A través del Decreto 53/2026, el Gobierno nacional incluyó la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias. Se suma a la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto busca igualar la legislación argentina con países como Uruguay y Brasil.

El calendario legislativo de febrero sumó un tema de alto impacto social. El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias, habilitando al Congreso para discutir la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años y el oficialismo pretende llevar a los 13 años.

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, coloca al nuevo Régimen Penal Juvenil como el quinto eje de una agenda que ya incluía temas cruciales para San Juan, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

¿Cómo será la hoja de ruta en el Congreso?

A pesar de la urgencia que el Gobierno le imprime al tema, fuentes oficiales confirmaron que habrá un orden de prioridades para no entorpecer los acuerdos políticos:

1. Primero, lo urgente: El tratamiento comenzará con la Reforma Laboral en el Senado y el acuerdo Mercosur-UE en Diputados.
2. Segundo paso: Una vez que esos proyectos avancen, se habilitará el debate de la Ley Penal Juvenil, que ingresaría inicialmente por la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación argentina quedó desactualizada respecto a la región. Mencionan los casos de Brasil y Uruguay, donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente. El proyecto se basaría en un dictamen de comisión del año pasado, pero con ajustes para buscar el consenso de otros bloques que tienen propuestas similares.

Con esta incorporación, el periodo que va del 2 al 27 de febrero será determinante. El interés es doble, por un lado, el impacto de la seguridad y el régimen penal; y por otro, la expectativa por la Ley de Glaciares, que podría definir el futuro de grandes inversiones mineras en Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia “más moderno y justo”, mientras la oposición ya prepara sus argumentos para un debate que promete ser uno de los más intensos del año.

La titular del bloque oficialista evalúa modificar puntos clave del proyecto ante el reclamo de las provincias por la caída de la coparticipación. En la misma mesa, los mandatarios de provincias mineras como San Juan presionan por cambios en la Ley de Glaciares para ampliar las zonas de explotación.

El tablero político nacional se mueve intensamente de cara a las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich lidera las conversaciones para reformar el proyecto de ley laboral original, buscando un equilibrio que permita obtener la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El principal escollo hoy es el impacto fiscal. Los gobernadores advirtieron que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, contemplada en la reforma, afectaría directamente las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable. La propuesta de los mandatarios es que la reducción sea escalonada, permitiendo que el repunte del consumo compense gradualmente la caída de ingresos.

El factor minero: Glaciares en la negociación

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca asegurar los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras han puesto sobre la mesa una condición estratégica: la modificación de la Ley de Glaciares.

Este pedido, central para el desarrollo de proyectos en San Juan, busca redefinir la normativa actual para permitir explotaciones en zonas periglaciares, lo que desbloquearía inversiones millonarias que hoy están frenadas por la interpretación ambiental de la ley vigente.

La estrategia de Bullrich de “ceder para avanzar” no cuenta con el apoyo total del equipo económico. Mientras ella, Santilli y Martín Menem están dispuestos a retocar el proyecto para asegurar los votos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, insisten en mantener los plazos originales de reducción impositiva.

“Hay gobernadores que están 100% a favor y otros que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para sus provincias”, resumen desde la Casa Rosada sobre la complejidad de unificar el reclamo.

Esta semana será clave para definir si se reabren las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para un nuevo dictamen o si los cambios se introducen directamente en el recinto durante el tratamiento en febrero.

A través de un fuerte comunicado, la Casa Rosada justificó los cambios como una “reforma de segunda generación”. Mientras el Ejecutivo defiende el achicamiento de estructuras, la oposición denuncia la creación de una “policía secreta” y presiona en el Congreso para controlar el DNU.

REDACCIÓN JÁCHAL MAGAZINE – El sistema de inteligencia argentino atraviesa una transformación radical. Tras la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, el Gobierno nacional detalló las nuevas funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), argumentando que el objetivo es terminar con décadas de “opacidad y uso político”.

Los ejes de la reforma

Según el comunicado oficial, la reforma busca adecuar el sistema a las “amenazas del siglo XXI” mediante varios puntos clave:

• Foco en Contrainteligencia: La Agencia de Seguridad Nacional se limitará exclusivamente a proteger al Estado de espionaje o injerencia externa.
• Recorte de funciones: La SIDE dejará de ocuparse de la seguridad interna (que queda bajo el Ministerio de Seguridad) y de la infraestructura crítica (que pasa a Innovación, Ciencia y Tecnología).
• Eficiencia militar: Se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con el Estado Mayor Conjunto.
• Carácter encubierto: Todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter reservado para reducir el “riesgo estratégico”.

La medida no tardó en despertar fuertes críticas en el arco opositor. Sectores del kirchnerismo y bloques aliados como Encuentro Federal y la Coalición Cívica advirtieron que el DNU otorga facultades excesivas y reduce el control parlamentario.

Referentes de la oposición, como Leopoldo Moreau y Agustín Rossi, denunciaron que la reforma podría dar lugar a una “fuerza parapolicial” al permitir detenciones en flagrancia y el uso de personal militar para tareas de inteligencia civil.

Ante este escenario, se ha iniciado una fuerte presión sobre Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para conformar de manera urgente las comisiones bicamerales:

1. De Trámite Legislativo: Para validar o rechazar el DNU.
2. De Inteligencia: Para ejercer el control sobre las actividades de los espías.

Plazos legales

El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. Una vez allí, la comisión tiene otros 10 días para dictaminar. Si no hay acuerdo en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratar el DNU en el recinto, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sostener la reforma de la nueva SIDE.