La sanción corresponde al segundo semestre de 2025 y es casi el triple de lo que pagó en la primera mitad del año. La multa se debe a la excesiva cantidad de interrupciones, la duración de las mismas y la mala calidad de la tensión. El monto deberá devolverse a los usuarios a través de las facturas.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) subió el tono y la rigurosidad contra Naturgy. Este viernes, el organismo oficializó una multa histórica de $2.218,52 millones para la distribuidora de energía, tras confirmar que el servicio prestado durante la segunda mitad de 2025 estuvo muy por debajo de los estándares exigidos por contrato.

La cifra no solo es abultada, sino que refleja un deterioro alarmante: en comparación con el primer semestre de 2025 (donde la multa fue de $825 millones), la sanción se disparó más de un 160%.

El informe técnico del EPRE fue lapidario y detectó tres fallas graves que afectaron el día a día de los sanjuaninos:

1. Frecuencia de cortes: Se superó ampliamente la cantidad de interrupciones permitidas por contrato.
2. Duración de los cortes: Los tiempos de espera para que vuelva la luz fueron excesivos, dejando a barrios enteros a oscuras por periodos fuera de la norma.
3. Niveles de tensión: Se registraron irregularidades tanto en suministros monofásicos como trifásicos (bajas y subas de tensión), lo que pone en riesgo los artefactos eléctricos de los hogares y comercios.

¿A dónde va ese dinero?

Esta es la parte más importante para el vecino de Jáchal. Según establece la normativa vigente, Naturgy no le paga esta multa al Estado, sino que debe transferir íntegramente el monto a los usuarios. Esto se realiza de dos maneras:

• Bonificaciones: Descuentos directos que aparecerán en las próximas facturas de los clientes afectados por las deficiencias del servicio.
• Fondo de Contención Tarifaria: Recursos que se utilizan para obras de infraestructura pública, como la renovación del alumbrado público, para evitar que las tarifas sigan subiendo.

La comparación que preocupa

La evolución de las multas muestra que la empresa no ha logrado revertir la situación a pesar de los constantes reclamos:

• 1° Semestre 2025: $825 millones.
• 2° Semestre 2025: $2.218 millones. (En 2024, el total anual había sido de aproximadamente $2.700 millones, cifra que el 2025 ya superó ampliamente).

El debate oral debía comenzar este lunes, pero la defensa presentó un pedido de conciliación de último momento. Castro, acusado de usar maquinaria municipal en un loteo privado en 2019, propone una “reparación integral” destinada a una entidad de beneficencia para que se desestime la denuncia.

El inicio del juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, quedó en suspenso. Esta mañana, la Cámara Penal notificó la postergación del debate oral que debía arrancar hoy, luego de que el abogado defensor, Marcelo Castro, presentara una propuesta de reparación integral para dar por terminada la causa por presunta malversación de fondos públicos.

La estrategia de la defensa consiste en un pedido de conciliación que incluye el pago de $5.000.000. Según el planteo, este dinero no iría a las arcas municipales, sino a una entidad de beneficencia de Angaco, buscando reparar el daño que se le imputa al jefe comunal.

Ahora, el juez de la causa tiene un plazo de entre 48 y 72 horas para contestar la vista, y luego el tribunal deberá evaluar si acepta o no este acuerdo. Si el tribunal hace lugar a la reparación integral, la causa se cerrará definitivamente; de lo contrario, se fijará una nueva fecha para el juicio oral.

El origen del escándalo

La causa judicial se remonta al año 2019, cuando concejales de Angaco denunciaron una maniobra irregular. Según la acusación:

• Se detectó una retropala municipal trabajando dentro de un loteo privado en el departamento de Chimbas.
• Junto a la maquinaria, se identificó a tres empleados municipales realizando tareas en dicho predio.
• Los ediles consideraron que se estaban utilizando bienes y recursos del Estado para beneficios particulares, lo que dio inicio a la investigación por malversación.

Aunque no hay plazos legales estrictos, fuentes judiciales estiman que la resolución final se conocerá durante los primeros días de marzo. Por ahora, la actividad en la Cámara Penal está centrada en analizar si el monto ofrecido y el destino del dinero son suficientes para compensar el presunto uso indebido de los recursos del pueblo angaquero.

Para los vecinos de departamentos vecinos como el nuestro, este caso se sigue con atención, ya que pone en juego la transparencia en el manejo de las herramientas y el personal que pertenecen a todos los ciudadanos.

El 66,6% de los legisladores de nuestra provincia apoyaron el proyecto en la madrugada de este viernes. Mientras el oficialismo y sus aliados sanjuaninos votaron a favor, el bloque del Justicialismo se mantuvo en el rechazo total.

Tras una sesión maratónica que mantuvo en vilo al país, la Reforma Laboral obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados con 135 votos a favor. En ese esquema, la representación de San Juan jugó un papel fundamental para que el Gobierno nacional lograra el número necesario.

De los seis diputados que representan a los sanjuaninos en la Cámara Baja, cuatro votaron a favor y dos en contra, mostrando una clara tendencia de apoyo al cambio en la legislación laboral vigente.

El bloque del “Sí” (4 votos)

Como era de esperarse, el núcleo duro de apoyo estuvo conformado por los legisladores oficialistas y los que responden al gobernador Marcelo Orrego:

• José Peluc (La Libertad Avanza): El referente libertario local mantuvo su postura alineada con la Casa Rosada desde el inicio del debate.
• Abel Chiconi (La Libertad Avanza): Compañero de bloque de Peluc, ratificó el rumbo propuesto por el presidente Milei.
• Nancy Picón (Producción y Trabajo): La diputada orreguista ya había dado señales claras al firmar el dictamen de mayoría hace unos días.
• Carlos Jaime (Producción y Trabajo): Siguiendo la línea del mandato provincial, Jaime aportó el cuarto voto positivo para la reforma.

El bloque del “No” (2 votos)

En la vereda opuesta, manteniendo el rechazo orgánico de su interbloque, se posicionaron los legisladores del Justicialismo sanjuanino:

• Cristian Andino (Unión por la Patria): El ex intendente de San Martín votó negativamente, argumentando la defensa de los derechos adquiridos.
• Jorge “Koki” Chica (Unión por la Patria): El ex secretario de Deportes también se sumó al bloque de los 115 diputados que intentaron frenar la ley.

Ahora, con las modificaciones introducidas a última hora, el proyecto retorna al Senado, donde se definirá si San Juan y el país comienzan marzo con un nuevo marco legal para trabajadores y empleadores.