano, fueron durante años cajas políticas”, sostuvo Adorni.

Licitación de 9.120 kilómetros de rutas

Junto con la disolución de los entes, Adorni anunció la apertura a licitación de 9.120 kilómetros de rutas en todo el país. Según el Gobierno, se trata de un paso clave para revertir el estado de deterioro en el que se encuentran muchas trazas nacionales, atribuido a “décadas de despilfarro y corrupción”.

“No hay más lugar para estructuras que sólo sirvieron para enriquecer a unos pocos. Comienza una nueva etapa donde la obra pública será sinónimo de eficiencia, transparencia y responsabilidad”, concluyó el vocero.

El trasfondo político

Durante la presentación, Adorni proyectó un video con recortes de notas periodísticas y detalles de la causa judicial que terminó con la condena a seis años de prisión de la exmandataria Cristina Kirchner, en relación con el direccionamiento de la obra pública en favor del grupo empresario de Báez en la provincia de Santa Cruz.

El anuncio se da en la antesala del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso Nacional al Ejecutivo, lo que obligó al Gobierno a acelerar decisiones clave en materia de reorganización estatal.

Con este nuevo esquema, la administración de Javier Milei apunta a reconfigurar por completo el sistema de obras viales, con participación privada, control centralizado y supresión de organismos que el oficialismo considera “fuente de corrupción estructural”.

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En 180 días deberá estar operativo el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que reemplazará al Enargas y al ENRE. La medida forma parte del plan oficial de reorganización del sector energético y simplificación del Estado.

A través del Decreto 452/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), un nuevo organismo que absorberá las funciones de los actuales Enargas y ENRE bajo una estructura única y autárquica, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

El nuevo ente tendrá un plazo de 180 días para su puesta en marcha completa. Durante ese período, Enargas y ENRE continuarán cumpliendo sus funciones habituales hasta que el ENRGE apruebe su propia estructura organizativa.

Transición con continuidad laboral

El decreto establece que el personal y los bienes de los entes anteriores serán transferidos al nuevo organismo, preservando las condiciones laborales vigentes hasta que se efectúe su reubicación definitiva.

El directorio del ENRGE estará integrado por un presidente, un vicepresidente y tres vocales, que serán designados por el Poder Ejecutivo tras un proceso de selección a cargo de la Secretaría de Energía. Los mandatos serán de cinco años y podrán renovarse, con cesación escalonada para garantizar la continuidad institucional.

Funciones y control parlamentario

Entre las atribuciones del nuevo ente se destacan la fiscalización de las normas vigentes, la elaboración del presupuesto y balance anual, la aplicación de sanciones y la administración de la tasa que financia su funcionamiento.

Además, las designaciones y remociones de los directores deberán ser notificadas a una comisión bicameral del Congreso, que contará con 30 días para emitir opinión. Si no lo hace en ese plazo, el Ejecutivo podrá avanzar con el nombramiento o la remoción.

Una medida enmarcada en la Ley de Bases

La constitución del ENRGE se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742, más conocida como Ley de Bases, que ordenó la fusión de los entes reguladores del gas y la electricidad en el marco de un plan de simplificación administrativa y adecuación a estándares internacionales, como los sugeridos por la OCDE.

El objetivo oficial es optimizar recursos, reducir costos operativos y modernizar el sistema regulatorio energético.

Cambios normativos complementarios

La creación del nuevo ente no fue la única medida. A través de otros dos decretos, el Gobierno avanzó con reformas clave para actualizar las reglas del juego en el sector energético:

• El Decreto 451/2025 aprobó una versión unificada del marco regulatorio del transporte y la distribución de gas natural, estableciendo funciones, obligaciones, criterios tarifarios y coordinación bajo el nuevo esquema del ENRGE.
• El Decreto 450/2025 introdujo modificaciones al régimen legal de la energía eléctrica, con el fin de promover la competencia, permitir que los usuarios elijan proveedor, atraer inversiones privadas y modernizar la infraestructura. También se redefinió el rol del Consejo Federal de Energía Eléctrica y se otorgó un plazo de dos años para adaptar toda la normativa al nuevo modelo de libre contratación.

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