Alberto Fernández habló luego de ser imputado: "no soy un corrupto y culto a la honestidad" - Jáchal Magazine
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Alberto Fernández habló luego de ser imputado: “no soy un corrupto y culto a la honestidad”

El ex presidente se mostró de acuerdo con que se investiguen las acusaciones en su contra y negó haber participado en ningún negociado. “Si algún momento algún funcionario ha hecho algo que no debía que se haga cargo”, sostuvo.

El expresidente Alberto Fernández habló luego de ser imputado por la justicia por irregularidades en la contratación de seguros del estado durante su mandato. “No he robado nada, ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado y esto no es un negociado y están afectando a gente de bien, simplemente porque alguien dijo que esto era una caja de la política”, dijo.

La causa iniciada por el fiscal federal Ramiro González, es a raíz de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez. Según el expediente, la imputación también alcanza al extitular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y al empresario Héctor Martínez Sosa. El caso recayó en el juzgado 11, a cargo momentáneamente del juez federal Julián Ercolini.

“En la Argentina y en todo el mundo, cuando uno saca un crédito van a ver que encuentran un cargo como gasto administrativo que se llama ‘seguro de vida’, siempre los bancos y todos los que otorgan un crédito sacan un seguro de vida por las dudas de que el que tomó el crédito se muera y lo deje impago. Ese riesgo lo toma una aseguradora y se garantiza de cobrar siempre, aún en caso de que el deudor se muera”, explicó el expresidente.

En este sentido, el ex jefe de Estado indicó que ANSES da créditos a jubilados y a la gente que fue beneficiada con la Asignación Universal por Hijo desde el año 2012, siempre a través de Nación Seguros, pero que luego hicieron una presentación debido a que perdieron mucho dinero. “Lo que pasó en Anses es que dijo que no se asegura más (con Nación) y comenzó a autoasegurarse”, dijo.

“En el año 2021 saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo (en ese decreto) que en ‘esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación Seguros’ y esto se hace en forma directa, sin intermediarios. De este modo terminé con el negocio que pudieran hacer algunos”, explicó Alberto Fernández.

Luego aseveró: “La nota dice que yo saqué ese decreto para impulsar una maniobra fraudulenta, pero fue para terminar con los seguros en el Estado. Beneficia a todos los que tienen seguros. No es el único broker que trabaja con Nación Seguros, hay muchos otros”.

Fernández explicó que el hecho de haber pagado comisiones a tasas más altas que las del mercado tiene que ver con que en el contexto de la pandemia el riesgo era mucho mayor.

La denuncia pone la lupa en supuestos pagos de comisiones a intermediarios por la contratación de primas durante la pandemia de coronavirus a la empresa Nación Seguros. En total se habrían desembolsado 20 mil millones de pesos anuales por las primas y comisiones del 17% por un total de 300 millones de pesos.

De esos 20 mil millones, Fernández precisó en diálogo con Radio la Red que Nación Seguros recibió solamente el 25% ya que compartió la cobertura de seguros con otras empresas de primer nivel en el rubro, que se quedaron con el resto de las primas.

La publicación de Clarín fue “una operación”


Sobre la publicación del periodista Ricardo Roa en el diario Clarín en la cual se expusieron los hechos que luego se tradujeron en la denuncia formal y la imputación, Fernández afirmó que se trata de “una operación” aunque evitó identificar el origen de la presunta acción de prensa.

“La nota dicen a Osvaldo Giordano (ex titular de Anses) lo echaron no porque su mujer votó en contra (de la ley ómnibus) sino porque desarmó una caja de la política, y ahí mete el tema de estos seguros. No tiene nada que ver con una caja de la política esto”, aclaró.

Sobre Giordano, quien fue eyectado de su cargo luego de que su mujer, la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal Alejandra Torres, votara en contra de algunos incisos de la fallida Ley de Bases del Gobierno, dijo que cometió “un error” al dar su versión de los hechos.

“No he robado nada, ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado y esto no es un negociado y están afectando a gente de bien, simplemente porque alguien dijo que esto era una caja de la política”, protestó.

“El error de Giordano es que no tuvo en cuenta que cuando se autoaseguró el Anses se perdieron miles de millones de pesos y la auditoría de Anses dijo que no podía autoasegurarse y por eso Anses volvió a asegurarse”, explicó Fernández.

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández fue consultado sobre su posibilidad de salir del país con esta denuncia encima. A lo que el expresidente aclaró que esa prohibición no se ajusta a su situación.

“Que el fiscal pida que investigue me parece razonable, si alguien hace una denuncia es razonable. En términos periodísticos que alguien diga ‘imputación’ suena a ‘acusación’, pero en términos técnicos es ‘investiguemos esto'”, expresó el expresidente. “Lo que no me parece razonable es la nota que dio origen a la denuncia porque la verdad, se omiten un montón de cosas que ocurrieron y la historia es muy larga”, insistió.

En este sentido, el ex presidente pidió que “se investigue porque si se investiga se van a dar cuenta de las mentiras que publica Clarín”.

“Tengo muchas ganas de aclarar este tema porque yo no soy un corrupto y he hecho de mi vida un culto a la honestidad. No me gusta que hagan estas cosas”, resaltó.

“Si algún momento algún funcionario ha hecho algo que no debía que se haga cargo. En el caso de la ANSES, me parece todo un disparate”, agregó.

Qué dijo Alberto Fernández de Milei y Cristina Kirchner


En otro pasaje de la entrevista, el ex mandatario aseguró que en los últimos días habló con el presidente Javier Milei, aunque aclaró que existen diferencias entre ellos. “Milei sabe muy bien lo que pienso”, sostuvo.

Por otro lado, fue consultado sobre su relación con Cristina Fernández de Kirchner: “Desde el 10 de diciembre no volví a hablar”, reconoció. Aquel día domingo se produjo la asunción de Milei como presidente, lo que según Fernández fue el último contacto con su ex compañera de fórmula.

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El Congreso debatirá la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años en febrero

A través del Decreto 53/2026, el Gobierno nacional incluyó la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias. Se suma a la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto busca igualar la legislación argentina con países como Uruguay y Brasil.

El calendario legislativo de febrero sumó un tema de alto impacto social. El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias, habilitando al Congreso para discutir la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años y el oficialismo pretende llevar a los 13 años.

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, coloca al nuevo Régimen Penal Juvenil como el quinto eje de una agenda que ya incluía temas cruciales para San Juan, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

¿Cómo será la hoja de ruta en el Congreso?

A pesar de la urgencia que el Gobierno le imprime al tema, fuentes oficiales confirmaron que habrá un orden de prioridades para no entorpecer los acuerdos políticos:

  1. Primero, lo urgente: El tratamiento comenzará con la Reforma Laboral en el Senado y el acuerdo Mercosur-UE en Diputados.
  2. Segundo paso: Una vez que esos proyectos avancen, se habilitará el debate de la Ley Penal Juvenil, que ingresaría inicialmente por la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación argentina quedó desactualizada respecto a la región. Mencionan los casos de Brasil y Uruguay, donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente. El proyecto se basaría en un dictamen de comisión del año pasado, pero con ajustes para buscar el consenso de otros bloques que tienen propuestas similares.

Con esta incorporación, el periodo que va del 2 al 27 de febrero será determinante. El interés es doble, por un lado, el impacto de la seguridad y el régimen penal; y por otro, la expectativa por la Ley de Glaciares, que podría definir el futuro de grandes inversiones mineras en Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia “más moderno y justo”, mientras la oposición ya prepara sus argumentos para un debate que promete ser uno de los más intensos del año.

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Reforma Laboral: Bullrich negocia cambios con los gobernadores para destrabar los votos en el Senado

La titular del bloque oficialista evalúa modificar puntos clave del proyecto ante el reclamo de las provincias por la caída de la coparticipación. En la misma mesa, los mandatarios de provincias mineras como San Juan presionan por cambios en la Ley de Glaciares para ampliar las zonas de explotación.

El tablero político nacional se mueve intensamente de cara a las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich lidera las conversaciones para reformar el proyecto de ley laboral original, buscando un equilibrio que permita obtener la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El principal escollo hoy es el impacto fiscal. Los gobernadores advirtieron que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, contemplada en la reforma, afectaría directamente las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable. La propuesta de los mandatarios es que la reducción sea escalonada, permitiendo que el repunte del consumo compense gradualmente la caída de ingresos.

El factor minero: Glaciares en la negociación

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca asegurar los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras han puesto sobre la mesa una condición estratégica: la modificación de la Ley de Glaciares.

Este pedido, central para el desarrollo de proyectos en San Juan, busca redefinir la normativa actual para permitir explotaciones en zonas periglaciares, lo que desbloquearía inversiones millonarias que hoy están frenadas por la interpretación ambiental de la ley vigente.

La estrategia de Bullrich de “ceder para avanzar” no cuenta con el apoyo total del equipo económico. Mientras ella, Santilli y Martín Menem están dispuestos a retocar el proyecto para asegurar los votos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, insisten en mantener los plazos originales de reducción impositiva.

“Hay gobernadores que están 100% a favor y otros que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para sus provincias”, resumen desde la Casa Rosada sobre la complejidad de unificar el reclamo.

Esta semana será clave para definir si se reabren las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para un nuevo dictamen o si los cambios se introducen directamente en el recinto durante el tratamiento en febrero.

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Milei reestructura la SIDE: busca centralizar la inteligencia y eliminar “funciones políticas”

A través de un fuerte comunicado, la Casa Rosada justificó los cambios como una “reforma de segunda generación”. Mientras el Ejecutivo defiende el achicamiento de estructuras, la oposición denuncia la creación de una “policía secreta” y presiona en el Congreso para controlar el DNU.

REDACCIÓN JÁCHAL MAGAZINE – El sistema de inteligencia argentino atraviesa una transformación radical. Tras la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, el Gobierno nacional detalló las nuevas funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), argumentando que el objetivo es terminar con décadas de “opacidad y uso político”.

Los ejes de la reforma

Según el comunicado oficial, la reforma busca adecuar el sistema a las “amenazas del siglo XXI” mediante varios puntos clave:

  • Foco en Contrainteligencia: La Agencia de Seguridad Nacional se limitará exclusivamente a proteger al Estado de espionaje o injerencia externa.
  • Recorte de funciones: La SIDE dejará de ocuparse de la seguridad interna (que queda bajo el Ministerio de Seguridad) y de la infraestructura crítica (que pasa a Innovación, Ciencia y Tecnología).
  • Eficiencia militar: Se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con el Estado Mayor Conjunto.
  • Carácter encubierto: Todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter reservado para reducir el “riesgo estratégico”.

La medida no tardó en despertar fuertes críticas en el arco opositor. Sectores del kirchnerismo y bloques aliados como Encuentro Federal y la Coalición Cívica advirtieron que el DNU otorga facultades excesivas y reduce el control parlamentario.

Referentes de la oposición, como Leopoldo Moreau y Agustín Rossi, denunciaron que la reforma podría dar lugar a una “fuerza parapolicial” al permitir detenciones en flagrancia y el uso de personal militar para tareas de inteligencia civil.

Ante este escenario, se ha iniciado una fuerte presión sobre Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para conformar de manera urgente las comisiones bicamerales:

  1. De Trámite Legislativo: Para validar o rechazar el DNU.
  2. De Inteligencia: Para ejercer el control sobre las actividades de los espías.

Plazos legales

El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. Una vez allí, la comisión tiene otros 10 días para dictaminar. Si no hay acuerdo en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratar el DNU en el recinto, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sostener la reforma de la nueva SIDE.

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