Tras tres meses de trabajo, la Comisión Investigadora $Libra de la Cámara de Diputados presentó este martes su informe final, un documento de más de 200 páginas en el que concluye que el presidente Javier Milei habría tenido una “colaboración imprescindible” para la concreción de la maniobra que derivó en pérdidas para 114.410 billeteras virtuales.
El informe recomienda que el Congreso evalúe la posibilidad de iniciar un juicio político para determinar si existió “mal desempeño” por parte del Presidente, aunque los propios legisladores admiten que la nueva composición del Parlamento hace muy difícil que el planteo avance.
La comisión cuestionó además la falta de cooperación tanto del Poder Ejecutivo como de la Justicia para avanzar en la investigación, denunciando ausencias reiteradas de funcionarios clave y la falta de cumplimiento de citaciones formales.
El documento señala que Milei publicó en su cuenta oficial de X un número de contrato del token $Libra que no era de acceso público, algo que según los legisladores refuerza la hipótesis de un vínculo previo con los creadores de la criptomoneda.
Uno de los miembros de la comisión, Oscar Agost Carreño, sostuvo que “$Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”, mientras que la legisladora Julia Strada afirmó que “sin el tuit del Presidente, no había estafa”. En la misma línea, Juan Marino advirtió que “se hizo uso y abuso de la investidura presidencial por parte del mandatario”.
La postura del oficialismo fue completamente opuesta. El diputado libertario Nicolás Mayoraz calificó la investigación como “un circo montado” y criticó a la oposición por “animosidad manifiesta” desde el inicio de las sesiones.
Falta de colaboración y posibles denuncias
La comisión advirtió una falta total de cooperación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para garantizar la presencia de testigos citados. Por ese motivo, adelantaron que denunciarán por mal desempeño al juez Marcelo Martínez de Giorgi ante el Consejo de la Magistratura, y al fiscal Eduardo Taiano ante la Procuración General.
De igual modo, se impulsarán denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik, el jefe de la Unidad de Información Financiera Paul Starc, la responsable de la Unidad de Investigación creada para este caso Florencia Zicavo, y el presidente de la CNV Roberto Silva, todos ellos ausentes cuando fueron convocados.
El documento final expone una serie de conclusiones que, según la comisión, sustentan la responsabilidad política del Presidente:
- No fue un hecho aislado: en diciembre de 2024 se registró una maniobra similar con la criptomoneda vinculada a KIP Protocol, también promocionada por Milei.
- Existieron vínculos económicos directos entre los principales desarrolladores del token, con movimientos de fondos coincidentes a los investigados: u$s 300.000 previo a KIP y u$s 250.000 previo a $Libra.
- El tuit oficial del Presidente fue determinante para el volumen de compras que registró la criptomoneda.
- No hay explicación oficial sobre cómo obtuvo Milei el número de contrato del token.
- 16 reuniones con los involucrados, pero solo cuatro registradas formalmente.
- Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados por la Secretaría General que conduce Karina Milei, quien según el informe “facilitó el acceso y las instalaciones oficiales”.
- Falta de transparencia en la auto-investigación del Ejecutivo, con secretismo en OA y UIF.
- Posible violación de la Ley de Ética Pública, al promover un negocio privado desde la investidura presidencial.
- Ausencia de cooperación institucional por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Un cierre con tensión política
Pese a la gravedad de las conclusiones, los legisladores admiten que la recomendación de juicio político difícilmente prospere con la nueva configuración política del Congreso, aunque aclaran que “las conclusiones no pueden depender de especulaciones partidarias”.
Con la presentación del informe, la comisión considera finalizada su tarea y deja ahora en manos del Congreso, el Poder Judicial y los organismos de control la responsabilidad de avanzar o no en un capítulo político y jurídico que promete tener impacto nacional.