En una nueva etapa del plan de reducción del gasto público y modernización del Estado, el Gobierno de Javier Milei oficializó la apertura de un Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) destinado a los empleados de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).

La medida, plasmada en la Resolución 68/2026 del Boletín Oficial, busca incentivar la desvinculación de trabajadores mediante acuerdos de partes, sumándose a una estrategia que ya comenzó a aplicarse en otros organismos nacionales con presencia en la provincia, como Vialidad Nacional.

El programa se basa en la figura de la “voluntad concurrente”, donde el empleado y el organismo acuerdan el cese de la relación laboral.

El plan no es de adhesión automática; el trabajador debe solicitarlo y el organismo tiene la potestad de aceptarlo o rechazarlo según la necesidad del servicio. Los puntos clave de la oferta son:

• Antigüedad mínima: Los empleados deben tener al menos dos años en el organismo.
• La “Gratificación”: El pago por el egreso será equivalente al 90% del salario por cada año de antigüedad (o fracción mayor a tres meses).
• Topes: La indemnización tendrá un límite de 24 sueldos brutos y un pago máximo de 80 millones de pesos. Si el monto supera ese techo, se pagará en dos cuotas.
• Plazo: El tiempo para adherirse vence el próximo 5 de abril de 2026.

Existen exclusiones estrictas: no podrán acceder personas mayores de 62 años, quienes tengan causas penales o disciplinarias, ni aquellos que ya hayan iniciado sus trámites jubilatorios.

El efecto en San Juan: De Vialidad a ANSES

La preocupación en San Juan no es nueva. Días atrás, trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad en la provincia ya habían comenzado a recibir ofertas similares. El temor de los gremios y de la comunidad en general es que estos retiros, sumados a la falta de nuevas contrataciones, terminen por vaciar las oficinas operativas en el interior del país.

Desde el Gobierno nacional sostienen que esta política busca eficientizar el Estado y reducir el déficit fiscal. Para la gestión libertaria, la sobredimensión de la planta estatal es una de las causas del estancamiento económico, por lo que el esquema de retiros voluntarios se presenta como la vía “no conflictiva” para lograr el achique que el presidente Milei prometió desde su campaña.

La salud de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad atraviesa su momento más crítico. Tras la reciente decisión del Gobierno Nacional de disolver la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), el proceso de transición ha dejado a sus 550.000 afiliados en un estado de vulnerabilidad extrema.

Con un déficit que escala a los $300.000 millones, la falta de pago a prestadores ha provocado cortes masivos de servicios en provincias enteras, afectando gravemente a localidades del interior como Jáchal.

La medida oficial busca dividir la megaestructura en dos nuevas entidades: OSFA (para militares) y OSFFESEG (para Gendarmería y Prefectura). Sin embargo, mientras se designan nuevos administradores, los afiliados denuncian que las prestaciones han caído en picada. En provincias como Formosa y en ciudades como Mar del Plata, los servicios en clínicas privadas se han suspendido totalmente, y los medicamentos de alto costo o tratamientos oncológicos sufren demoras que ponen en riesgo la vida de los pacientes.

¿Quién paga la deuda? La polémica por las partidas militares

El gran interrogante que sobrevuela la liquidación de la “IOSFA residual” es cómo se afrontarán las facturas impagas con médicos, sanatorios y laboratorios. Ante la negativa del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, de girar aportes del Tesoro para cubrir el rojo financiero, ha surgido una versión que genera malestar en los cuarteles, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, habría dispuesto utilizar partidas del propio presupuesto de las Fuerzas Armadas para pagar las deudas de la obra social.

Esto implicaría un nuevo ajuste en áreas operativas y de funcionamiento de las fuerzas para tapar el agujero dejado por la gestión administrativa. “El dinero lo van a sacar de las fuerzas; van a hacer más ajuste para ello”, aseguran fuentes gremiales, mientras los prestadores advierten que la situación es desesperante. Hay centros médicos a los que se les deben más de $350 millones, obligándolos a pedir créditos bancarios para pagar sueldos de sus empleados.

Si bien en los hospitales militares de Buenos Aires la atención se mantiene con esfuerzo, en el interior del país la mayoría de los médicos particulares y farmacias han cortado el crédito a la obra social por falta de pago.

Muchos afiliados locales se ven obligados a pagar de su bolsillo consultas y estudios, con la esperanza de un reintegro que, según las asociaciones de suboficiales, hoy está prácticamente paralizado. “La disolución ha sumergido a los afiliados en un limbo sanitario inaceptable”, reclaman desde las entidades que agrupan a los trabajadores de seguridad.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de febrero, el cual registró una variación del 2,9%.

La cifra no solo igualó el dato de enero, sino que confirmó una tendencia preocupante para el equipo económico nacional: la desinflación se ha estancado. Con este registro, Argentina acumula nueve meses consecutivos en los que el indicador no logra perforar el piso anterior, sosteniéndose en los niveles más altos desde marzo de 2025.

En lo que va de 2026, la inflación acumulada ya alcanza el 5,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en un 33,1%. Estos números reflejan una “meseta incómoda” para el Gobierno, que ve cómo la promesa de alcanzar niveles cercanos al 0% mensual hacia agosto parece alejarse en el horizonte.

El análisis por rubros muestra un comportamiento dispar, pero con un claro denominador común: el impacto de los precios regulados. La división que lideró los aumentos fue Vivienda, agua, electricidad y gas, con un salto del 6,8%. Este incremento se explica casi exclusivamente por el nuevo esquema de quita de subsidios y la actualización de tarifas de servicios públicos que impactó de lleno en el segundo mes del año.

Por su parte, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas el que más afecta a los sectores de menores ingresos subió un 3,3%. Aquí, el factor determinante fue el precio de la carne, que registró alzas cercanas al 6,5% en la mayoría de las regiones del país, sumado a incrementos estacionales en verduras y derivados. Otros sectores que empujaron el índice general fueron Restaurantes y hoteles (3%), impulsados por el cierre de la temporada alta de verano.

En la vereda opuesta, el rubro de Prendas de vestir y calzado fue el único que trajo un respiro, mostrando una variación nula e incluso una ligera deflación del 0,5% en algunos segmentos, producto de las liquidaciones de temporada.

Inflación Núcleo y la polémica por la “Nueva Fórmula”

Un dato que encendió las alarmas entre los analistas es la inflación núcleo (aquella que descarta los precios regulados y estacionales), la cual dio un 3,1%, acelerándose respecto al 2,6% de enero. Esto indica que, más allá de las tarifas, la inercia de precios en la economía real sigue siendo muy fuerte.

Además, el informe de febrero es el segundo tras la salida de Marco Lavagna del INDEC. En los pasillos del organismo se sigue debatiendo la actualización de la metodología de medición, que tiene 20 años de atraso. Según consultoras privadas como EcoGo y Romano Group, si se hubiese aplicado la nueva fórmula que el Gobierno postergó, la inflación de febrero habría sido incluso más alta (entorno al 3,1%), debido a que el nuevo sistema otorga un peso mayor al gasto en servicios y tarifas.

Lo que viene: un marzo “caliente”

Las perspectivas para el mes en curso no son alentadoras. Históricamente, marzo es un mes de alta inflación por el inicio del ciclo lectivo y el cambio de temporada. Los analistas ya adelantan que el IPC de marzo podría ubicarse por encima del 3%, impulsado por:

• Educación: Ajustes en cuotas de colegios y canasta escolar.
• Combustibles: El aumento del petróleo a nivel internacional por el conflicto en Medio Oriente.
• Tarifas: Continuidad en la adecuación de precios relativos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el dato argumentando que la economía se encuentra en un proceso de “corrección de precios relativos” necesario para el crecimiento sostenido, aunque reconoció que la desaceleración está siendo más lenta de lo previsto originalmente.