Tras una extensa sesión, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al primer paquete minero impulsado por el Gobierno provincial, compuesto por cuatro proyectos que buscan ordenar, reactivar y regular la actividad minera. Estas iniciativas abarcan desde un Fondo de Compensación Ambiental hasta la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge.

El primer proyecto crea el Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta financiera destinada a responder de manera inmediata ante daños ambientales de incidencia colectiva, emergencias o zonas degradadas. Este fondo se financiará con multas, tributos ambientales y otras fuentes específicas, lo que permitirá contar con recursos de uso directo para situaciones críticas.

Los fondos podrán utilizarse para restaurar o mitigar daños en áreas afectadas cuando los responsables no estén identificados o sean insolventes, para compensar zonas impactadas por actividades industriales y para ejecutar obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.

El segundo proyecto adecúa el esquema provincial a la Ley Nacional 24.196, estableciendo cómo se calcularán y controlarán las regalías generadas por la actividad minera. El texto determina que las regalías se calculen mediante una alícuota del 3% sobre el valor “boca mina”, conforme la normativa nacional vigente.

En cuanto al destino de los fondos, el 88% irá a Rentas Generales de los cuales el 15% deberá asignarse al nuevo Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, mientras que el 12% se distribuirá entre los municipios donde se realice la extracción, siempre que estén adheridos a la ley.

Malargüe Distrito Minero Occidental II: 27 proyectos con estudios ambientales aprobados

El tercer proyecto incorpora el Distrito Minero Occidental II de Malargüe, una zona delimitada que integra 27 iniciativas de exploración surgidas de audiencias públicas y evaluaciones técnicas de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales.

Cada Declaración de Impacto Ambiental incluye planes de manejo específicos para zonas de altura, así como un esquema de seguimiento ambiental permanente.

Entre los proyectos incluidos se encuentran Cuprum, El Destino, Mercedes (en sus distintas áreas), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia, Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma, Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul, entre otros.

El cuarto y más debatido expediente fue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, que obtuvo media sanción tras haber sido rechazado en 2011.
En esta oportunidad, el bloque del PJ votó en contra, pero el oficialismo logró los votos necesarios con el apoyo de aliados legislativos.

El proyecto San Jorge busca extraer cobre mediante flotación en un yacimiento ubicado en Estancia El Yalguaraz, Uspallata, con una inversión estimada de 560 millones de dólares.
Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron la falta de consenso y el nivel de rigurosidad aplicado al control ambiental, señalando que el Gobierno no abrió instancias de diálogo previas.

El presidente Javier Milei visitó este miércoles la sede de Corporación América, donde destacó el resultado electoral del 26 de octubre y llamó al empresariado a involucrarse de manera directa en la nueva etapa de su gobierno. “Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, anticipó frente a un auditorio colmado de ejecutivos.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y bajo la mirada del titular del holding, Eduardo Eurnekian, el mandatario aseguró que el Gobierno es hoy “incontestable” y que obtuvo un “mandato del pueblo para profundizar la dirección del cambio” tras los comicios legislativos. El Presidente planteó la llegada de una fase más acelerada y profunda del programa económico.

Durante su discurso, Milei sostuvo que el país atraviesa un momento único. “Ningún argentino experimentó algo similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, no solo en lo económico, sino también en lo político”, expresó. Reivindicó el ordenamiento fiscal alcanzado y aseguró que la actual gestión posee el triple de poder legislativo que al inicio, lo que —según señaló— permitirá “sanar 100 años de errores económicos”.

En esa línea, adelantó que la segunda etapa de gobierno incluirá la presentación de reformas laboral, tributaria y modificaciones al Código Penal, además del tratamiento del Presupuesto 2026. “Hoy tenemos un pueblo comprometido en arreglar los desastres que 100 años de populismo generaron en nuestro país”, afirmó.

El Presidente reclamó especialmente la “participación activa” del empresariado, al que definió como un actor determinante para consolidar el crecimiento. “No hay nada mejor para un trabajador que un empresario, y viceversa”, dijo. Y agregó que espacios como el organizado por Corporación América resultan “cruciales para la Argentina del mañana”.

Milei también defendió la política fiscal y monetaria de carácter “contractivo” aplicada en la previa de las elecciones, calificándola como un caso inédito a nivel global. “Por primera vez, el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina”, sostuvo, remarcando que los votantes rechazaron “el soborno de la política” de políticas expansivas antes de los comicios.

El mandatario apuntó contra lo que denominó “ideas antigrowth” que, según él, frenaron al país durante décadas. “La política se revolvía sobre un chamanismo económico cuya propuesta era emitir dinero y frenar la inflación con la danza de la lluvia”, ironizó. También criticó a dirigentes que celebraban el default soberano y sostenían la idea de vivir del endeudamiento eterno. “Eso es lo que nosotros llamamos riesgo kuka”, lanzó.

Milei aseguró que Argentina ingresó en un “círculo virtuoso” donde la estabilidad económica se complementa con la batalla cultural, fortaleciendo la idea de cambio. “En octubre cruzamos el rubicón de este proceso y ya no hay vuelta atrás”, sentenció, afirmando que la mejora será progresiva, aunque no inmediata. “Los argentinos de bien van a estar cada día un poco mejor”, prometió.

De cara al futuro inmediato, el Presidente adelantó que el Ejecutivo concentrará esfuerzos en lograr la aprobación de las reformas de segunda generación en el Congreso. Y, dirigiéndose a los empresarios, lanzó un mensaje directo: “Nada de esto sucederá por arte de magia. Requiere inversión local y extranjera. Hoy existen los incentivos correctos para ello”.

La visita del Presidente se da también en un contexto en el que Corporación América continúa posicionándose como un actor relevante dentro del mapa económico nacional. Milei ya había recorrido el nuevo edificio del holding a fines de agosto, durante la inauguración realizada en Vicente López, en medio del escándalo que atravesaba la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Tras tres meses de trabajo, la Comisión Investigadora $Libra de la Cámara de Diputados presentó este martes su informe final, un documento de más de 200 páginas en el que concluye que el presidente Javier Milei habría tenido una “colaboración imprescindible” para la concreción de la maniobra que derivó en pérdidas para 114.410 billeteras virtuales.

El informe recomienda que el Congreso evalúe la posibilidad de iniciar un juicio político para determinar si existió “mal desempeño” por parte del Presidente, aunque los propios legisladores admiten que la nueva composición del Parlamento hace muy difícil que el planteo avance.

La comisión cuestionó además la falta de cooperación tanto del Poder Ejecutivo como de la Justicia para avanzar en la investigación, denunciando ausencias reiteradas de funcionarios clave y la falta de cumplimiento de citaciones formales.

Un informe cargado de cuestionamientos

El documento señala que Milei publicó en su cuenta oficial de X un número de contrato del token $Libra que no era de acceso público, algo que según los legisladores refuerza la hipótesis de un vínculo previo con los creadores de la criptomoneda.

Uno de los miembros de la comisión, Oscar Agost Carreño, sostuvo que “$Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa”, mientras que la legisladora Julia Strada afirmó que “sin el tuit del Presidente, no había estafa”. En la misma línea, Juan Marino advirtió que “se hizo uso y abuso de la investidura presidencial por parte del mandatario”.

La postura del oficialismo fue completamente opuesta. El diputado libertario Nicolás Mayoraz calificó la investigación como “un circo montado” y criticó a la oposición por “animosidad manifiesta” desde el inicio de las sesiones.

Falta de colaboración y posibles denuncias

La comisión advirtió una falta total de cooperación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para garantizar la presencia de testigos citados. Por ese motivo, adelantaron que denunciarán por mal desempeño al juez Marcelo Martínez de Giorgi ante el Consejo de la Magistratura, y al fiscal Eduardo Taiano ante la Procuración General.

De igual modo, se impulsarán denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik, el jefe de la Unidad de Información Financiera Paul Starc, la responsable de la Unidad de Investigación creada para este caso Florencia Zicavo, y el presidente de la CNV Roberto Silva, todos ellos ausentes cuando fueron convocados.

Los principales puntos del informe

El documento final expone una serie de conclusiones que, según la comisión, sustentan la responsabilidad política del Presidente:

• No fue un hecho aislado: en diciembre de 2024 se registró una maniobra similar con la criptomoneda vinculada a KIP Protocol, también promocionada por Milei.
• Existieron vínculos económicos directos entre los principales desarrolladores del token, con movimientos de fondos coincidentes a los investigados: u$s 300.000 previo a KIP y u$s 250.000 previo a $Libra.
• El tuit oficial del Presidente fue determinante para el volumen de compras que registró la criptomoneda.
• No hay explicación oficial sobre cómo obtuvo Milei el número de contrato del token.
• 16 reuniones con los involucrados, pero solo cuatro registradas formalmente.
• Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados por la Secretaría General que conduce Karina Milei, quien según el informe “facilitó el acceso y las instalaciones oficiales”.
• Falta de transparencia en la auto-investigación del Ejecutivo, con secretismo en OA y UIF.
• Posible violación de la Ley de Ética Pública, al promover un negocio privado desde la investidura presidencial.
• Ausencia de cooperación institucional por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Un cierre con tensión política

Pese a la gravedad de las conclusiones, los legisladores admiten que la recomendación de juicio político difícilmente prospere con la nueva configuración política del Congreso, aunque aclaran que “las conclusiones no pueden depender de especulaciones partidarias”.

Con la presentación del informe, la comisión considera finalizada su tarea y deja ahora en manos del Congreso, el Poder Judicial y los organismos de control la responsabilidad de avanzar o no en un capítulo político y jurídico que promete tener impacto nacional.