El Paso Internacional de Agua Negra completó su primera semana de funcionamiento con un movimiento sostenido de turistas y transportistas que atravesaron la cordillera rumbo a Chile y Argentina. Según el Ministerio de Gobierno, más de 800 personas y casi 400 vehículos circularon por el corredor binacional, que opera con normalidad desde su reapertura.

A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, el Gobierno provincial informó los datos oficiales que reflejan un inicio favorable para la temporada alta de verano.

Movimiento de personas

Los registros acumulados durante la primera semana indican:

• Ingresos: 408 personas
• Egresos: 438 personas
• Total: 846 personas transitaron por Agua Negra desde su habilitación.

Estos números muestran un flujo equilibrado de viajeros, con un leve predominio de egresos hacia Chile.

Movimiento de vehículos

En cuanto al tránsito vehicular, el Ministerio detalló:

• Ingresos: 198 vehículos
• Egresos: 195 vehículos
• Total: 393 vehículos circularon por el paso en esta primera semana.

Trabajo coordinado en frontera

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron el desempeño articulado de los equipos operativos apostados en el complejo fronterizo, quienes garantizan un tránsito seguro y ordenado para todos los usuarios. También remarcaron la importancia de mantener información actualizada para acompañar el movimiento turístico y comercial entre ambas regiones.

El Paso Agua Negra continuará abierto durante la temporada estival, sujeto a las condiciones climáticas, especialmente en los días de mayor inestabilidad cordillerana.

Los sanjuaninos Carlos Jaime, Cristian Andino y Abel Chiconi prestaron juramento este miércoles en el Congreso de la Nación, en una ceremonia realizada una semana antes del inicio formal del nuevo período legislativo. Los tres asumirán sus funciones el próximo 10 de diciembre, fecha en la que se formalizará el recambio parlamentario.

Durante el acto, Jaime y Andino juraron “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, siguiendo la fórmula tradicional. Tras pronunciar el “Sí, juro”, ambos se abrazaron, marcando el inicio de una nueva etapa política. Por su parte, Abel Chiconi realizó su juramento “por Dios y la Patria”, empleando una fórmula distinta a la de sus pares.

Los representantes sanjuaninos comenzaron sus tareas antes de la ceremonia oficial. El 2 y 3 de diciembre participaron de reuniones de bloque y de la sesión preparatoria, espacios en los que se definen los lineamientos administrativos, el funcionamiento interno y las estrategias políticas para el período legislativo que comienza.

En esas instancias, cada bloque acordó posicionamientos internos, organización de comisiones y la estructura operativa, además de avanzar en la planificación de la agenda parlamentaria 2024–2025.

Cambios en la asignación de oficinas

Uno de los puntos que generó discusiones en los pasillos del Congreso fue la modificación del sistema de asignación de despachos, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Hasta este año, los legisladores que dejaban su banca solían transferir sus oficinas a quienes ingresaban desde el mismo espacio político. Ahora, con el nuevo sistema centralizado, será la administración interna la encargada de asignar los despachos, independientemente de la pertenencia partidaria.

Esta medida impacta en todos los bloques y busca un criterio más uniforme y administrativo, aunque también despertó cuestionamientos entre quienes consideraban útil mantener la continuidad logística entre representantes del mismo espacio.

Con el juramento realizado y a la espera de la sesión de asunción, los diputados sanjuaninos se preparan para integrarse al trabajo legislativo pleno a partir del 10 de diciembre, cuando también se renovarán autoridades y se pondrá en marcha un nuevo ciclo parlamentario.

La representación de San Juan en la Cámara baja ya está lista para iniciar sus tareas en un contexto político intenso y cargado de definiciones nacionales.

El debate por la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, volvió al centro de la escena política nacional. En un contexto de posibles reformas ambientales impulsadas por el Gobierno nacional, un grupo de gobernadores entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego está dando las últimas puntadas a un proyecto de ley que busca devolver a las provincias la autoridad sobre los glaciares y ambientes periglaciares.

Según adelantó el mandatario, la iniciativa será presentada en los próximos días en la Cámara de Diputados y en el Senado. Orrego confirmó que viajará para firmar el documento, que también contaría con el respaldo de otros gobernadores de provincias con actividad minera y, posiblemente, con la firma del presidente Javier Milei.

“El proyecto establece que las autoridades de aplicación de todo lo que tenga que ver con un glaciar y un preglaciar vuelvan a ser las provincias, porque así lo define la Constitución Nacional”, señaló Orrego en rueda de prensa. El gobernador remarcó que la propuesta busca restituir el federalismo en la toma de decisiones ambientales vinculadas a los recursos hídricos de alta montaña.

El impulso de este proyecto llega en un momento de redefiniciones dentro del Gobierno nacional. Desde que el presidente Milei anunció el acuerdo comercial con Estados Unidos, la reforma o derogación de la actual Ley de Glaciares se convirtió en uno de los puntos clave para “destrabar” inversiones estratégicas en minería, particularmente en regiones cordilleranas.

El presidente fue explícito al cuestionar la normativa vigente: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverles el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar”, sostuvo en recientes declaraciones públicas.

La Ley 26.639, sancionada en 2010, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y ambientes periglaciares. Su artículo 2 define estos últimos como zonas de alta montaña con suelos congelados que regulan el recurso hídrico, y en media y baja montaña como suelos saturados en hielo. El principal cuestionamiento radica en que la ley no detalla criterios científicos claros para identificar esos suelos, lo que genera tensiones entre Nación y provincias sobre la delimitación de áreas protegidas.

Con el nuevo proyecto, los gobernadores buscan establecer un marco jurídico más preciso y alineado con las constituciones provinciales, al tiempo que habilite mayor previsibilidad para inversiones productivas sin descuidar la preservación de los recursos hídricos.