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Diputados oficializó la sesión pedida por opositores para rechazar el veto a la ley jubilatoria

Los legisladores deberán reunir los dos tercios para poder insistir con la ley sancionada por el Congreso que otorga un 8% de aumento para compensar la inflación de enero y establece los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.

La Cámara de Diputados oficializó hoy la convocatoria a la sesión especial pedida por bloques dialoguistas, a fin de rechazar el veto a la ley de jubilaciones, aunque para ello debe reunir el voto de los dos tercios de los legisladores.

Esa mayoría agravada la tendrán que reunir para rechazar el veto presidencial e insistir con la ley sancionada por el Congreso que otorga un 8% de aumento para compensar la inflación de enero, y establece los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, comunicó hoy que se citó a la sesión del miércoles a las 11, solicitada por el radical Fernando Carbajal, y acompañada por una veintena de legisladores de la UCR, Encuentro Federal, y la Coalición Cívica.

Ahora, en una carrera contra reloj, el oficialismo junto a sus aliados del PRO y otros bloques provinciales, busca garantizar 86 legisladores para impedir que los opositores puedan conformar esa mayoría agravada para insistir con la ley aprobada por el Congreso.

El oficialismo tiene asegurados sus 36 legisladores-ya que no vota el presidente de la cámara Martín Menem- y 36 del PRO-todavía hay dudas sobre qué hará el larretista Álvaro González-3 del MID y dos de Buenos Aires Libre.

El PRO había aportado 30 votos en contra de la ley jubilatoria, ya que se ausentaron siete legisladores, entre los que figuran Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, que ahora dicen que estarán presentes para rechazar el veto, según informaron fuentes de esa bancada.

Ahora espera sumar a la tucumana Paula Amodeo, y dos diputados de Producción y Trabajo y tres de Independencia, con lo si logra sumar a estos legisladores tendría hasta ahora 83 legisladores para poder defender el veto presidencial.

Su mirada está puesta en los legisladores de Encuentro Federal, Francisco Morchio, el libertario correntino Federico Tournier, el entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio, y los radicales que responden a los gobernadores de Corrientes Gustavo Valdes y de Mendoza, Alfredo Cornejo, para alcanzar un número que permita bloquear los dos tercios.

Desde el radicalismo, señalan que “están trabajando” para que los 33 legisladores radicales se sienten y voten en contra del veto, y lo mismo sucede con Encuentro Federal que buscará tener sentados a sus 16 legisladores.

Tampoco descartan para garantizar tener sus 33 votos proponer una insistencia parcial y no insistir con los artículos más cuestionados por el Gobierno sobre el aumento adicional en marzo, y la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales y las sentencias firmes.

En cambio, el bloque de Unión por la Patria, también buscará que concurran los 99 legisladores y rechacen el veto presidencial que fue publicado hace una semana.

El pedido de sesión especial realizado el jueves pasado por los opositores es para evitar tener que emplazar a la comisión de Presupuesto, que es una de los dos organismos parlamentarios que deben tratar ese dictamen, ya que su presidente José Luis Espert (LLA) no la convocará para debatir ese veto presidencial.

El proyecto vetado contempla otorgar un 8,1% adicional para compensar la inflación de enero ya que el Gobierno había otorgado un 12,5% y el IPC de ese mes fue del 20,6% y ese es el punto que centralmente rechazaba el Gobierno Nacional con el argumento que afectará su política de déficit cero.

También establece, como el DNU del Gobierno, aumentar las jubilaciones de acuerdo al Índice de Inflación, pero fija que se dará un aumento adicional en marzo de cada año, pero hay diferencias entre los porcentajes otorgados y el promedio del 50% de los salarios de acuerdo al Ripte.

En ese sentido, fija que “adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicara el siguiente aumento: un cincuenta por ciento (50%) de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el ano calendario anterior.

Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado”.

También fija un mecanismo para pagar la deuda con las cajas previsionales donde fija que se deberán cancelar las deudas con las cajas previsionales de provincias con los recursos que se obtengan de impuestos que tienen asignación específica para la ANSeS, así como el pago de las sentencias firmes dentro de los seis meses de sancionada la ley, aunque en este caso habrá una prórroga de seis meses.

El Gobierno argumentó para rechazar la ley que, si se llega a aplicar, generará un gasto adicional de 6 billones de pesos para 2024 y de 15 millones billones para 2025, que “equivalen al 1,02% del PBI calculado para el año en curso, y 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.

En tanto, marcó que, de aplicarse la ley sancionada por el Gobierno, implicará un incremento del 18,5% del gasto de ANSeS para 2024 y de 29,2% para 2025.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar


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Politica

Fricción en el oficialismo: Bullrich criticó las declaraciones de Milei sobre la prensa

La senadora Patricia Bullrich cuestionó los dichos de Javier Milei contra el periodismo en la Fundación Faro y advirtió que “se cruzo un límite”.

La presidenta del bloque libertario en el Senado se refirió a los dichos del mandatario durante la cena de la Fundación Faro, donde habló de “quemar periodistas en la hoguera”. Aunque defendió el derecho a responder críticas, advirtió que “se responde con argumentos” y que es necesario cuidar las palabras.

En medio del debate público generado tras el último discurso del presidente Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro, la senadora y presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuestionó los duros cruces del mandatario contra la prensa y advirtió que con frases como la de “quemar periodistas en la hoguera” se ha cruzado un límite.

Durante una entrevista televisiva con LN+, la legisladora analizó el episodio y reconoció que, si bien la libertad de expresión protege tanto la labor crítica del periodismo como el derecho del Presidente a contestar los cuestionamientos, las formas institucionales y el respeto al escrutinio público deben resguardarse. “Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde. Pero es mi responsabilidad marcar que cuando una palabra cruza un límite, como esta frase de la hoguera, que es una expresión muy fuerte y muy dura, se debe señalar”, reflexionó.

En esa línea, Bullrich enfatizó que el poder político siempre está bajo la mirada de la sociedad y de los medios de comunicación, por lo que instó a moderar el tono del debate público: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera. Se responde con argumentos”.

Patricia Bullrich retiró el capítulo de tierras para evitar un revés legislativo en el Senado

El contraste y la polémica por el caso $LIBRA

Las declaraciones de la senadora se produjeron apenas un día después de que ella misma compartiera en su cuenta oficial de X una fotografía en la que se la ve abrazada a Javier Milei durante el evento realizado en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, acompañada por el mensaje: “Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”.

El respaldo inicial contrastó con sus posteriores matices frente a los dichos del jefe de Estado, quien durante su exposición arremetió con dureza contra los periodistas que investigaron la causa vinculada al caso $LIBRA, utilizando expresiones descalificativas y afirmando que los responsables de difundir lo que calificó como información falsa “se tienen que quemar en la hoguera”.

Las declaraciones presidenciales provocaron un inmediato rechazo a nivel nacional. Entidades de peso institucional como la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitieron duros comunicados de repudio, a los que se sumaron referentes legislativos del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y sectores del Pro.

Agenda legislativa, economía y su postura sobre Brasil

Durante la misma entrevista, Bullrich abordó otros temas de coyuntura política y económica de cara al tramo final del año y al escenario electoral del próximo período. Al ser consultada sobre posibles acuerdos políticos de cara a las presidenciales del año entrante, aclaró que es una definición “que no está decidido en este momento”.

Asimismo, puso el foco en la necesidad de ajustar el rumbo macroeconómico para que el impacto positivo llegue de forma directa a la vida cotidiana de las familias: “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños [logros] para las familias; se necesitan ciertos correctivos”.

Finalmente, la senadora se refirió al plano internacional y a su reciente respaldo al candidato brasileño Flavio Bolsonaro de cara al balotaje frente a Lula da Silva. Tras explicar que el pedido de apoyo llegó a través de su equipo de comunicación lo que motivó un mensaje grabado en portugués difundido el pasado jueves, aclaró la postura diplomática adoptada: “Es una elección donde nosotros apoyamos, pero respetamos a los brasileros”.

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El gobierno nacional habilita retiros voluntarios para 20 mil empleados en noviembre

El gobierno habilitó un retiro voluntario para 20 mil empleados estatales, con pagos de hasta 20 sueldos y prohibición de reingreso al sector público por 8 años.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reorganización del empleo público al oficializar un régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la administración central. La medida, establecida mediante el Decreto 1203/2026, habilita a los empleados en condiciones de adherirse entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extender el plazo por única vez durante 30 días adicionales. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, alrededor de 20 mil agentes cumplen los requisitos para incorporarse al programa.

El esquema contempla compensaciones económicas diferenciadas según la edad, los aportes previsionales y la antigüedad de cada trabajador, con topes que alcanzan hasta 20 remuneraciones. Además, incorpora una cláusula de restricción que impide el reingreso al Sector Público Nacional durante ocho años, con el objetivo de evitar reincorporaciones posteriores y consolidar la reducción de la planta permanente.

El régimen está dirigido exclusivamente a personal de la administración central comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos los organismos descentralizados como ANSES y sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el Servicio Exterior y áreas de inteligencia del Estado.

La normativa establece tres grupos de beneficios. El primero incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que aún no reúnen aportes suficientes para jubilarse, quienes podrán optar por una gratificación única o por el cobro del 60% del salario bruto durante hasta 36 meses. El segundo grupo abarca a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 con 30 años de aportes, que recibirán un salario por cada año de antigüedad más cinco remuneraciones adicionales. El tercer grupo contempla a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, con compensaciones que combinan antigüedad y adicionales según los años de servicio acumulados.

Milei confirmó que no se renovarán 70 mil contratos de empleados públicos

Para adherirse, los empleados deberán cumplir condiciones específicas: no tener procesos penales ni sumarios graves pendientes, desistir de reclamos laborales contra el Estado, no encontrarse en disponibilidad ni haber presentado renuncia en trámite, y no estar transitando licencias prolongadas por afecciones de largo tratamiento. La aceptación del retiro implica la baja definitiva del cargo presupuestario.

Las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para evaluar cada solicitud. Si la desvinculación afecta la prestación de servicios esenciales, podrán rechazarla. En caso de no emitir una resolución expresa, el pedido se considerará denegado.

Con este nuevo régimen, el Gobierno busca avanzar en la reducción del gasto salarial y en la reorganización de la estructura estatal, en un contexto donde otros organismos como ANSES ya implementaron programas propios de retiros voluntarios con condiciones particulares y restricciones de reingreso.

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Tensión en la Cumbre Federal: Kicillof criticó la política de infraestructura de Milei

En un panel compartido con otros gobernadores, Kicillof criticó la política de infraestructura del Gobierno nacional, habló del rol de Argentina en la economía global y respondió a declaraciones de Diego Santilli.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei durante la Cumbre Federal de Logística, donde cuestionó la paralización de la obra pública nacional y advirtió sobre sus efectos en las provincias. En su intervención, sostuvo que el freno de los proyectos financiados por el Estado nacional está generando consecuencias directas en todo el país y llamó a construir una estrategia de desarrollo que contemple las necesidades de cada jurisdicción.

Kicillof planteó que la interrupción de los trabajos de infraestructura afecta tanto a la producción como a la integración territorial, y remarcó que la Argentina necesita una planificación que articule prioridades y permita avanzar hacia un modelo más equilibrado. En ese sentido, afirmó que la falta de inversión nacional golpea por igual a las provincias y dificulta la posibilidad de sostener proyectos estratégicos.

El mandatario también se refirió al lugar que debería ocupar el país en la economía global, señalando que la discusión sobre el desarrollo no puede quedar supeditada a intereses externos. Para Kicillof, la definición de una estrategia nacional es clave para evitar que la Argentina quede relegada en un contexto internacional marcado por disputas geopolíticas y competencia por recursos estratégicos.

El Gobernador Kicillof apoyó revisar la ley que limita los mandatos municipales

La exposición se dio en un panel compartido con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en un encuentro que reunió a mandatarios provinciales para debatir sobre logística, infraestructura y desarrollo federal. El evento se produjo en medio de negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias, con acuerdos legislativos y electorales en discusión de cara a 2027.

Las declaraciones de Kicillof llegaron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre el impacto que, según su visión, podría tener un eventual regreso del kirchnerismo al poder con el gobernador bonaerense como figura central. El funcionario había mencionado posibles efectos para provincias como Córdoba en relación con las retenciones al sector agropecuario, en un contexto de tensiones políticas y disputas por la agenda económica.

En este escenario, el planteo de Kicillof se inscribe en un debate más amplio sobre el federalismo, la distribución de recursos y el rol de las provincias en la planificación nacional. Su mensaje apuntó a recuperar una mirada integral del país y a advertir que la falta de obra pública no solo frena proyectos, sino que también debilita la capacidad de las provincias para sostener su crecimiento y su infraestructura básica.

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